Así no garantizan un confinamiento real, pero prohíben las protestas
Con más de un millón de contagios desde marzo y más de 35.000 fallecid@s, según cifras del gobierno (58.389, del 13 de marzo al 25 de octubre según el Momo) , el Estado Español está inmerso en la segunda ola de la Covid-19, en la que el riesgo de contagio no deja de crecer.
Después de 8 meses, casi con certeza, volvemos a la casilla de salida, con un nuevo Estado de Alarma (¡hasta el 9 de mayo!), restricción de la movilidad (como el toque de queda nocturno o los confinamientos perimetrales) y un más que probable nuevo confinamiento domiciliario. Todas ellas, medidas desesperadas que ni acabarán con el virus ni solucionarán los problemas derivados de esta crisis.
Nos acercamos de nuevo al colapso de la Sanidad Pública. En algunas CC. AA el número de camas de UCI ocupadas por pacientes Covid-19 se acerca peligrosamente al 50% . Continúan los contagios masivos en las residencias, el personal sanitario sigue siendo escaso y a l@s trabajador@s contagiad@s no se les sustituye. La situación educativa es caótica, con 10.000 grupos confinados desde el inicio de curso y sin personal ni recursos. Los transportes públicos están masificados y la desesperación, el desánimo y la confusión se han instalado entre la población.
Las medidas adoptadas, incluidas las que han generado diferencias y crisis políticas, como las habidas entre el gobierno central del PSOE-UP y el gobierno del PP en Madrid, giran en torno a los confinamientos, su perímetro y duración, pero no hay «guerra» en torno a un verdadero plan de choque de medidas sanitarias y sociales que garanticen un verdadero confinamiento sin que el pueblo pase hambre.
El signo de las medidas del Gobierno de coalición y los gobiernos autonómicos es el mismo que el de la primera ola: salvar a las grandes empresas y multinacionales y dejar a jóvenes, trabajador@s y pequeños propietari@s hundirse en la miseria, sin recursos ni garantías, sin proteger su salud ni la de sus familias. Si en marzo el Gobierno decretó un confinamiento tardío y un desconfinamiento prematuro para salvar al sector del turismo y a los grandes hosteleros, hoy decretan medidas de restricción para intentar salvar la campaña de Navidad en diciembre.
Mientras se declaran los confinamientos hay huelgas de médic@s, de enfermer@s, protestas en los Centros de Salud porque no llegan ni los refuerzos sanitarios, ni las condiciones dignas de trabajo. Pero ante la incompetencia de los distintos gobiernos, el foco mediático está puesto en la responsabilidad individual y en la criminalización de los y las jóvenes, como si ell@s fueran l@s culpables de esta segunda ola. Mientras tanto, los dirigentes políticos no tienen obligación alguna de dar ejemplo. Así sucede que mientras a la población se nos prohíbe juntarnos ocho en una casa, diputad@s y ministr@s se juntan por decenas en la fiesta de Pedro J. Ramírez (El Español). Ya está bien de descargar la responsabilidad de frenar la segunda ola en la población y de no hacer nada para enfrentar la pandemia.
Si pretenden imponer planes de confinamiento para combatir de verdad la pandemia, en una población que ya sufrió 3 meses de confinamiento, que lleva casi ocho meses de órdenes y contraordenes mareantes y que está cargando una descomunal crisis sanitaria y económica sobre sus espaldas, esos planes están obligados a ir acompañados de un plan de emergencia social y sanitaria que nos permita afrontar esta segunda ola combatiendo la pandemia sin tener que optar entre morirse de hambre o resignarse a convivir con el Covid-19.
Para ello, es imprescindible reforzar la Sanidad y la Atención Primaria revirtiendo todos los recortes, poniendo más personal sanitario, dignificando sus condiciones de trabajo y poniendo todos los recursos sanitarios al servicio de esta batalla contra la pandemia, incautando sin indemnizaciones el negocio privado de la salud.
Garantizar que nadie se vea obligado a ir a trabajar contagiad@ y hasta ocultar el dato para no arriesgarse a ser despedid@, exige prohibir los despidos y que todo despido que se produzca durante la crisis de la Covid-19 sea considerado nulo.
Declarar el confinamiento mientras a l@s trabajador@s se l@s hace ir a trabajar hacinados en el Metro o los autobuses es negar el confinamiento mismo y el mejor signo del carácter pro patronal de todos los gobiernos. Más que prohibir la movilidad, es necesario garantizar una movilidad segura, reforzar la red de transporte público (Bus, Metro y Cercanías) y reducir el aforo en los mismos, descongestionando así la circulación en las grandes ciudades.
No hay confinamiento si a l@s trabajador@s que trabajan en la economía sumergida no se les garantiza un subsidio indefinido mientras dura esta situación. No hay confinamiento si se siguen desahuciando a las familias en situación de precariedad en lugar de suspender de forma inmediata los desahucios.
No hay cómo justificar socialmente que en las grandes empresas se apliquen ERTEs donde el trabajador@ pierde, cuando menos, el 30% de su salario además de las partes proporcionales de las pagas, el Estado se hace cargo de esos salarios que engordan la deuda pública que luego pagamos entre tod@s en formas de recortes y mientras tanto ¿los grandes empresarios y banqueros qué ponen? Que las grandes empresas paguen el 100% del salario en los ERTEs y que las ayudas del Estado vayan dedicadas a garantizar el empleo y los salarios de las empresas de menos de 6 trabajador@s.
El gobierno que alentó los ERTES para «impedir despidos» ahora tiene la obligación de prohibir los EREs que anuncian miles de despidos, empezando por los presentados en empresas multinacionales como Indra donde el Estado tiene una participación de cerca del 19%.
Debemos protegernos en el trabajo, imponiendo el teletrabajo allí donde sea posible y, en los centros de trabajo donde no se pueda, garantizar la obligatoriedad de EPI’s, el seguimiento de los contagios, así como asegurar confinamientos a tod@s l@s trabajador@s que den positivo.
Por último, debemos proteger los centros educativos. Es imprescindible revertir todos los recortes a la Educación Pública y hacer una inyección extraordinaria de fondos públicos que garantice más personal docente y profesional y más infraestructura para poder aumentar los grupos clase y disminuir las ratios hasta los niveles recomendados por el sector sanitario.
Las movilizaciones de los últimos días en varias ciudades del Estado Español como Madrid, Barcelona, Burgos, Logroño, Valencia o Málaga, denotan el hartazgo generalizado, así como el escepticismo y la desconfianza en las medidas anunciadas por los gobiernos. Mientras que en marzo se cumplieron de forma estricta los confinamientos y las fases, hoy hay signos de oposición a las medidas de un gobierno hipócrita.
La respuesta mediática es indignante, se tilda de negacionistas, extremistas o delincuentes a quienes están participando en estas protestas. Unidas Podemos señala a la extrema derecha como impulsora de estos incidentes. Como siempre algún elemento de verdad (que en algunas de esas protestas hay elementos de extrema derecha) pretende dar credibilidad social a una gran mentira: colocar el sesgo de extrema derecha a estas protestas. Quieren lavarle la cara al gobierno y justificar un Estado de Alarma que no adopta medidas sanitarias y sociales, todo lo remite a un falso confinamiento donde mientras siguen los contagios, los EREs, los despidos, los desahucios y la miseria, lo que se prohíbe y criminaliza es la protesta, las manifestaciones o se impide el derecho a la huelga como está sucediendo con el personal sanitario.
Así que Vox, que alentó la Jusapol, la formación que arrasó en las últimas elecciones sindicales en policía ¿es quién está detrás de los manifestantes que se enfrentan a los policías antidisturbios? En las manifestaciones de Vox en el barrio de Salamanca lo que había entre manifestantes y policías eran abrazos. ¿Vox es quien alienta que se rompan escaparates y se asalten tiendas, cuando una buena parte de la pequeña burguesía es su base social?
Magnifican las protestas de estos días, le dan un realce mediático, pretenden darle un «sesgo político claro» y las criminalizan porque la campaña política y mediática está pensando más en el peligro real de verdaderas explosiones sociales, como las que se dan en todo el mundo y se anticiparon en los barrios obreros de Madrid. Por eso hay que criminalizar la protesta como sea y darle un perfil que sólo está claro en sus hipócritas cabezas.
No era, como decía antaño Pablo Iglesias, que: ¿a la extrema derecha se le combate con medidas sociales? ¿Ahora se la combate, con Estado de Alarma, prohibiendo en los hechos manifestaciones y huelgas, pero las medidas sociales no se ven? Así es como se da alas a la extrema derecha.
No merece confianza un Gobierno que ha demostrado que sus políticas van dirigidas a salvar a los ricos y abandonar a l@s trabajador@s. Tampoco en las direcciones burocráticas y cómplices de CCOO y UGT quienes atomizan las luchas y frenan la movilización mientras arrecian los despidos, los EREs y la falta de verdaderas medidas de choque sanitarias y sociales.
Desde Corriente Roja seguiremos alentando las luchas de l@s trabajador@s, jóvenes y el pueblo para dar una respuesta global a la crisis sanitaria y económica que tenemos encima. Seguiremos llamando a las organizaciones obreras, juveniles y populares a oponerse a los despidos, EREs y desahucios, exigiendo al gobierno central y a los autonómicos un plan real de emergencia sanitaria y social. Para lograrlo es necesario, con todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias, salir a la calle, porque desde casa no se paran EREs, ni se abren Centros de Salud.
Esta difícil tarea exige que l@strabajador@s y jóvenes más conscientes y sus organizaciones seamos consecuentes con el compromiso de Gobierne quien gobierne los derechos se defienden, tomemos la iniciativa, apoyándonos en las luchas y los organismos populares y de clase que hoy ya existen, como las Plataformas Anti-deshaucios, los sindicatos alternativos o las organizaciones barriales que se han ido conformando en algunos lugares. En Corriente Roja trabajamos al servicio de esa tarea.