La sala 2ª del TS presidida por el Juez Marchena, sentenció al diputado de Podemos por una patada a un policía en el 2014, en el transcurso de una manifestación en Canarias; esta sentencia donde se le “inhabilitaba para el ejercicio del sufragio pasivo”, se transformó por obra y gracia de la presidenta del congreso, Meritxel Batet, en su cese como diputado.
Más allá de las discusiones jurídicas que la sentencia ha generado, puesto que la “inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo” no implica la pérdida de su condición de diputado, sino solo del ejercicio del derecho a voto y a ser elegido por el tiempo que durara la condena, lo cierto es que la decisión tiene un profundo contenido antidemocrático.
En un artículo de esta misma web se demuestra que cuando la “ley” se sitúa por encima de la “democracia”, terminan marcando las agendas políticas los órganos no electos que la ejecutan, en este caso el TS, frente a los que son resultado del voto ciudadano, en este caso el Congreso. De la misma manera que el proceso catalán hacia la independencia fue frenado bajo esta teoría reaccionaria de que la “ley” está por encima del “voto”, que terminó con la aplicación del artículo 155 y la prisión o exilio para los dirigentes políticos catalanes.
En este cuadro, la decisión compartida de Marchena con Batet es absolutamente rechazable por cualquier demócrata; ninguna institución no elegida como el TS, y menos un aparato judicial neofranquista que se harta de emitir sentencias reaccionarias y no imputar a corruptos, tiene la menor autoridad para expulsar del cargo a un diputado que estaba luchando por los derechos de la clase trabajadora.
El silencio de UP ante la agresión, las declaraciones de la ministra “estrella” de la izquierda, Yolanda Díaz, poniéndose de perfil, y diciendo “dejemos de hacer ruido” mientras expulsaban a un diputado de su organización del parlamento, retrata de manera incuestionable el grado de integración que UP tiene hoy en el régimen del 78 y todo su aparato institucional (poder judicial, monarquía, etc.).
¿A qué se refería Yolanda Díaz con el “dejemos de hacer ruido”?
En el momento en que se producía la expulsión la tensión alrededor de la derogación, o no, de la reforma laboral estaba en su momento más álgido. En ese momento otra vicepresidenta, la de economía en este caso, Nadia Calviño, la patronal y toda la derecha estaban gritando como histéricos que la reforma laboral del PP “no se toca”.
Para UP la derogación de la Reforma Laboral, o por lo menos parecer que se la toca que es lo que va a pasar, es la piedra de toque de toda su presencia en el gobierno con el PSOE. Dicho de otra manera, si antes de final de año la reforma laboral sigue en pie sin ningún cambio añadido a los que ya ha sufrido (despido en enfermedad, …), todo su paso por este gobierno se va por el desagüe y con ella su “utilidad” para representar a los de “abajo”. Sería la certificación de su fracaso.
No obstante, no era la única “casus belli” en el gobierno y con la patronal; hace unos meses el ministro Escrivá había afirmado que “habría que trabajar hasta los 75 años”, en referencia a una nueva reforma de las pensiones en el sentido de la mochila austriaca o vasca, y que los ministros de UP habían rechazado rotundamente.
Estas tres reformas, la laboral junto con su versión para la Administración Pública, la reforma del Estatuto Basico del Empleado Público, y la de las pensiones, son los puntos centrales en la negociación con la UE para recibir los 140 mil millones de euros con los que la patronal sueña para salir de la crisis. Sin reforma laboral ni de pensiones ya se pueden ir olvidando de ese dinero, que adornan tras el pomposo nombre de “next generation”, y con el loable objetivo de luchar contra el cambio climático.
La expulsión del diputado de UP se produce, justo, cuando más aguda está la lucha entre los dos bandos, los que buscan edulcorar las reformas que impone la Unión Europea, UP y las cúpulas sindicales de CCOO y UGT, para poder vender a los trabajadores y trabajadoras que “sirven para algo”, y los que no les importa lo más mínimo eso, y apuestan por profundizar en las políticas de los gobiernos de ZP y Rajoy (no olvidemos que ambos aprobaron reformas laborales y de las pensiones).
Con esa expulsión el PSOE, el PP a través de su juez “estrella” Marchena y la patronal, es decir, el regimen del 78, daban un golpe en la mesa: ¡la reforma laboral no se toca!
“La política es economía concentrada”
Esta afirmación no es mía, es de Lenin y puede parecer algo abstracta; pero cuando se sufren las consecuencias de las decisiones políticas y judiciales en forma de despidos, rebaja de las pensiones, privatizaciones, se comprueba como la relación es más que evidente y que las luchas de los trabajadores y trabajadoras se sustancian en el terreno de la politica, del poder y de la lucha contra el poder.
La crisis abierta por la expulsión de Alberto Rodríguez, más allá de un despropósito antidemocrático en medio de una batalla por quién encabeza la política económica pos pandemia, crea un precedente muy peligroso, el poder judicial con sus sentencias e «indicaciones» puede modificar los resultados electorales que nunca van a perjudicar a los representantes del capital, por muy corruptos que sean.
Ya lo hicieron con la sentencia del «proceso» catalán, lo volvieron a hacer cuando impidieron candidaturas europeas de políticos catalanes y ahora lo hacen con un diputado de uno de los partidos del gobierno. Y todos aplaudiendo que Batet siguiera las indicaciones del juez Marchena.
Dijo un filósofo griego, «la política es la guerra con palabras». Bien, y cuáles son las «armas» de esa guerra; pues está en la máxima; «las palabras«.
Esto puede sonar a que «solo son palabras», y no hacen daño. Orwell ya teorizó con el papel de la «neolengua» como herramienta para modificar la realidad, que todas las mentiras que se esparcen desde los grupos de whatsapp la extrema derecha solo vienen a confirmar (desde Trump hasta Vox). Estas «palabras» modifican la realidad, pero no agreden a nadie físicamente. ¿Cómo y cuándo se convierten las palabras en armas de esta guerra?
Primero, cuando se convierten en leyes; cuando los gobiernos y parlamentos de turno las aprueban y son decretos, leyes orgánicas, etc., es decir, normas de obligado cumplimiento por la sociedad.
Segundo, cuando los jueces las aplican a través de sentencias, autos, y demás… O sea, cuando la sociedad se ve obligada a cumplirlas.
Tercero, cuando estas sentencias, autos, decretos y demás, dejan de ser «palabras» para convertirse en prisiones, en despidos o en expulsiones del parlamento.
Parafraseando al filósofo griego, «La política es, inicialmente, la guerra con palabras», porque hay instituciones, gobiernos, parlamentos, judicaturas, … que las convierten en hechos. Que los medios presenten estos conflictos como “cosas de los políticos” intenta ocultar a los trabajadores y trabajadoras de que es en la lucha politica donde se resuelven sus problemas laborales y sociales, bajo el lema “todos son iguales”.
La expulsión de Rodriguez fue una demostración de fuerza del régimen a través de dos instituciones claves, el TS y la presidencia del Congreso, para imponer una política concreta que va a tener consecuencias en la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras, y frente al cual no se puede tener una actitud de “no fumo”.
Los regímenes y los gobiernos, en tiempos de crisis como los actuales, tienden a restringir las libertades para poder imponer impunemente las politicas del capital, se hace necesario aprender a estudiar estas contradicciones y a pronunciarse en defensa de los derechos democráticos como una de las principales herramientas de nuestra lucha por la transformación socialista de la sociedad.