Desde que se “declaró” la crisis económica, los/as trabajadores/as de todas las administraciones del Estado español estamos sufriendo grandes recortes en derechos laborales; pérdida de poder adquisitivo y destrucción de más de 135 mil puestos de trabajo con nefastas consecuencias en sanidad, educación y servicios sociales, mermando la calidad de los servicios y avanzando en su privatización.

El caso gallego: Feijóo un alumno aventajado

El gobierno de la Xunta, como lo viene demostrando desde hace 8 años, es un alumno aventajado que cumple a pies juntillas la política dictada por el gobierno central y la UE, de reducción del déficit y de entrega a las empresas privadas de los servicios públicos. Para seguir en esta línea tiene que soltar más “lastre”. Así, con los presupuestos del 2017 tiene previsto, a través de la Ley de Acompañamiento, tomar medidas que supondrán el despido de miles de trabajadores/as; vamos a un ERE encubierto.

En la Xunta, como en todas las Administraciones, son normales la concatenación irregular de contratos, la temporalidad sin causa, cesiones ilegales de mano de obra o interinidades con duración superior a los tres años. La funcionarización de todos estos trabajadores y trabajadoras como avance sería creíble si el PP y Feijóo no tuvieran la política de recortes y privatización. En sus manos, la funcionarización se convierte en una herramienta para destruir puestos de trabajo, ahorrarse miles de euros y mantener en la eventualidad a miles de empleados públicos.

Con esta ley de “funcionarizar” al personal laboral, la Xunta no ofrece estabilidad en un sector donde la eventualidad en algunos casos llega hasta el 90% de las plantillas y niega la posibilidad de indemnización a los miles de contratos en fraude de ley, según las recientes sentencias de Estrasburgo y Vigo. La medida supone la pérdida significativa de derechos y condiciones salariales.

¿Qué nos ofrece Feijóo?

La falta de convocatorias de concurso-oposición durante años, o convocadas con plazas insuficientes, hace que a día de hoy haya personal que lleve trabajando hasta 20 años sin posibilidades de consolidación de la plaza, incumpliendo el V Convenio de Laborales de la Xunta. La responsabilidad de esta situación es de todas las administraciones, que han ido liquidando los puestos de trabajo (más de 10 mil en toda Galiza).

En un paso más en este desmantelamiento de lo publico, Feijóo “ofrece” una funcionarización interina, sin previa consolidación de todos los puestos de trabajo, ni el 100% de reposición de las jubilaciones al nivel previo a la crisis. Ofrece la renovación de la relación laboral, sin solución de continuidad; es decir, contratar a los que llevan años trabajando partiendo de cero en su relación laboral. Por eso no debemos aceptar de manera “voluntaria” la nueva relación, que no es fija, sino interina, y renuncia a la indemnización por un posible despido, porque ese puesto puede darse a otra persona por concurso de traslados.

También podemos perder el puesto de trabajo si la administración convoca un proceso selectivo o si en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) califican el puesto como “no necesario”. Es más, la “voluntariedad” del proceso es una falacia, puesto que si el personal nos negamos a aceptar el cambio en la relación juridico-laboral, se cubrirán las plazas y por tanto se aplicará el cese del trabajador/a temporal. Es un chantaje al personal más vulnerable, los/las eventuales, obligándolos/as a aceptar la funcionarización.

Por eso decimos que “los recortes, matan”,… porque el gobierno y la UE establecen los planes de recortes de empleo público, de pensiones, de sanidad o de la educación en base a las necesidades de las empresas privadas, impulsoras y beneficiarias de estos recortes, sin tener en cuenta cubrir las necesidades sociales.

Todas las administraciones en el mismo camino

Esta medida de Feijóo no es una política aislada, hace unos días la Junta de Andalucía hizo público que quiere funcionarizar a más de 15 mil trabajadores/as, y seguro que no son los únicos que están preparando medidas similares, como se acordó en enero, entre todos los presidentes de Comunidades con gobiernos de todos los colores, salvo Catalunya y Euzkadi.

La reducción del déficit es la norma que rige a todas ellas, que supondrá la reducción de las plantillas, bajo el eufemismo de “reducción de costes”, el aumento de la productividad, … y seguir privatizando todo lo privatizable. En estos momentos, todas las Administraciones Públicas del Estado están de acuerdo en seguir adelgazando sus plantillas, para cumplir a rajatabla con el pago de la deuda y el “famoso” articulo 135.

¿Cómo enfrentar este ataque? (Recuadro)

El pasado mes de diciembre ante la aparición de semejante ley de Feijóo y el silencio cómplice de las direcciones sindicales mayoritarias, las trabajadoras de Política Social comenzaron a movilizarse, en primer lugar exigiendo a sus Comités que les explicaran qué supondrá esta ley para sus puestos de trabajo. Ante el silencio de los Comités, las trabajadoras no han dejado de luchar y organizarse convocando concentraciones ante el Parlamento de Galicia en varias ocasiones. Ellas saben perfectamente lo que supone ese caramelo envenenado que trae la ley de presupuestos de la Xunta.

Debido a las presiones de las trabajadoras, las direcciones de CCOO, UGT, CIG y CSIF han tenido que convocar dos movilizaciones, para salvar. Pero en verdad es la autoorganización de las bases en asambleas y movilizaciones y con el apoyo de algunos sindicatos combativos, la que está llevando la voz cantante en la lucha contra el ERE encubierto de la Xunta.

Este ha de ser el camino en todo el estado, la unidad en la lucha contra el recorte de plantillas que se nos viene sin que las direcciones sindicales muevan un dedo para impedirlo, que admiten el control del déficit dictado por la UE y los gobiernos. Las direcciones sindicales se convierten de esta manera en parte del problema, que sólo superaremos construyendo un sindicalismo de clase, asambleario e independiente del estado y de la patronal.

¡Usuarios/as y trabajadores/as, defendamos los servicios públicos!

La falta de personal afecta a la calidad de los servicios prestados y por ende a todos los usuarios. Esto viene siendo denunciado desde las Mareas en todo el Estado, como Vigo contra la privatización, las Mareas Blancas de Madrid, de Andalucía, etc,.

La defensa de los puestos de trabajo y recuperar los que se han perdido son inseparables del rechazo al repago y a la concertada y por unos servicios 100% públicos. Son las necesidades sociales y los puestos de trabajo las que deben determinar los planes y no las empresas privadas, y las políticas de la UE y los gobiernos. Lo que ha conseguido que se paralicen en parte estas políticas, donde gobiernan el PP y el PSOE, ha sido la lucha. Por eso, los/as usuarios/as junto a los trabajadores/as del sector debemos unirnos y participar de estas movilizaciones y esta lucha.