Durante muchos años se hicieron muchas bromas sobre el papel de los senadores; no se sabía muy bien que hacían, que papel cumplían. Se le consideraba, como mucho, un cementerio de elefantes o una sala de jarrones chinos, de políticos en retirada.
Pero llegó Catalunya y descubrimos para qué servía una cámara, las más antidemocrática, donde el 30% de los votos da la mayoría absoluta. Lo ocultaron tras la imagen de «cámara de representación territorial», donde los votos de las provincias más de derechas tienen el mismo peso que las progresistas.
En octubre del año pasado quedó claro, y los catalanes y catalanas lo sufrieron en sus carnes: el senado es el que decide el estado de excepción que supone el articulo 155. No es el Congreso el que decide, sino ese reducto de la reacción que «los padres de la Constitución» diseñaron como salvaguarda de la «unidad de la patria». Ellos bien sabían que los salarios de los senadores / as era una inversión en estabilidad.
No solo eso; el senado tiene capacidad de veto sobre leyes, como la ley de estabilidad presupuestaria que ahora está en discusión. No sabíamos para que servía, ahora si lo sabemos; es el reducto desde donde se controla la actividad del Congreso.
El Estado Español es tan débil, tiene una legitimidad social tan endeble que precisa de un verdadero enjambre de instituciones políticas y jurídicas para protegerse. Veamos: un Tribunal Constitucional, en paralelo al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional, y tras ellos el Consejo del Poder Judicial, un Consejo de Estado lleno de «jarrones chinos de la política», que nadie vota, al lado de un Senado, también lleno de «jarrones chinos», elegidos de la manera más antidemocrática del mundo.
Son seis, si, seis instituciones para proteger al estado de su falta de legitimidad democrática.
En la Transición, una de las explicaciones que llevó a los trotskistas a llamar al voto NO a la Constitución, frente a todas las demás fuerzas estatales que o bien votaron si, o se abstuvieron, fue la existencia de un sistema bicameral, … y que concretaban en la exigencia de disolución del Senado.
Tras el descubrimiento por parte de la sociedad de su utilidad en la estabilidad del régimen, su disolución comienza a ser una necesidad imperiosa si queremos avanzar en la ruptura con el régimen del 78.