Los gobiernos de ERC y PSOE-UP continuarán con su línea habitual para solucionar esta crisis: hacer que la administración pague a los propietarios privados de inmuebles.

Una clase trabajadora que sostiene los ingresos del Estado sea directamente (vía IRPF) o indirectamente (IVA) debería estar perpleja de cómo los gobiernos de turno destinan estos recursos a los responsables (bancos, fondos de inversión, inmobiliarias) que hacen del acceso a la vivienda uno de los mayores problemas para ella.

En anteriores artículos ya se ha comentado las consecuencias de que no se aplique una solución de fondo y estructural a la escasez de vivienda pública. Ahora toca analizar por qué las soluciones que nos proponen estos gobiernos, insertadas en los límites estrechos de las políticas de vivienda, no son más que pan (o “migajas”) para hoy y hambre para mañana.

El programa Reallotgem y las moratorias “antidesahucios”

El pasado 27 de julio, la Generalitat hizo pública la ampliación del programa Reallotgem.cat, que significará que la Generalitat completará el pago del alquiler de familias vulnerables que no pueden hacer frente al pago de un alquiler, haciéndose cargo de casi todo el alquiler de estas familias o prácticamente su totalidad (familias vulnerables que hayan obtenido el visto bueno de las Mesas de Emergencia pagarán como máximo el 18% de sus ingresos en concepto de alquiler). La Generalitat, convertida así como arrendataria de forma oficial, beneficiará a propietarios privados (inmobiliarias, etc.) que no han podido encontrar inquilino para su vivienda.

Este arrendamiento no pone más condición para los titulares de la propiedad de los pisos, viviendas o apartamentos que el hecho que no estén obligados a realizar el ofrecimiento de un alquiler social obligatorio. De esta forma, en casos de ocupación la Generalitat está pagando a bancos y fondos de inversión, los responsables de la crisis. Si bien es cierto que, en el caso de arrendatarios (inquilinos) que se enfrentan a un desahucio o lanzamiento por no poder pagar su alquiler a propietarios llamados grandes tenedores, este efecto no se producirá, pues estos inquilinos quedarán protegidos por la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos, decretada por el gobierno español en el Decreto Ley 11/2020 cuyos efectos se prorrogarán hasta el 31 de octubre.

Pero también en esta suspensión se prevén compensaciones a estos propietarios que tengan estos inquilinos (disposición adicional segunda del Real decreto ley 37/2020, de 22 de diciembre), por lo que estos arrendadores tendrán hasta el 30 de noviembre para solicitar que se les remunere por esta suspensión si cumplen con los requisitos de esta disposición.

Esta práctica, pagar con fondos públicos a propietarios privados (ya sean o no grandes tenedores) para solucionar el problema del acceso o permanencia en la vivienda, no es nueva, viene practicándose desde un tiempo significativo atrás ante la falta de un parque de vivienda pública. Se impone como medida «realista» para satisfacer la urgencia de numerosas familias que serán desahuciadas y no causen ruido ante los medios de comunicación.

¿Puede esta práctica solucionar el problema de la vivienda? ¿O, por el contrario, empeora esta problemática y la situará a una escala mayor al cabo de unos años?

El dinero que se deja de invertir en vivienda pública y que se desvía para pagar a propietarios privados

La partida con la que la Generalitat prevé pagar a los propietarios, agentes inmobiliarios colaboradores, etc. con el programa Reallotgem, supone un gasto de al menos 21 millones de euros. Para tener una idea del desembolso total de la administración hacia la propiedad privada, sólo en esta práctica, habría que añadir al menos la cantidad de dinero que la administración catalana ha desembolsado ya al completar los alquileres sociales de propietarios privados (bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, etc.) a lo largo de todos los años que ya han pasado, más todo el dinero público que habrá costado las compensaciones a los propietarios privados en las llamadas “moratorias antidesahucios”.

Hay que tener en cuenta que, con ese dinero -que ha pasado y que pasará de manos públicas a manos privadas- no sólo se hubiera podido crear un parque público de vivienda, aunque fuera a costa de comprar por el “tanteo y retracto” la vivienda a estos propietarios, sino que además, a estos propietarios se les deja indemnes, porque no pierden la propiedad de sus viviendas.

¿Cómo se justifica, pues, esta práctica?

La excusa perfecta (una causa sobrevenida)

El gobierno español y el catalán se escudan en que es una medida de urgencia. Unos lo atribuyen a la pandemia, otros al final del “escudo social” y todos utilizan la escasez de vivienda pública como justificación de telón de fondo, haciendo de la necesidad una virtud, cuando estamos hablando de la misma ERC que gobernaba junto a los herederos de CiU o el propio PSOE de las SOCIMI del gobierno Zapatero.

Aunque haya quien pueda compartir esta práctica como resultado de una situación inesperada y ante la acuciante necesidad que viven las familias afectadas, ¿qué se ha hecho desde las autoridades gubernamentales en todo este tiempo para crear un parque público de vivienda? Y lo que es igual de dramático: ¿por qué se plantea sólo esa solución de satisfacer con el dinero de toda la clase trabajadora a unos propietarios privados?

Incluso si el problema era la falta de dinero para incrementar de forma drástica y rápida el parque público de vivienda y dar satisfacción urgente a las familias vulnerables, se hubiera podido recurrir a los “Fondos europeos” para comprar a través de medidas un nutrido parque público de vivienda, mediante el tanteo y retracto que prevé la legislación catalana. No nos parecería una medida que recogeríamos con gusto, puesto que estos fondos los harán devolver con recortes y reformas contra la clase trabajadora y se hubiera pagado también, con la compra a propietarios privados, pero al menos el Estado dispondría de la propiedad de todas estas viviendas que pasarían a ser públicas.

Tanto aquí en Cataluña como en el resto del Estado español se ha preferido continuar con el modelo de propiedad privada de la vivienda que tanto favorece a la acaudalada clase rentista de nuestro país y que mantiene cautivo el voto para partidos que no se atrevan a cuestionar su status quo o hacen todo lo que pueden para preservarlo.

Para más inri, las medidas a las que hemos aludido (programa Reallotgem, moratorias compensando en su misma aplicación a los propietarios privados) se han presentado con la propaganda de hacer creer a la población que el gobierno español y catalán son sensibles a la problemática que se avecina con el fin del “escudo social”, cuando no se han acompañado de un marco legal que aumente la presión fiscal a los grandes propietarios y que haga recaer el coste de estas medidas a estos propietarios. Por el contrario, el coste de estas medidas les beneficiará: Si tanta sensibilidad se demuestra con los vulnerables, ¿por qué se hace pagar la crisis al pueblo? ¿Por qué se lucra a los responsables de esta crisis?

Denuncia pública y exigencias…

Las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda no pueden mirar hacia otro lado, aunque estas medidas les signifique un sosiego para sus afectad@s. Es evidente que, si se premia a propietarios privados, sean grandes o pequeños, se va en dirección opuesta a una solución de raíz. Se premia y se hace más fuerte, entre otros, a quienes han generado esta crisis y se merma al erario público para hacer frente a ella. Al mismo tiempo, se aleja de la mente a la población sobre otras medidas que hubieran servido para reparar el daño causado a la sociedad por el rescate bancario y la gestión de la vivienda por parte de los fondos buitre, como son la expropiación sin indemnización de sus viviendas, la devolución de ese rescate, o el aumento de los impuestos a todos aquellos que se están beneficiando de la especulación con las viviendas.

Animamos a las organizaciones de vivienda a que se posicionen inequívocamente frente a estas prácticas como de la que hace gala el programa Reallotgem. Desde Corriente Roja impulsaremos en todos los espacios de vivienda en los que participamos la lucha por este posicionamiento. Además, exigimos a los gobiernos un giro copernicano de 180° que acabe con esa falsa retórica del incentivo al propietario para que alquile sus viviendas a familias vulnerables. Esta solución sólo nutre a la especulación empobreciendo al Estado y agravan el problema reproduciéndolo a una escala mayor. Los juegos de artificio del gobierno español y el de la Generalitat, no van en la dirección de crear un parque público grande y en poco tiempo para rebajar los precios de alquiler:

  • ¡Vivienda pública YA!
  • ¡No más dinero público para enriquecer de manera injustificada a quienes nos han metido en esta crisis!
  • ¡Expropiación sin indemnización de las viviendas de grandes tenedores como parte de la devolución del rescate bancario y en compensación a su gestión nefasta del parque inmobiliario!
  • ¡Por la creación de un parque público y social de vivienda! ¡Que se amplíe este parque con una fiscalidad realmente progresiva y justa!
  • ¡Que esta crisis la paguen los ricos! ¡Ya basta con premiarlos (incentivarlos) como solución para salir de ella!
  • ¡Basta de chantaje derivado de la escasez de un parque público y social de vivienda!