28-S: la lucha por aborto público, libre y gratuito continúa

El 28 de Septiembre se celebra el Día mundial  por la despenalización del aborto. Una jornada de lucha  para demandar aborto legal en todo el mundo y denunciar las muertes y mutilaciones que sufren miles de mujeres cada año en todo el mundo, tras someterse a abortos clandestinos.

Por Área de Mujer

Estado Español: Una reforma que no contenta a nadie…..

Como sabemos, el Partido Popular intentó modificar la actual ley de plazos aprobada por el gobierno socialista de Zapatero(PSOE) en el 2010, por una ley de supuestos aún más restrictiva que la de 1985. Las numerosas movilizaciones sociales en todo el Estado durante el pasado año en contra de esta reforma, obligaron finalmente al gobierno a dar marcha atrás a su proyecto inicial y provocaron la dimisión del odiado Gallardón, que era entonces ministro de Justicia.

El pasado mes de julio sin embargo, el gobierno volvió a la carga y logró aprobar en el Parlamento, gracias a la mayoría absoluta que aún tiene, una reforma parcial que impide abortar a las menores de 16-17 años, si no hay consentimiento paterno. Aunque sólo un 13% de estas menores aborta cada año sin consentimiento de sus progenitores (unas 500 mujeres), esta reforma pone a estas mujeres en grave riesgo social condenándolas a ser madres a la fuerza o a recurrir a un aborto clandestino, ya que si no informan es porque viven en familias conflictivas o problemáticas o porque carecen de tutor legal.

Si la edad para mantener relaciones sexuales consentidas sigue estando en 13 años, y a los 16 una mujer puede casarse, emanciparse legalmente, o someterse sin consentimiento paterno a la mayoría de las operaciones quirúrgicas o tratamientos, ¿por qué no puede abortar? Esta reforma no se justifica de ningún modo y aunque su principal objetivo es hacer un “guiño electoral” a su electorado más conservador, no contenta a éstos, que se sienten defraudados y engañados en las promesas del PP de restringir mucho más el aborto y es por eso que varios miembros de su partido votaron en contra de ella por considerarla insuficiente.

Entre sus argumentos y los del propio gobierno, el principal sería que el aborto vulnera el “derecho a la vida” del feto cuya protección corresponde a los poderes públicos y por tanto NO es un derecho de las mujeres.

Prohibir o restringir el derecho al aborto no protege la vida de nadie

Si analizamos tanto los datos del estudio «Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en España sobre la salud pública y los derechos básicos”, realizado por la Asociación Salud y Familia, así como el informe «Condiciones que motivan el aborto provocado”, elaborado entre 2012-2014 por la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) a partir de 6.500 entrevistas a mujeres, podemos encontrar muchos datos que resultan concluyentes:

Las restricciones legales no reducen la incidencia de abortos. Simplemente hacen que sea más peligroso o que se aborte en edades gestacionales más tardías. De hecho, la relación causal es la opuesta: en Europa Occidental, donde el aborto goza de una cobertura legal en la mayoría de los países, las tasas son significativamente más bajas (12 abortos por 100.000 mujeres) que en América Latina y Caribe (32 abortos por 100.000 mujeres) y África (29 abortos por 100.000 mujeres), donde predominan regulaciones restrictivas. En países donde el aborto solo está permitido bajo indicaciones estrictas, muchas mujeres son hospitalizadas cada año con serias complicaciones derivadas de abortos inseguros tales como aborto incompleto, fiebre alta, hemorragias, infecciones del tracto reproductivo, peritonitis y perforación uterina. También el informe de ACAI revela que sólo el 29,5% de las mujeres entrevistadas seguiría adelante con el embarazo aunque con resignación o angustia si se le impidiese abortar de forma legal. Cuando las mujeres abortan de forma ilegal es más probable que vuelvan a pasar por un aborto en el futuro. En cambio, cuando se aborta en la sanidad pública de forma legal, es más fácil poder acceder a un servicio de planificación familiar tras el aborto que te ayude a prevenir un embarazo no deseado.

Los efectos emocionales sobre los niños y niñas no desead@s se extienden hasta la adolescencia y las primeras etapas de la edad adulta. Los menores nacidos por una “maternidad obligada” tienen mucho mayor riesgo de vivir en un entorno de violencia familiar. En un contexto expansivo de pobreza infantil y familiar, los nacimientos no deseados aumentan el riesgo de caer en la pobreza entre las madres y familias con bajos ingresos, intensifica la desprotección de los menores ya nacidos frente a la pobreza y cronifica los retrasos en el desarrollo infantil temprano de los/as niños/as que son fruto de una maternidad impuesta. La reforma que el gobierno quería imponer hubiese aumentado la mortalidad perinatal, neonatal e infantil, ya que los servicios sanitarios actuales no están preparados para atender el necesario repunte que se produciría de neonatos nacidos con malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas, nacimientos prematuros y con bajo peso al nacer.

Una cuarta parte de las mujeres que buscan un aborto son víctima de violencia en pareja. El 34,75% en 2014 frente a un 28% en 2012, interrumpió su embarazo por “causas económicas y laborales”. Este incremento está relacionado según ACAI a la dificultad que la crisis y los recortes sociales, que afectan también a  las ayudas existentes para las familias, está ocasionando a muchas mujeres para afrontar la maternidad. La falta de autocontrol sobre la vida reproductiva daña de forma muy severa el derecho de las mujeres a la autodeterminación pues las incapacita para perseguir oportunidades y metas personales, sociales, económicas y espirituales en consonancia con la vida que ellas valoran. Así, las mujeres inmigrantes, las adolescentes y las mujeres con bajos ingresos que deberían estar especialmente protegidas ven significativamente disminuidas sus posibilidades de cualificación profesional, inserción laboral y planificación familiar.

En conclusión y en el actual contexto de crisis y pobreza creciente de las familias  podemos decir que la prohibición o restricción del aborto:

• No disuade a las mujeres que deciden llevarlo a cabo, solo pone en riesgo su salud y su vida.

• Tampoco protege la vida y  la salud  de los menores. Ni la de los que YA se encuentran en las familias ni  la de los que nacerán en el futuro.

• Constituye una discriminación de género ya que los hombres no la sufren y supone tratar a las mujeres como seres inmaduros.

La actual ley también resulta  insuficiente

Lo que reclamamos por tanto no es solo el derecho al aborto en sí, sino nuestro derecho a una salud sexual y reproductiva y a una maternidad responsable donde el aborto está dentro de una estrategia global que va desde la prevención y la atención socio-sanitaria a la intervención quirúrgica, cuando las circunstancias así lo requieran y la mujer libremente lo decida. En este sentido, desde Corriente Roja tampoco tenemos acuerdo con la ley actual. Primero porque el aborto legal en las primeras 14 semanas sigue sin estar garantizado en la sanidad pública ya que el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo(IVE) no se realizan en los hospitales públicos sino que se derivan a las clínicas privadas concertadas con el consiguiente negocio para estas a costa del erario público. Además, con esta ley, el aborto sigue dentro del código penal y las mujeres son tratadas como seres inmaduros que necesitan de consejo. Para colmo, este asesoramiento e información previa a la que la ley nos obliga, se deja en muchas Comunidades Autónomas en manos de las “Asociaciones pro-vida”, detrás de las cuales está la iglesia. Y aunque respetamos el derecho individual a tener creencias religiosas, no podemos olvidar que la iglesia propagó durante siglos una ideología misógina que mantiene que la mujer ha de conformarse con los hijos que vengan puesto que estos son fruto de la “providencia divina”, que su sexualidad está al servicio de la procreación y que dentro de la pareja, por encima de su placer y satisfacción están los deseos del “hombre”. En tercer lugar denunciamos que las medidas más progresivas que recoge esta ley se han quedado en papel mojado por falta de voluntad política y de los recortes sociales impuestos.

¿Qué hay detrás  de la prohibición o la restricción del aborto?

Ni los gobiernos ni la iglesia ignoran los informes médicos y sociales que demuestran mediante la evidencia científica, que restringir o ilegalizar el aborto no sirve en ningún país para disminuir el número de estos o que con ello  se “proteja” ninguna vida.

El verdadero motivo que tienen para seguir haciéndolo es que el derecho al aborto es parte del derecho que las mujeres tenemos a tener el control sobre nuestra sexualidad y nuestra maternidad. Y eso es algo que los poderes dominantes nunca estuvieron dispuestos a concedernos, ya que es uno de los mecanismos que siempre utilizaron las clases dominantes para mantener la opresión de las mujeres.

El origen de la opresión de las mujeres coincide en el tiempo con el surgimiento del excedente primero y de la propiedad privada y las primeras clases sociales a continuación. Los hombres de las castas o clases dominantes apartaron a las mujeres de la producción social y restringieron su vida y su sexualidad al ámbito de la familia “patriarcal”, donde el hombre tenía toda la autoridad, además de imponerle la heterosexualidad obligatoria. Y esto lo hicieron entre otras cosas para asegurarse la transmisión de las propiedades que tenían  a sus legítimos descendientes. Con el tiempo, al pueblo se le impuso este mismo modelo familiar, aunque en honor a la verdad, las clases dominadas nunca se amoldaron totalmente a este patrón, ya que en estas familias las mujeres nunca dejaron de trabajar ya sea como esclavas o siervas más tarde y ciertamente en ellas había muy poco que heredar.

Pero no estamos en la época romana ni en el medievo sino en la época imperialista o de capitalismo avanzado, donde indudablemente mantener el aborto fuera de la sanidad pública es un buen negocio para las clínicas privadas donde acudirán aquellas que puedan pagarlo, pero no es el principal motivo para hacerlo, sino que tenemos que preguntarnos qué papel juega actualmente la opresión de las mujeres dentro del sistema en que vivimos.

La burguesía, que es quien se erigió como clase dominante en el modelo actual, por un lado mantiene a las mujeres como “ejército de reserva” que entra y sale del mercado laboral, siempre en condiciones de precariedad laboral y sobre-explotación. Y por otro lado, defiende y glorifica la institución familiar, utilizando para ello todas las armas que tiene a su alcance y que van desde mantener a las mujeres económicamente dependientes de sus familias, hasta el adoctrinamiento ideológico a través de la iglesia, la escuela o los medios de comunicación.

Con ello quiere asegurarse que las mujeres realicen gratis y al menor coste que sea posible para el Estado (que no debe intervenir en la vida económica a no ser para rescatar sus bancos y empresas en crisis), las tareas domésticas y de cuidados que aseguren la reproducción de la fuerza de trabajo que necesita el capital.

Es por esto que desde Corriente Roja pensamos que mientras no echemos abajo este sistema capitalista, ningún derecho de las mujeres estará totalmente garantizado ni para todas ellas, y que la lucha contra la opresión a las mujeres y por sus derechos no es sólo un asunto de estas, sino del conjunto de la clase trabajadora, ya que el machismo igual que otras formas de opresión, es  uno de los mecanismos que utiliza la burguesía para dividirnos, debilitarnos y explotarnos mejor.

Solo mediante la movilización y la lucha, conseguiremos nuestros derechos  

Si bien tenemos que exigir al nuevo gobierno que salga en las urnas que derogue la última reforma aprobada, no podemos conformarnos con esto. La lucha debe continuar ya que con la ley actual nuestros derechos sexuales y reproductivos siguen sin estar garantizados.

Como refleja uno de los informes citados, del total de mujeres que accedió a un IVE, el porcentaje de las que no tuvo previo acceso a ningún método anticonceptivo pasó del 36% en 2012 a un 48% en 2014. Además, el uso del preservativo que sigue siendo el método más usado, pasó en muchos casos de usarse de forma continua a un uso “ocasional”. Otro estudio del 2013 revela que el 69,4% de las mujeres y un 71,5% de los hombres inicia su actividad sexual antes de los 19 años en nuestro país, pero el 40% no utiliza anticoncepción de ningún tipo.

Tenemos que exigir a los nuevos gobiernos autonómicos (que tienen las competencias en sanidad y educación)  y a los diputados y concejales tanto de Podemos como de las candidaturas de unidad popular, que enfrenten los recortes sociales y el techo de déficit que les ha impuesto este gobierno, así como la nueva ley de educación (LOMCE) y que pongan en marcha las medidas preventivas que contempla la ley que regula las IVE desde el 2010. Esto significa garantizar una verdadera educación sexual y en valores de igualdad, que sea respetuoso con las distintas orientaciones sexuales dentro de la escuela pública, y el acceso universal y gratuito a recursos de orientación y planificación familiar así como a métodos anticonceptivos seguros, fiables y gratuitos dentro de la sanidad pública, atendiendo especialmente a los colectivos sociales en situación de mayor vulnerabilidad.

Esta es la única forma real de prevenir embarazos no deseados, que es el motivo más frecuente por el que las mujeres quieren practicarse un IVE  y de disminuir por tanto el número de abortos, así como la única manera de poner freno tanto a la violencia sexual como a las agresiones homófobas que siguen sufriendo  miles de mujeres y  personas del colectivo LGTBI, cada año.

Asimismo exigimos el acceso a las técnicas de reproducción asistida para todas las mujeres que lo soliciten, sin consideraciones ideológicas de ningún tipo.