Pocas horas antes de que entrara en vigor la llamada Ley Mordaza, miles de personas han salido a las calles en distintas ciudades para protestar contra su aplicación.
La otra cara de la guerra social de Rajoy y la troika es la deriva autoritaria del Gobierno, que ha emprendido un ataque muy grave contra la libertad de expresión, reunión y manifestación, con la finalidad de perseguir y criminalizar la resistencia social.
Los recortes, el paro y la precariedad andan juntos con los palos
El gobierno ha puesto en marcha a fines de 2013 un importante paquete de leyes represivas, que ahora están en trámite parlamentario y que esperan tener aprobadas para mitad de 2014. En él figuran la reforma del Código Penal, la del Código Penal Militar, la Ley de Seguridad Privada (ésta recientemente aprobada) y, especialmente, la Ley de Seguridad Ciudadana. También amenazó Rajoy con una ley antihuelga a raíz de la huelga de la limpieza de Madrid.
Es un paquete represivo que marca la deriva antidemocrática del régimen que nació de la Transición, al que el 15M calificó como aquel al que “le llaman democracia y no lo es”, y que vive una avanzada descomposición.
CÓMO ATACAN LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
La ley Mordaza, mal llamada de “seguridad ciudadana”
El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como “ley mordaza”, persigue reprimir e impedir las protestas sociales por “vía administrativa”, eliminando la protección judicial. En la práctica, busca impedir los derechos constitucionales de reunión y manifestación. Impone la arbitrariedad administrativa y fomenta la aparición de excesos policiales, instigados por los responsables políticos.
La nueva ley sancionará conductas que antes figuraban como «faltas» en el Código Penal y que ahora se convertirán en «infracciones administrativas» castigadas con multas salvajes que el gobierno podrá imponer a su antojo. Eliminará las garantías judiciales que ahora incluyen la posibilidad de reclamar pruebas en juicio y la no obligatoriedad de pagar la multa hasta que la infracción se considere judicialmente probada.
El 15M, por ejemplo, ha ganado hasta la fecha todas las batallas legales frente a la Delegación del Gobierno de Madrid, la mayoría por vulneración de derechos fundamentales. Ahora ya no intervendrá ningún juez. La multa será ejecutiva desde el principio y, caso de impago, el Gobierno podrá embargar las cuentas o el sueldo del multado. Para recurrir será necesario haber pagado la multa y hacer frente a elevadas tasas judiciales.
Algunos ejemplos:
La ley mordaza establece siete tipos de infracciones «muy graves», sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros; 31 infracciones «graves» con multas de 1.001 a 30.000 euros, y 20 infracciones “leves” con sanciones de 100 a 1.000 euros.
-Las concentraciones que tuvieron lugar ante las sedes del PP cuando los atentados de Atocha, en víspera de la votación, serían ahora castigadas con multas de 600.000 euros.
Y con multas de hasta 30.000 euros:
-La «obstrucción a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales», es decir, la oposición a los desahucios, aunque sea pacífica.
-El anteproyecto considera infracción «leve» (multa de entre 100 y 1.000 euros) la celebración de cualquier manifestación no comunicada, pero la eleva a «grave» (multa hasta 30.000 euros) si tienen lugar “actos violentos”, “alteraciones de la seguridad ciudadana con el rostro cubierto” u «obstrucción a las autoridades en el ejercicio de sus funciones».
-Las «ofensas o ultrajes a España, a sus símbolos, himnos o emblemas, por cualquier medio», o sea, que mucho cuidado con gritar contra el rey, quemar su efigie o corear consignas contra la unidad española.
-Desobedecer o resistirse a agentes de la autoridad, negativa a identificarse o «falta de colaboración con la policía en la averiguación o prevención del delito».
-La «perturbación del orden en campaña electoral», como por ejemplo irrumpir en un acto electoral para protestar contra los recortes o presionar contra el cierre de una empresa.
-Provocar «desórdenes graves en vía pública o provocar incendios que representen un peligro para las personas o bienes», así como obstaculizar las vías con barricadas.
-«Justificar el terrorismo o la violencia». Para el ministro Fernández, aquí entra la exhibición de fotos de presos etarras, pero no el despliegue de banderas franquistas.
-No se han olvidado siquiera de añadir el «escalar edificios públicos o históricos como forma de protesta».
Si cometes tres faltas leves en un plazo de dos años, serás castigado como si fuera una grave. Y si incurres en tres graves, como si fuera una muy grave. Abrirán también un fichero policial de infractores para medir la reincidencia y decidir la cuantía de las multas. Y todo ello hay que añadir los mayores poderes otorgados a la policía para cachear, retener a ciudadanos y fijar «perímetros de seguridad» donde vetar el paso.
La ley de seguridad privada
Esta ley autoriza la utilización de los servicios de “seguridad privada” en todos espacios posibles, incluyendo identificar y detener en la calle. El colectivo de militares «Anemoi» advierte sobre una política hacia la formación de un “ejército paramilitar” y una “impunidad reglada”.
El proyecto cumple también la función de privatizar funciones públicas. Dijo el ministro Fernández que esta ley está pensada para que las empresas de seguridad (que facturan 3.600 millones al año y están muy bien relacionadas con el PP) tengan más negocio.
Ver también “La reforma del código penal, la deriva autoritaria del régimen” en www.corrienteroja.net
SU OBJETIVO ES PREVENIR E IMPEDIR LA MOVILIZACIÓN SOCIAL
El PSOE dice que el PP hace estas leyes por razones ideológicas y para satisfacer al sector más a la derecha de su base social. Pero esto es solo parte de la verdad, porque son igualmente una consecuencia directa de las políticas económicas y sociales de la Unión Europea, cuya imposición exige recortes crecientes de las libertades.
Así lo señala este el periódico británico The Guardian en su artículo “De Québec a España, las leyes contra la protesta amenazan la democracia». En él se refiere a la «crisis de ingobernabilidad» provocada por el choque con la austeridad neoliberal, para concluir: “La reorganización de los Estados en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo un mínimo de legitimidad democrática. De eso es lo que van las leyes anti-protesta”.
No es por otro motivo que no haya habido más protesta oficial que la tímida del presidente del Consejo de Europa, Nils Muznieks, que calificó de “altamente problemático” el primer ante-proyecto de la ley mordaza. En cuanto a la Unión Europea ni un solo de sus organismos, sea la Comisión, el parlamento europeo o los principales gobiernos, todos han callado.
Una mezcla de capitalismo europeo y Opus Dei, juntos criminalizando la protesta
La guerra social desatada desde la UE para acabar con las conquistas obreras y hacernos retroceder décadas, necesita del autoritarismo estatal para prevenirse de las explosiones sociales consecuencia del empobrecimiento y la desigualdad.
En nuestro caso, estas leyes son la respuesta del gobierno a la resistencia social, a la descomposición del régimen de la Transición y al resquebrajamiento de la unidad forzada del Estado. Se suman, además, a una política de control descarado del aparato institucional del Estado, al creciente poder otorgado a la jerarquía católica, al desprecio de las formas parlamentarias, la tolerancia hacia la extrema derecha y el fomento de la xenofobia.
Es una deriva autoritaria que nos hace recordar lo que los franceses del siglo XIX llamaban «État-gendarme», donde lo social era más bien una cuestión de «caridad» y las libertades democráticas algo tan formal, que no podían ser realmente ejercidas. Sólo que la decadencia del sistema imperialista hoy, en el siglo XXI, comporta niveles muy superiores de explotación, desigualdad y represión. De un lado, estimulan la xenofobia y el racismo y, de otro, apelan a la represión y al recorte de las libertades democráticas. La ley de seguridad ciudadana no impide «formalmente» el derecho de manifestación y expresión, pero en la práctica los cercena brutalmente.
Todas las organizaciones y personalidades que se reclaman de la democracia deben alzar su voz y unir sus fuerzas, levantar un clamor y movilizarse en masa para impedir que esta ley salga adelante y quebrar al gobierno que la promueve.
No habrá garantía para las libertades democráticas mientras no echemos a este gobierno antidemocrático, no nos desembaracemos del régimen del ’78 y no rompamos con la UE.
UNA COMBINACIÓN ENTRE EL REGIMEN DE LA TRANSICION Y LA UNION EUROPEA
Los pactos de la transición con el franquismo impidieron que el potente ascenso de los trabajadores, la juventud y las nacionalidades barriese el entramado autoritario de uno de los regímenes más genocidas y lograra las libertades democráticas plenas, dando lugar, en cambio, a un régimen que hoy hace agua por todos lados.
La monarquía se cuece en una combinación de senilidad y corrupción, la unidad forzada del Estado está cuestionada por la exigencia de autodeterminación catalana. La querella argentina, las resoluciones de la ONU sobre las fosas y los niños robados o la campaña contra el asesino de Yolanda González, han vuelto a destapar los crímenes franquistas y la impunidad en la que viven torturadores y asesinos supervivientes y han dejado en evidencia que un régimen que no garantiza el castigo de los crímenes contra la humanidad no puede ser llamado democrático.
El gobierno de Rajoy también vive una gran crisis, con la popularidad por los suelos, y con el PP golpeado por la corrupción y con peligrosas divisiones internas (aborto…). El bipartidismo asimismo está cuestionado desde el 15M, poniendo en crisis el pilar parlamentario del régimen, con sus dos grandes partidos, PP y PSOE, seriamente tocados.
¿De dónde sacan fuerza un gobierno y un régimen tan en crisis para intentar amordazar las protestas?
La sacan, por la positiva, de la Unión Europea y del núcleo duro del capitalismo español, que han hecho piña con Rajoy, al que ven hoy como su mejor instrumento. Y también de la negativa de la burocracia sindical y de la izquierda institucional a ir más allá de protestas simbólicas y de una endeble y «leal» oposición parlamentaria que espera, paciente, a las elecciones de 2015. Es una fatal combinación que está permitiendo que un gobierno débil y sin legitimidad siga gobernando contra la gran mayoría, imponiendo medidas insoportables.
El movimiento obrero, los movimientos sociales y de la juventud tienen una doble tarea en su lucha contra los recortes, el desempleo, los desahucios, las privatizaciones y por sus derechos: una es echar abajo los pilares reaccionarios del régimen de la transición y otra romper con las amarras autoritarias de los tratados de la Unión Europea del capital. Dos tareas democráticas profundamente anticapitalistas, enfrentadas al principal engranaje del capitalismo imperialista europeo y al núcleo duro del capitalismo español.