Desde que se conformó el actual gobierno de coalición con el PSOE, Unidas Podemos se ha dedicado a hacer piruetas para recuperar a parte de lo que un día fue su electorado, criticando desde la izquierda a sus socios de gobierno sin hacerles frente de verdad. Como consecuencia de esta triste táctica electoral, el colectivo trans ha visto cómo se rellenan espacios televisivos con debates tramposos que intentan arrebatarnos nuestros derechos, dividir a la clase trabajadora (de la que el colectivo trans forma parte) y en fin, desviar el foco de lo realmente importante: la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentra la clase trabajadora en general, y la clase trabajadora oprimida en particular.

La Ley Trans, que UP ha vuelto a meter en el cajón por segunda vez (la primera fue en 2018), acabaría con el requisito patologizante por el cual las personas trans deben ser diagnosticadas enfermas para ser reconocidas por el Estado, teniendo además que someterse obligatoriamente a un proceso de hormonación de 2 años, que podría resultar en una irreversible esterilización para las mujeres trans. Aparte, las personas trans se ven expuestas a una serie de efectos secundarios magnificados por la poca investigación y formación de los sanitarios en esta materia, y la escasa calidad de los medicamentos, los cuales están pensados para patologías específicas y no para tratar al colectivo trans (este mismo año prohibieron un bloqueador de testosterona estándar en los tratamientos a mujeres trans porque produce tumores cerebrales). La legislación estatal actual atenta contra la salud del colectivo y los derechos reproductivos de las mujeres trans al condicionar el acceso a la modificación de la mención registral del sexo, imprescindible para sortear la discriminación institucional y laboral a la que se enfrentan las personas trans a la hora de, por ejemplo, buscar trabajo, alquilar una vivienda o ir al instituto.

El PSOE no solo niega el derecho a la autodeterminación de género a las personas trans, sino también participa de las declaraciones transfóbicas de las que se alimentan los tertulianos de los medios de comunicación del capitalismo español. Nada menos que Carmen Calvo, la vicepresidenta primera del gobierno, desechaba el derecho a la autodeterminación de género alegando a una supuesta “inseguridad jurídica” que éste podría generar. Esta declaración resulta indignante no solo porque niega un derecho en base al supuesto de que se hiciese un uso fraudulento de él (es la misma lógica que el de las “denuncias falsas”), también resulta indignante que la vicepresidenta afirme que existe una seguridad jurídica para las mujeres bajo un sistema judicial franquista que ve abuso donde hay violación y que deja libre a las manadas de violadores.

Los tertulianos tiran del hilo que la vicepresidenta lanza para ir más allá: conceder el derecho a la autodeterminación de género provocaría desigualdades en las competiciones deportivas femeninas. Pero, ¿no es el deporte femenino desigual por definición? ¿Acaso está igual de cubierto por los medios que el masculino? ¿Mueve el mismo dinero? ¿Gana lo mismo una deportista profesional que sus compañeros hombres? Políticos “profesionales” y periodistas deberían saber que no han sido pocas las mujeres cis (asignadas mujeres al nacer, lo contrario de trans) a las que han obligado a hormonarse para bloquear sus niveles naturales de testosterona a la hora de competir profesionalmente: tales han sido los casos de las corredoras olímpicas Dutee Chand y Castor Semenya. De hecho, el Tribunal Arbitral del Deporte dictaminó, a partir del caso de Dutee Chand, que no existe evidencia científica de que niveles más altos de testosterona mejoren el rendimiento de las deportistas. De hecho, estos criterios aparentemente científicos han sido acusados de promocionar el racismo en el deporte femenino (las afectadas siempre son racializadas). Quizás nos deberíamos preguntar qué intereses se esconden en querer mantener categorías femeninas y masculinas en el deporte, más cuando el machismo impera en éste.

Otro sonado argumento para arremeter contra los derechos del colectivo es el de que los hombres utilizarían el derecho de autodeterminación de género para abusar de las mujeres en espacios públicos (baños, vestuarios, etc.,). ¿Desde cuándo han necesitado los hombres presentar su DNI para cometer violencias machistas contra las mujeres? En cuanto a las cárceles, políticos y tertulianos deberían conocer también que las mujeres trans ya pueden, desde el 2007, solicitar cambio de módulo a pesar de no haber completado el cambio registral de sexo, algo que desde entonces no ha puesto en peligro a nadie, más bien al contrario.

En definitiva, a pesar de que ser trans NO es una enfermedad, la actual Ley estatal 3/2007 ex-ige un “diagnóstico» por una “enfermedad» que la propia OMS (Organización Mundial de la Salud) y los profesionales han dejado claro que NO EXISTE. La patologización viene de la mano de la imposición de un tratamiento hormonal que NO TODAS las personas trans demandan ni necesitan, que atenta contra su salud en muchas ocasiones, y contra los derechos reproductivos de las mujeres trans. El derecho de autodeterminación de género NO es un capricho ni una ocurrencia de alguien, sino un derecho INALIENABLE que tenemos las personas (incluyendo las menores).

Desde Corriente Roja llamamos al conjunto de la clase trabajadora a movilizarse para exigir a este gobierno la aprobación de una Ley Trans estatal ¡YA!, que garantice el derecho a la autodeterminación de género y proteja de forma eficaz y efectiva a las personas trans de todo tipo de discriminación, para lo cual lo primero que necesitamos es que esté dotada de suficientes recursos. Llamamos igualmente a UP, si realmente está por los derechos de las personas trans, a que convoque dicha movilización. También denunciamos las declaraciones transfóbicas del PSOE cuyo argumentario se apoya en estereotipos y prejuicios (algunos de los cuales son un insulto a la inteligencia) cuando no directamente en bulos y mentiras y la pasividad de UP ante ellas.

Para saber nuestro análisis sobre los límites de la Ley Trans, la cual no es hasta la fecha más que un borrador, lee nuestro artículo La ley trans y las necesidades del colectivo.