¡No más violencia vicaria ni maltrato institucional!
Ocho años después de que el caso de Juana Rivas diese la vuelta al mundo y sacara a la calle a miles de mujeres exigiendo justicia para ella y sus hijos, Juana Rivas ha vuelto a denunciar al padre de estos, esta vez por un delito de violencia vicaria, que es la primera de este tipo que se presenta en España con ámbito internacional.
Una denuncia en la que, a lo largo de 22 folios, se enumeran las lesiones y traumas sufridos por los niños, que cuentan con certificados médicos que los avalan y que demuestra el uso de maltrato psíquico habitual y lesiones por parte de Arcuri a sus dos hijos, Gabriel de 18 años, que también firma la denuncia, y Daniel, de 11, sobre el que el padre aún tiene la custodia.
Previamente la madre había presentado hasta 14 denuncias más contra el padre por malos tratos físicos y psicológicos hacia sus hijos. Las ocho primeras fueron archivadas en febrero de 2019 en Italia, tomando en consideración el Síndrome de Alienación Parental (SAP), un síndrome que no existe en medicina y que en España no puede utilizarse jurídicamente.
Se da la circunstancia de que a principio de diciembre Gabriel, que decidió vivir con su madre desde que cumplió los 16, denunció también en una carta a la fiscalía italiana “continuos ataques físicos y verbales de mi padre durante los cinco años que he convivido con él”. Igualmente hizo público también un vídeo en el que explicaba que conoce a su padre: “sé que no es capaz de controlar su impulsividad y su ira. Mi hermano está en gran peligro”.
Pese a todas las pruebas aportadas, la justicia de Granada (que recordemos, metió en la cárcel y le quitó la custodia de los menores a Juana como castigo por haberse atrevido a desobedecer una sentencia judicial injusta), aún está decidiendo si ha existido o no violencia de género, si Arcuri maltrata a sus hijos o quién debe tener la custodia del menor.
Violencia vicaria es también violencia de género
2024 cerró el año con 47 mujeres asesinadas por sus parejas y la peor cifra de menores muertos por violencia vicaria, que es ejercida en el 99% de los casos por hombres para hacer daño a una mujer a través de sus seres queridos, y que es también violencia de género. Más de 40 niñas y niños han sido asesinadas/os por sus padres biológicos, parejas o exparejas de la madre desde que, en 2013, se empezó a contabilizar este tipo de asesinatos.
Unas cifras que revelan la tardanza del sistema judicial español en profundizar y analizar la situación de estos menores y protegerlos, y que es lo que ha llevado al proyecto social y educativo, El Latido de las Mariposas, iniciado por Itziar Prats, madre de Nerea y Martina, asesinadas por su padre en un caso de violencia vicaria, e Isabel Gallardo, a llevar a cabo una campaña en redes sociales para exigir la escucha de los hijos de Juana y Francesco a las autoridades españolas.
Pero todos estos datos no parecen relevantes para Aurora Angulo, la titular del juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Granada, que no ve indicio alguno de violencia de género en el hecho de que Arcuri mandara más de 90 mensajes intimidatorios y amenazantes a la madre, durante la estancia del menor en España. Los lectores que hayan llegado hasta aquí tal vez lo hayan recordado: Sí, se trata de la misma jueza que decidió archivar en un cajón la denuncia que cursó Rivas huyendo de su maltratador, el 12 de julio de 2016.
Un sistema judicial que sigue siendo intocable
¿Cuantas más Juana Rivas y cuantos menores más tienen que ser asesinados para que los poderes judiciales entiendan que un maltratador de mujeres no puede ser un buen padre? Este sistema judicial sigue granado de jueces y juezas retrógrados que no solo no son parte de la solución para acabar con la violencia machista, sino que utilizan su omnímodo poder para esterilizar las escasas conquistas democráticas que logramos arrancar a este gobierno burgués.
Y lo hacen por la vía de revictimizar a las mujeres de nuestra clase que se atreven a denunciar. Lo hacen negándose a escucharnos ni a creer lo que decimos, o haciéndonos pasar por juicios humillantes que, al hacerse públicos, propician nuestro linchamiento mediático y social. Valga como ilustración, el interrogatorio a Mouliaá tras su denuncia a Iñigo Errejón, en el que el juez Carretero se siente libre para interrumpir y violentar a esta contraviniendo sus propios preceptos legales.
Un aparato judicial y unos jueces y juezas que, con sus reaccionarias decisiones, nos demuestran a cada momento que nunca existió una verdadera depuración y que continuamos lamentablemente con un sistema judicial heredero del franquismo, que supuso un retroceso brutal de 40 años para las mujeres.
La máxima expresión de esto es la cúpula del aparato judicial, compuesta por el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, búnker de la extrema derecha y cuyos jueces y juezas son intocables.
Ante las críticas recibidas, la jueza Aurora Angulo, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial y ha faltado tiempo para que 103 titulares de diferentes Juzgados de Violencia sobre la Mujer de todo el país hayan decidido respaldar a esta señora.
No creemos que sea casualidad que el Juez Carretero, al igual que la magistrada granadina, haya pedido igualmente amparo al Consejo General del Poder Judicial, al saber que se le va a investigar por sus preguntas a la denunciante, porque según él, se siente «víctima de un linchamiento propio de la Inquisición”.
Y tampoco puede ser casual que como filtró El Diario, Carretero sea el mismo juez que imputó al humorista Dani Mateo por un sketch en El Intermedio de La Sexta en el que se sonaba los mocos en una bandera de España, pero que en cambio no preció en momento alguno delito de odio en el caso contra un individuo que llamó “moro de mierda” y “maricón” a su víctima, mientras le agredía. Carretero contextualizó los insultos en el transcurso de “una disputa” y descartó discriminación porque el agresor “no conocía la orientación sexual del agredido”.
Recordemos también a Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que en julio de 2018 condenó a cinco años de cárcel a Juana Rivas. Un magistrado que desde hace años viene manifestando públicamente y sin ningún pudor sus posiciones misóginas y machistas, además de racistas. Un juez que rechaza las leyes contra la violencia de género y que es autor de varias sentencias polémicas en las que lejos de apoyarse en hechos probados, acostumbra a justificar sus decisiones en base a suposiciones personales o a sus posicionamientos ideológicos.
¡No basta cambiar las leyes! ¡Hay que depurar este sistema judicial y echar abajo este régimen corrupto y antidemocrático!
Tanto la Ley del 2004, como las distintas leyes estatales aprobadas para la protección a la infancia y adolescencia, recogen la obligación del Estado de garantizar la seguridad de los menores ante el más mínimo riesgo de sufrir violencia por parte de sus progenitores.
Sin embargo, casos como el de Juana Rivas y otras muchas mujeres muestran que no basta cambiar las leyes. Muestran en toda su crudeza las graves grietas del sistema judicial y su verdadero talante, pero también que no hay una verdadera voluntad política para protegerlas ni a ellas ni a sus hijos e hijas.
Más allá de criticar algunas decisiones judiciales como la del caso que nos ocupa, este gobierno, que rechaza bajar por ley los alquileres, lo que permitiría que millones de mujeres sin recursos pudieran escapar de su agresor, y que ha demostrado su hipocresía y cinismo en casos como el de Errejón, se niega a depurar este sistema judicial, a sabiendas que es uno de los engranajes de este régimen del que el gobierno forma parte.
El largo periplo judicial de Juana y sus hijos, ha servido para que, al menos esta vez, una jueza sí escuchase a Daniel y haya emitido medidas cautelares, permitiendo que temporalmente el menor no vuelva con el padre a Italia, donde la Fiscalía llevó a cabo en noviembre de 2024 una investigación que concluía que existían indicios de malos tratos por parte de Arcuri a sus dos hijos.
Hoy como en 2017, queremos expresar toda nuestra solidaridad con Juana Rivas y sus hijos y con todas las que, como ella, enfrentan este sistema injusto, la dictadura de las togas y su distinta vara de medir que aplican en unos casos y otros. Frente a una mujer que lo único que pretende es defender a sus hijos de un maltratador, cárcel. ¿Frente a los corruptos de traje y corbata? ¡Manga ancha!Hacemos responsable al gobierno de PSOE-SUMAR, de lo que pueda ocurrirle a Daniel si finalmente su padre consigue que regrese a Italia.
La historia demuestra que cuando se quieren echar abajo leyes y medidas injustas, hay que enfrentarlas con contundencia. Hoy, gracias al heroísmo de tantas madres se habla de violencia vicaria, se empieza a escuchar a estos menores y se toman medidas para protegerles.
Pero este caso como el de otras mujeres, es la prueba de que esto aún no basta. Si la lucha es el único camino para conquistar los derechos que se nos niegan, esta hoy pasa necesariamente porque la clase trabajadora y los sectores oprimidos nos organicemos y movilicemos. ¡Este próximo 8M y todos los días del año, es preciso salir a luchar para echar abajo este sistema judicial y este régimen capitalista corrupto y antidemocrático heredero del franquismo!