A 200 días del 155 y cuatro meses de las elecciones del 21-D, con tres candidatos vetados y dos sesiones de investidura fallidas, el Parlament catalán ha investido finalmente al presidente Quim Torra, con los votos a favor de JxCat y ERC y la necesaria abstención de la CUP.
Torra ha dejado claro desde el principio que él es sólo un presidente «provisional», encargado de la «gobernación interior», y que el presidente legítimo es Puigdemont, que dirigirá la tarea exterior desde un Consejo de la República instalado en Bruselas o Berlín.
El discurso de investidura de Torra ha estado marcado por una retórica desafiante y rupturista. Ha expresado que él «sólo se debe de a la voluntad del pueblo de Cataluña» y que su gobierno girará sobre «la construcción de la república y la apertura de un proceso constituyente«. Este es el nuevo mantra que sustituye las antiguas proclamas sobre la independencia y las estructuras de estado.
La retórica y la letra pequeña
Ahora bien, a pesar de la retórica, cuando pasamos a la letra pequeña, constatamos que no hay nada concreto en los compromisos de Torra que rompa el marco legal de la constitución monárquica. La construcción de la república es la versión actualizada del viejo «hacer país» convergente y el proceso constituyente que plantea es por fuera del parlamento, sin calendario y sin referéndum, alrededor de una «asamblea de cargos electos» de alcaldes y regidores independentistas. Es posible también que nos encontremos con algunos pronunciamientos de cariz rupturista, que serán suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC), siendo acatada su decisión.
El presidente Torra asumió el programa del candidato Turull para las consejerías y nombrará un comisionado para revertir el 155. Pero su promesa principal en el terreno práctico es recuperar el contenido de las 16 leyes del Parlamento recorridas por Rajoy y suspendidas por el TC, entre las cuales están la ley contra los desahucios, la pobreza energética o la de la cobertura universal sanitaria. Ahora bien, lo que no prometió Torra fue desobedecer al TC y aplicarlas cuando vuelvan a ser suspendidas.
La pugna por la hegemonía en el movimiento independentista
La investidura de Quim Torra se produce en medio de una áspera pugna entre JxCAT y ERC por la hegemonía en el independentismo: mientras ERC llama a «acabar con las gesticulaciones«, Puigdemont las pone en primer plano. Si para JxCAT el gobierno de Torra es provisional, para ERC tiene que ser «perdurable«, «efectivo y muy, muy fuerte«.
Tenemos que reconocer sin embargo que, a pesar de su pelea, la estrategia de fondo de JxCAT y de ERC es común. La ha expresado con mucha claridad el portavoz de ERC, Sabrià: todo pasa para conseguir un pacto con el Estado, que «sólo negociará si se ve obligado por la presión de la gente y de las instituciones europeas e internacionales. Ahora sabemos que tardaremos más de lo que teníamos previsto, pero sabemos que no hay otro escenario«. Es decir: 1/ renuncian de forma expresa a cualquier estrategia de insurrección popular 2/ la independencia pasa a ser un objetivo a largo plazo o, incluso, una parte del ideario, y 3/ el único escenario admisible pasa por convencer los gobiernos e instituciones de la Unión Europea para que presionen al Estado español a una negociación. Obviamente, esto incluye no asustar a los gobiernos de la UE con reivindicaciones que amenacen los intereses del capital y con movilizaciones descontroladas. Por supuesto, mientras tanto se puede buscar un nuevo «encaje» dentro del Estado español.
La Monarquía española sólo admite la rendición incondicional
El gran problema es, sin embargo, que el régimen monárquico es incapaz de integrar el independentismo, tal como lo hacen Canadá con el Quebec o Gran Bretaña con Escocia. La Monarquía española, como heredera que es del franquismo, sólo admite la rendición incondicional y la humillación. Cuando más queda en evidencia la podredumbre y el descrédito de sus instituciones, más profundiza el régimen su deriva autoritaria, en una carrera sin fin entre C’s y el PP, a la que se ha incorporado, «sin complejos«, el PSOE.
Rivera (C’s) propone prorrogar el 155 de manera «preventiva», interviniendo las finanzas, los medios (Tv3 y Catalunya Ràdio) y los mossos de escuadra, y apuntando de manera directa a la escuela catalana. Rajoy y Sánchez acuerdan continuar interviniendo las finanzas catalanas y prometen solemnemente que a la primera de cambio volverán a aplicar el 155, en los términos que plantea Rivera. Sin tardanza, Rajoy, Rivera y Sánchez han decidido bloquear el gobierno nombrado por Torra, prolongando el 155 e incurriendo en una clara prevaricación. Sánchez (PSOE) propone cambiar el Código Penal para que el delito de rebelión ya no requiera violencia y también las fórmulas de juramento de cargos públicos para que incluyan obligatoriamente el acatamiento de la constitución del 78 y la lealtad al rey.
El papel de los Comunes y de Podemos
Antes, los Comunes y Podemos decían que estaban por el derecho a decidir de los catalanes… siempre que el Estado estuviera de acuerdo. Ahora se han olvidado incluso de esto y ya ni mencionan el derecho a decidir. Tampoco han cuestionado la Monarquía y, a pesar de declararse en contra del encarcelamiento de los políticos independentistas, no han movido nada a escala del estado para movilizar contra la represión anticatalana.
Actuando como la quinta rueda del régimen, su obsesión ahora es pasar página y volver a la normalidad autonómica, buscando un «bloque de progreso con ERC y el PSC que haga hincapié en la recuperación social» (!)
El problema de la CUP
El portavoz de la CUP, Carles Riera, justificó sus votos diciendo que obedecían a «una excepcionalidad antirepressiva y democrática ante el embate del Estado» y que «no significaban un apoyo político«. Añadió que si el nuevo gobierno se dedicaba a «normalizar la gestión del autonomismo o a gestionar migajas que sólo permiten hacer políticas neoliberales«, harían una «oposición activa«. Por el contrario, si desobedecía el Estado, le apoyarían y estaban preparados para «asumir su responsabilidad» y, si hacía falta, entrar en el gobierno. Invitaron también a Torra al «reto compartido» de impulsar el proceso constituyente y la asamblea de electos.
El problema de la CUP es que, por mucho que haga declaraciones formales, es incapaz de romper la subordinación política al bloque independentista oficial. No se cansa de emplazarlo, una, otra y otra vez, a «no hacer autonomismo«, a «desobedecer» y «hacer república«. Pero no hay que ser un genio para saber que JxCAT y ERC no desobedecerán: porque no quieren un levantamiento popular, son respetuosos con el actual orden social, son ajenos a las reivindicaciones de la clase trabajadora y lo subordinan todo a buscar una mediación futura de la UE. Entrar en el juego del «proceso constituyente» y «la asamblea de electas» de Puigdemont-Torra es mantener la sumisión política.
El nacionalismo de Quim Torra
Escogido por Puigdemont por su fidelidad personal, Torra es un intelectual católico, liberal y fiel al legado de Jordi Pujol. Un intelectual que ha despreciado en sus escritos a los catalanes castellanoparlantes y que ha reivindicado a personajes históricos como los hermanos Badia, que son exponentes del ala más antiobrera, ultraderechista y racista de la tradición independentista catalana. Desde Corriente Roja, como luchadores por las libertades y el socialismo, repudiamos este ideario.
Pero dicho esto, queremos denunciar la campaña indigna y miserable de los partidos y del aparato de propaganda del régimen amalgamando el independentismo con el racismo y el supremacismo. Los campeones de una España unida a la fuerza que van de la mano con la ultraderecha y los neonazis contra el derecho de los catalanes a la autodeterminación, los enemigos viscerales de la lengua y la cultura catalanas, los que se niegan a condenar el levantamiento fascista de Franco y mantienen 130.000 fusilados en las cunetas, los que fomentan el racismo institucional contra los inmigrantes o los que celebran el genocidio de la «Hispanidad», no tienen ninguna legitimidad moral para lanzarse contra Torra.
Ahora qué?
El futuro está lleno de incógnitas, con los partidos del régimen en una carrera enloquecida a ver quién es más duro y más «patriota» y con JxCAT embarcado en una batalla retórica y simbólica con el Estado sin ninguna perspectiva clara. Tampoco nadie sabe cuánto durará el nuevo gobierno y si el presidente Torra convocará o no nuevas elecciones al calor de los próximos juicios contra los dirigentes independentistas o coincidiendo con las próximas municipales.
La situación del país es, por otro lado, realmente complicada. El referéndum del 1-O fue un triunfo popular extraordinario, que llegó mucho más lejos de las expectativas y deseos de Puigdemont y Junqueras. Pero este triunfo fue malogrado y traicionado por la dirección independentista, que provocó una derrota política al movimiento, entregó la iniciativa al régimen y le permitió crear una tremenda división entre la población. No podemos desconocer que un amplio sector de la población trabajadora del área metropolitana y de la corona de Barcelona ha sido, hoy por hoy, ganada a las tesis españolistas. Por eso, no sirve ir repitiendo el mantra del mandato del 1-O.
Una primera tarea necesaria es favorecer la más amplia unidad de acción, en Cataluña y en todo el estado, por el levantamiento inmediato del 155 y contra la represión, por la libertad de los presos políticos y el libre regreso de los exiliados, en defensa de la lengua y de la escuela catalana y contra todo intento dictatorial de intervenir los medios de comunicación públicos catalanes.
También tenemos que ser conscientes de que la lucha por la soberanía pasa ante todo, en las actuales circunstancias, por exigir al Parlament que desobedeciendo los dictados del TC- aplique las reivindicaciones sociales básicas del pueblo trabajador de Cataluña, como son las de la Marea Pensionista o la derogación de las reformas laborales del PP-PSOE, además de las leyes sociales actualmente suspendidas. En esta batalla, no sólo nos enfrentaremos a Rajoy y a los partidos del régimen sino también a Torra y a su gobierno.
La batalla pasa igualmente por recuperar la reivindicación del derecho a decidir, de un referéndum democrático que permita reconstruir en Cataluña una mayoría clara contra el régimen y neutralizar en el resto del estado la oleada españolista reaccionaria. Sin articular una batalla común con la clase trabajadora y el resto de pueblos del estado para acabar con la Monarquía, no habrá derecho a la autodeterminación, ni república catalana, ni unión libre de repúblicas libres.
Corresponde a los sectores más conscientes de la clase trabajadora encabezar esta lucha. Este es el reto más importante que tenemos por delante.
21 de mayo de 2018