El 9 de marzo de 2018, se firmó el II Acuerdo para la «Mejora del empleo y de condiciones de trabajo» en la Administración Pública, entre Montoro y las cúpulas sindicales de CCOO, UGT y CSIF. Este acuerdo es la continuidad del I Acuerdo del 29 de Marzo del pasado año, que lejos de ser «un gran paso en la recuperación de derechos» como lo han tildado, ataca las condiciones del sector más precario de las administraciones.
Este acuerdo es un lavado de cara para reducir la alta temporalidad como la Unión Europea le exige. Pero lo hacen negando las reivindicaciones del colectivo temporal de los servicios públicos, incluyendo el derecho a la indemnización por despidos que los tribunales están empezando a reconocer y que se habían ahorrado durante años.
Hablan de «estabilizar» 250.000 plazas, pero los mismos sindicatos reconocen que existen unos 700.000 trabajadores públicos temporales en la Administración Pública. Por lo que en la práctica, las ofertas de empleo público que se pongan en marcha en el desarrollo de este Acuerdo, se convierten en un ERE encubierto; ocultando además que son los gobiernos y no los trabajadores, quienes durante años incumplieron sus propias normas y leyes y permitieron que miles de puestos de trabajo estén ahora en fraude de ley.
Después de años de destrucción de puestos de trabajo, rebajas de salarios y pérdida de derechos, que con este acuerdo renuncian expresamente a recuperar, más allá de algunas migajas, no podemos quedarnos callados ni avalarlo en ningún modo.
Por los derechos del personal interino, temporal y estatutario eventual
Desde el sindicato Cobas, creemos que es totalmente necesario abrir nuevas ofertas de empleo público para reponer los puestos de trabajo que se han perdido con los recortes de estos años. Pero esto no puede hacerse expulsando a quienes ya están desde hace años y han demostrado con creces su formación y experiencia para el puesto desempeñado.
Apoyamos las reivindicaciones del colectivo de valoradores de la Dependencia en Andalucía y las de todo el personal interino, temporal y eventual que existe a nivel estatal. Exigimos la aprobación de una Ley Orgánica de carácter transversal para la aplicación del artículo 61.6 del EBEP. Una Ley por la que el 100% de los empleados públicos temporales de todas las Administraciones con independencia de su distinta regulación legal, puedan consolidar su situación laboral en base a un concurso de méritos abierto, basado en el cómputo de la antigüedad, como único criterio objetivo de valoración.
Organicemos la resistencia contra el ERE encubierto y por la consolidación de todo el personal temporal en la Administración Pública.
Pero para dar esta batalla contra los distintos gobiernos y los sindicatos cómplices, es necesario en primer lugar, romper con el corporativismo y superar las divisiones existentes, tanto administrativas, como entre los distintos sectores públicos. Y en segundo lugar, hay que acabar con la pasividad y los discursos tranquilizadores y organizar la resistencia, lo que pasa por coordinar y unificar las reivindicaciones de los distintos colectivos.
Tener como única estrategia el sentarse a negociar, como han hecho hasta ahora no sólo los sindicatos firmantes del acuerdo, se ha demostrado un camino equivocado por el que hemos ido perdiendo cada día más derechos.
Todos/as los que rechazamos este acuerdo, debemos unir fuerzas en un frente común y movilizarnos al tiempo que hacemos una labor de explicación a nuestros/as compañeros/as y a toda la población de este fraude y de la repercusión que sin duda tendrá en la calidad de la Sanidad, la Educación, la Justicia o la atención a la Dependencia, el despido de miles de interinos y personal temporal y eventual dentro de los mismos.