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La falacia de la nueva reforma de las pensiones

No ha pasado ni una década desde el golpe que Zapatero le dio a las pensiones, cuando aumentó la edad de jubilación a los 67 y amplió el tiempo de cotización para la cuantía, cuando ya amenazan con una nueva reforma de las pensiones; que se sumará a la que Rajoy hizo después de la de ZP.

Para que cuele en la población, prometen que su incremento estará ligado al IPC y se suprimirá el criterio de sostenibilidad. Con esto quieren contentar a UP, a CCOO, a UGT y a la COESPE, ciñendo el problema de las pensiones a l@s pensionistas actuales, desviando el foco del verdadero objetivo: las futuras pensiones, l@s futur@s pensionistas. Aquí es donde la banca, las aseguradoras y sus socios menores, las cúpulas de CCOO y UGT se juegan el dinero.

Según la misma Unión Europea, el monto anual de las pensiones públicas son cientos de miles de millones de euros, más de un billón en un período de varios años, que mayoritariamente son públicas. Hay Estados donde la privatización está muy avanzada, como es, ¡oh! casualidad, Holanda, el país más duro en los recortes de la UE, cuyos fondos de pensiones perdieron en la crisis del 2007/8 220.000 millones de euros.

Lo que buscan es gestionar desde la empresa privada los cientos de miles de millones que ahora están en manos del Estado.

Por eso, que no mientan; a ellos el IPC de los pensionistas les importa tres cominos, entre otras cosas porque este año la tasa de inflación va a ser prácticamente 0. Lo que les interesa es, como dijo el ministro Escrivá, que la «edad real de jubilación», que gracias a ZP está en los 63/64 años (antes de ZP estaba en los 61/62 años, esto es lo que significa votar al PSOE), se acerque a la edad legal (los famosos 67 años de ZP).

No van a hacer grandes reformas, porque no las necesitan por el momento, ZP y Rajoy ya se encargaron de establecer el terreno de juego; ahora lo que quieren es reducir tanto las pensiones públicas que no quede más remedio que suscribir fondos privados, y esos cientos de miles de millones de euros pasen a estar gestionados por la banca y sus «colegas», los dirigentes sindicales.

Y no sólo eso, el ministro Escrivá, miembro del «gobierno más progresista de la historia», habla también de incorporar las pensiones no contributivas al Ingreso Mínimo Vital aprobado estos días. La cuantía no cambiaría, pero si los requisitos para acceder a las no contributivas, estableciendo el criterio que puso Rajoy para el subsidio de mayores de 52 años, y que fue suprimido por el gobierno Sánchez, de que para tener derecho no se hará por los ingresos individuales sino «por las de todo el hogar».

¡Hay que ser canalla! A las personas que por muchos motivos, entre otros la precariedad endémica de las relaciones laborales, no tienen derecho a una pensión contributiva, se les va a poner trabas para acceder a ese mínimo que son ahora las no contributivas. En vez de equipararlas al SMI, que se supone es el mínimo realmente vital y no esa basura del IPRAEM, también inventada por ZP para esquivar el SMI, lo que hacen es dificultar el acceso a miles de personas.

Como en la sanidad con el desmantelamiento de la Atención Primaria con ese eufemismo de «atención» que es la telefónica, como en todos los servicios públicos, en las pensiones el objetivo es que la gestión sea privada, destruyendo o recortando las aportaciones públicas.

La única reforma que se puede admitir es la derogación de las reformas del PSOE y del PP, la disolución del Pacto de Toledo, ente que sólo sirve para justificar las políticas de recortes y privatización, y a partir de estas medidas establecer unos mínimos vitales, como defendían las reivindicaciones que la COESPE levantó en sus orígenes, y que parece, han quedado disueltas en un mar de dudas frente a un gobierno que apunta en el sentido totalmente contrario a éste.

Entrar a negociar estas reformas es hacerse cómplice del tercer salto atrás en los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Estado a unas pensiones dignas en menos de una década. Porque es de esto de lo que hablamos: de las pensiones futuras, que son las que quieren robar descaradamente.

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