La indignación que ha provocado la encarcelación de Pablo Hasél quizás no fuera tal sino descubriéramos cómo, día tras día, la Justicia “levanta la mano” ante los delitos que cometen los grandes magnates de nuestro país como el rey emérito y Florentino Pérez, o sus representantes en las instituciones del estado, como Cifuentes, Rodrigo Rato, o el comisario Villarejo.
Al rapero se le condena por “injurias a la Corona”, una corona que lleva robando desde el primer día que Franco le encargó que todo siguiera “atado y bien atado”, como hasta el día de hoy. La institución monárquica privilegió a Juan Carlos hasta tal punto que se ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, a base de negocios ilícitos y evasión fiscal. En el último año el emérito “ha regularizado” en nuestro país más de 5 millones, tras conocerse que la Fiscalía Suiza investiga la procedencia de los 82 millones de euros que guarda en cuentas bancarias de dicho país. No es de extrañar que Felipe VI intentase desligarse de su padre cuando salió a la luz que él mismo y la actual reina Leticia eran los segundos beneficiarios de “la donación” de 100 millones de Arabia Saudí que Juan Carlos escondía en empresas pantalla. ¿Y a qué consecuencias se enfrenta? Sólo hay que ojear las revistas del corazón para saber que Juan Carlos vive “como un oso” (cita textual) en una mansión de lujo en Abu Dabi, mientras arroja migajas a Hacienda por el bien de la continuidad la Monarquía.
El pasado 15 de febrero el Tribunal Superior de Justicia se negó por segunda vez a investigar al emérito ¿no será que investigándolo a él estarán investigando también su legado, el que ahora regenta Felipe VI? La misma justicia que mira para otro lado ante los delitos económicos de la Monarquía, utiliza su poder para represaliar a aquell@s que la cuestionan, ya sea con la letra de una canción o mediante la organización de un referéndum como el del 1-O, por el que hay casi 3.000 encausados.
Pero la Monarquía no es la única en sacar tajada de esta “justicia” selectiva. El empresario Florentino Pérez ha salido ileso de los delitos medioambientales en los que incurrió por “Castor”, proyecto de extracción de gas financiado públicamente por 300 millones de euros. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, conocida amiga de Florentino Pérez, tampoco ve homicidio por omisión en la gestión de la pandemia de Clece Mayores, la empresa de residencias del magnate donde murieron el 7% de sus residentes.
El pasado 12 de febrero fue puesto en libertad Rodrigo Rato por el famoso caso de las tarjetas black, y el 3 de marzo Villarejo, ambos con apenas 4 años de cárcel y millones en los bolsillos.
Quizás el caso más sangrante, por descarado, de “injusta justicia” sea la absolución de Cristina Cifuentes del “caso máster”, por el que acabaron pagando con cárcel tanto la profesora que firmó el título, claramente extorsionada, como la asesora de Cifuentes que ejecutó la falsificación bajo órdenes de su jefa.
En contraste con la impunidad de “los de arriba” son ya 130 l@s detenid@s de las manifestaciones por la libertad de expresión gracias a una “Ley Mordaza” que criminaliza la protesta y ampara la brutalidad policial (por la que una de estas manifestantes se ha quedado sin un ojo).
Está claro que la Justicia no es imparcial y que los que “mueven los hilos” de la maquinaria estatal son los mismos que deciden qué es delito y qué no y cómo de grave debe ser el castigo. Si te has hecho rico robando al pueblo trabajador probablemente salgas bien parado, en cambio si luchas contra este sistema, el sistema recaerá sobre ti con toda su fuerza. Es justo luchar contra un régimen monárquico heredero del franquismo, que se enriquece saqueando al pueblo trabajador, pero sólo podremos hacerle frente movilizándonos y organizándonos masivamente, para que la injusticia de la minoría capitalista se convierta en justicia de la mayoría trabajadora. Para que la justicia sea realmente social debemos exigir al gobierno PSOE-UP:
- Derogación inmediata de la Ley Mordaza, tal y como prometieron, junto a todos los artículos antidemocráticos del Código Penal que atentan contra la libertad de expresión.
- ¡Disolución de las BRIMO y depuración de responsabilidades por la violencia policial!
- Procesamiento de la Monarquía y referéndum para decidir su vigencia ¡Basta de impunidad ante delitos económicos y abuso de las funciones públicas!
- ¡Liberación inmediata y sin cargos de Pablo Hasél y tod@s los condenad@s por luchar!