Si quedaba alguna duda sobre el carácter neo franquista de las instituciones del régimen, la pretensión del Tribunal Supremo de juzgar de nuevo a Otegi lo pone blanco sobre negro. Tras las cartas de los militares en la reserva al rey, y el silencio de éste, así como las amenazas de una “vuelta atrás” con 26 millones de fusilamientos, ahora el TS asume la tesis de la fiscalía de que de la anulación del juicio a Otegi, por la que cumplió 6 años de cárcel, se sigue … la repetición del juicio.
Uno de los principios básicos del derecho burgués es que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos sobre los que hay sentencia firme; y esto es lo que el TS pretende, amparándose en que el Tribunal Europeo de Estrasburgo anuló la sentencia condenatoria. Así, en un rizo verdaderamente delirante, la misma justicia que vulneró los derechos de Otegi, ahora se arroga la capacidad de juzgarlo de nuevo. En todo caso, debería ser la propia víctima de las maniobras de la “justicia” española quien reabriera el caso; no los responsables de la nulidad. Es más, alguno en su piel podría exigir del Estado una indemnización por detención ilegal, puesto que la sentencia anulada fue ejecutada y cumplida.
La intención del TS no es otra que debilitar al gobierno PSOE-UP y los apoyos recibidos para la aprobación de los Presupuestos Generales; pero este TS, que tiene la inteligencia de un pez, no sólo está vulnerando un principio del derecho que conoce un estudiante de 1º -no poder ser juzgado dos veces por los mismos hechos sobre los que ha recaído sentencia firme-, sino que está desnudando el carácter simbólico del Tribunal de Estrasburgo.
Si la sentencia del TS que condenó a Otegi fue firme y se ejecutó, es evidente que lo que el Tribunal de Estrasburgo diga y la posibilidad de recurrir ante él es un saludo a la bandera. Si no fuera así, Otegi, con su recurso ante ese tribunal habría paralizado la ejecución de la sentencia, y no habría entrado en la cárcel a la espera de su resolución; sin embargo, entró, demostrando que a la hora de hablar de derechos democráticos, la UE es un símbolo inútil: a Otegi nadie le quita los seis años de prisión.
El papel del gobierno
Sería una broma del mal gusto repetir hasta la saciedad que el Estado Español es “democrático”, donde se garantiza la separación de poderes y la independencia judicial; si no fuera porque hay gente que pasa años en la cárcel o el exilio por montajes judiciales que después el Tribunal de Estrasburgo se dedica a anular, aunque no sirva de nada.
Altsasua, Valtonyc, independentistas gallegos, … Los casos darían para hacer una lista de agravios contra una justicia que esconde los más granado del neofranquismo; el “huevo de la serpiente” que es el régimen que nunca rompió con la dictadura, la “transformó” y que partidos como los que están en el gobierno han cubierto con el barniz de demócratas.
El gobierno del PSOE, como los gobiernos anteriores del PSOE, son los principales responsables de la desmemoria que permite que Tribunales como el Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional dicten sentencias como la que condenó a Otegi y que el Tribunal de Estrasburgo anuló. Lo grave es que no es el primer caso, ni será el último. Todos ellos se han dedicado a repetir ese mantra sobre la “independencia” judicial, a sabiendas de que es una mentira como una casa; porque es en el poder judicial donde se agazapa lo fundamental del neofranquismo. No se puede olvidar un dato, la Audiencia Nacional fue creada en el mismo decreto del 4 de junio del 77, que finiquitaba el tristemente famoso Tribunal de Orden Público, y los jueces que lo constituían o bien pasaron a la “nueva” Audiencia Nacional o al TS.
El gobierno PSOE-UP debe acabar con la excepcionalidad de que el Estado Español cuente con tres tribunales, dos especiales/políticos bajo el rótulo del “antiterrorismo”, la AN y el TC, y uno civil, el TS. En una democracia burguesa no existen tribunales especiales, todos los hechos presuntamente delictivos se juzgan bajo la misma jurisdicción, la civil. Pero hay que ir más allá, puesto que el poder judicial, como el ejército, son los refugios del neofranquismo en las instituciones del régimen, y de la misma manera que hay que depurar el ejército, hay que quitar de sus cargos a todos los jueces neofranquistas, que prevarican sistemáticamente en sus montajes judiciales.
El gobierno, si realmente se cree eso de la memoria histórica más allá de que se estudie en los centros de enseñanza, tiene una herramienta poderosa: la exigencia de la condena del franquismo para asumir cualquier cargo público y la derogación de la Ley de Amnistía que protege a los responsables y beneficiarios de la dictadura. No se puede olvidar que el 65% de los cargos que se sientan en Consejos de Administración de empresas del IBEX 35 o son franquistas (Villar Mir, Martín Villa), o herederos directos de los que se beneficiaron en la dictadura, y no van a renunciar a sus privilegios.
No es una cortina de humo
El intento de la extrema derecha, política e institucional, de desestabilizar al gobierno de coalición, de que rompan sus apoyos con ERC, Bildu y demás, no es una “cortina de humo” para tapar, según un sector, la corrupción del “emérito” o para combatir los Presupuestos Generales del Estado, presentados como “sociales”. Al revés, estos ataques son la manifestación de la profunda crisis que vive el régimen del 78, el “huevo de la serpiente”. No son declaraciones de los dirigentes políticos, que hoy dicen una cosa y al día siguiente la contraria para garantizarse unos votos; son resoluciones de instituciones esenciales en cualquier sistema político, la judicatura y el ejército.
El PP, el PSOE, Vox, … el parlamento, las CC.AA, etc…, son prescindibles; hacen a la periferia institucional del sistema capitalista, a la forma cotidiana de organizar la sociedad. La judicatura y el ejército hacen al corazón del aparato del Estado de los que el capital nunca puede prescindir. Enfrentarlos sistemáticamente a otras instituciones centrales como el gobierno, es que el malestar y los elementos de crisis son muy profundos; enraízan en contradicciones agudas entre sectores del capital.
De la misma manera que en los EE.UU. el choque entre Biden y los demócratas, y Trump y un sector de los republicanos, expresan la profunda crisis que vive el capitalismo estadounidense, dividido entre los diversos sectores de la burguesía por ver quién se hace con la parte del león tras la debacle económica de los últimos 12 años; la virulencia de los choques entre el aparato de Estado neofranquista y el gobierno de coalición tiene ese mismo sentido.
El capitalismo, no sólo el español, vive una de sus crisis más graves; tiene, por decirlo gráficamente, una “crisis existencial”. La pandemia ha destapado las carencias de un sistema agotado, que en el caso español se multiplica exponencialmente por su papel subsidiario en la división del trabajo; y ha puesto sobre la mesa la necesidad de un cambio profundo, “sistémico”, de las relaciones sociales de producción.
Los poderosos y sus portavoces, sean del punto del arco parlamentario que sean, son conscientes de esta necesidad, pero sin tocar la esencia capitalista de esas relaciones sociales. Cuando hablan de la “cuarta revolución industrial 4.0”, de la “economía verde o azul”, la “economía circular”. Son todos proyectos en la cabeza de los think thank burguesas, de las universidades, etc…, para dar una salida a un sistema en caída libre, que ya tienen una primera concreción política, la Agenda 2030 que aprobó la UE en el 2015, que están desarrollando los Estados; y al que han dotado ya de 750.000 millones de euros.
La virulencia de las cartas de los militares en la reserva, la del TS con sus maniobras judiciales, etc…, tienen el objetivo de intentar cambiar la correlación de fuerzas entre los diferentes sectores de la burguesía, para mejor ubicarse en el punto de salida de la crisis y hacerse con la financiación europea (140.000 millones). Hasta ahora siguen la máxima del filósofo griego, “la política es la guerra con palabras”; no se sabe hasta cuando la “guerra” será con palabras.
Más allá de las diferencias con Otegi, no sólo en el pasado sino hoy por su apoyo al gobierno de coalición, no puede ser juzgado dos veces por unos hechos por los que ya cumplió condena; la cuestión es justo la inversa, es la de disolver las instituciones judiciales que día a día vulneran los más elementales derechos democráticos como es el de un juicio justo, y apartar inmediatamente de la judicatura a todos aquellos jueces y fiscales que no condenen expresamente el franquismo y sus crímenes.
La clase obrera no puede despachar con un “es una cortina de humo” esta “guerra con palabras”, pues ella va a ser la víctima gane quien gane esa “guerra”; la “madera” del “más madera que es la guerra” del “marxista” Groucho, es el aumento de la explotación de la clase obrera y el saqueo de los pueblos que necesita de las libertades democráticas para organizar su lucha.