La inmatriculación de un bien inmueble es la primera inscripción de éste en el Registro de la Propiedad. Diferentes asociaciones civiles denuncian que sólo entre 1948 y 2015, la jerarquía católica se ha apropiado, sin título que lo avale, de más de 34.000 bienes que pertenecen a los municipios y vecin@s. El resultado de este enorme robo es que, actualmente, la Iglesia católica es titular ni más ni menos que del 85% del patrimonio histórico del Estado español. Un expolio al patrimonio histórico del país que no tiene parangón en el mundo. En Francia y Portugal todos los monumentos histórico-artísticos son propiedad del Estado. La Iglesia católica, en ambos casos, conserva el derecho de uso para sus actividades litúrgicas, pero la titularidad es pública.

Esta historia de apropiaciones indebidas viene de lejos y comienza en 1946 con la Ley Hipotecaria que el dictador Francisco Franco promulgó y que otorgaba privilegios a la Iglesia católica, pilar fundamental del régimen. Esta Ley venía a decir que si el obispo de turno iba al registro de propiedad podía poner a su nombre lo que indicara. Haciendo valer esa Ley, los obispos españoles comenzaron a registrar a su nombre aquellos bienes que consideraban de su interés: plazas, viviendas, calles, terrenos, edificios, fuentes. A partir de ese momento muchas catedrales y otros bienes que construyó el pueblo con su sudor y esfuerzo quedaron en sus manos.

Pero lejos de acabar con este expolio, la situación se agravó en 1998, cuando el presidente José María Aznar promulgó una nueva Ley Hipotecaria que permitía a la Iglesia católica inscribir como propiedades suyas los templos destinados al culto católico.

Monumentos tan emblemáticos como la Mezquita de Córdoba, la Giralda y la catedral de Sevilla, la catedral de Zaragoza, la catedral del Buen Pastor en San Sebastián, la catedral de Granada, la catedral de Málaga y la catedral de Valladolid, entre otros, son hoy propiedad de la Iglesia católica por cantidades simbólicas. Y por si fuera poco, los gastos de restauración y mantenimiento de este patrimonio cultural e histórico usurpado corren a cargo del Estado, mientras que los beneficios que generan va a parar a manos de la iglesia. Sirva como ejemplo el caso de la Mezquita de Córdoba, donde cada visitante paga unos 10 euros de entrada por persona y que fue visitado por más de dos millones de personas en el año 2019.

El Gobierno legaliza el robo eclesiástico

En el acuerdo que PSOE y Unidas Podemos firmaron en enero de 2020, en el capítulo 5.11 “Nuevos derechos y Memoria democrática” se incluía recuperar todos los inmuebles que habían sido inmatriculados por la Iglesia sin título suficiente para hacerlo. Esto significaba revocar de manera inmediata la titularidad eclesiástica de unos bienes que no le pertenecen y su devolución a sus legítimos propietarios. Pero lejos de ello, el Ejecutivo ha legalizado este expolio. Basta con escuchar las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo donde vino a afirmar “que las inmatriculaciones se produjeron al amparo de una situación legal, aunque hayan existido posicionamientos contrarios a la reforma propiciada por el Gobierno Aznar”. Unas palabras que fueron muy bien recibidas por el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello que se congratulaba de que el Gobierno legitimara las inmatriculaciones.

De nuevo, la decisión adoptada por el Gobierno de coalición en este asunto, así como en otros tantos, sigue la lógica de un Gobierno incapaz de enfrentarse a los intereses de los poderosos. Su cobardía llega al extremo de plantear como salida que “cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe” …¡acuda a los tribunales!

El responsable de comunicación de Europa Laica, Juanjo Picó, ha sido tajante ante lo que considera vender humo a la opinión pública “el Gobierno quiere cerrar en falso este expolio, en simbiosis con la Conferencia Episcopal, y lo más triste es verlos diciendo que ahora que quien quiera reclame. Es imposible que haya 30.000 juicios. Esto es un verdadero insulto a la democracia”.

Es tal el bochorno que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado dos sentencias en las que considera el caso español una anomalía y califica de sorprendente que un certificado expedido por el secretario general de un obispo tenga el mismo valor que el de un funcionario público.

Y es que una vez más el actual ejecutivo PSOE-UP olvida sus promesas para atender las pretensiones de los más privilegiados y las instituciones más reaccionarias y parasitarias como la Iglesia católica. Sabemos que el PSOE sigue siendo, desde la Transición, un puntal decisivo del régimen sea defendiendo al rey, a los militares y policías, a los jueces, a los jerarcas del Ibex 35 y, por supuesto, a la Iglesia católica, cuyos privilegios resguarda, al tiempo que impide que la exigencia democrática de separación Iglesia-Estado se haya hecho nunca efectiva. Otro ejemplo reciente es el de la Ley de Educación-LOMLOE, que hace equilibrios malabares para sacar la enseñanza de la religión de la escuela pública pero sin sacarla, o lo que es lo mismo, dejándola dentro del ámbito escolar y continuando con la financiación de los profesores de religión. Y financiando públicamente la educación concertada religiosa.

Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante la complicidad de Unidas-Podemos con este atropello. Como socio de coalición, es corresponsable de la decisión del Gobierno, ante la cual ni siquiera ha hecho protestas verbales, como acostumbra.

Los compromisos están para cumplirse, anulación por ley de las inmatriculaciones irregulares

Es hora ya de que la Iglesia católica se autofinancie con las cuotas de sus fieles y no de los Presupuestos Generales del Estado.

Es urgente derogar el acuerdo de 1979 con el Vaticano, que le exime del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otros, y obligarle a pagar sus impuestos. La Iglesia es además financiada, aparte de los fondos de la enseñanza concertada, a través del IRPF, donde marques o no la casilla, pagas igual.

Es una auténtica vergüenza el incumplimiento descarado (uno más) por parte del Gobierno PSOE-UP del compromiso con el que se presentaron a la investidura. El robo de las inmatriculaciones eclesiásticas sólo se puede solventar anulando por Ley todas las inscripciones irregulares que han hecho en el Registro de la Propiedad y devolviendo los bienes expoliados a sus legítimos dueños.

¡¡Es hora de poner fin YA a los escandalosos privilegios de la Iglesia católica!!