El pasado miércoles día 9 de diciembre, una nave industrial del Gorg ocupada por alrededor de 150 personas se incendió debido a una gran explosión. La tragedia ocurrió sobre las nueve de la noche y se necesitaron 30 dotaciones de bomberos trabajando hasta lograr sofocar el fuego. La madrugada del jueves se encontraron tres personas sin vida y, por la magnitud del incendio, no se descarta que se puedan encontrar alguna víctima más una vez se pueda acceder al edificio. A pesar de que todavía no se han podido determinar las causas, algunos testigos aseguraron que se había tratado de una sobrecarga de la red eléctrica debido a la cantidad de personas que estaban conectadas (incidente que ya se produjo en enero del 2019 en la misma localidad).
La nave hacía más de diez años que estaba ocupada por entre 100 y 150 personas que en muchos casos no habían podido regularizar su situación y que, además, soportaban unas condiciones de vida deplorables. El alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, ha declarado que el ayuntamiento conocía la situación del polígono: sabían aproximadamente el número de personas que lo habitaban y que había riesgo de incidente. Eran perfectamente conscientes de la situación dramática en la que se encontraban las familias, e incluso ha explicado que habían regulado hace poco tiempo la situación de niños que habitaban el polígono. A continuación, Albiol ha señalado que la mayoría de habitantes eran inmigrantes subsaharianos para criminalizarlos diciendo que causaban problemas. El alcalde ha añadido también que se han intentado censar a las personas que estaban en el polígono durante el incendio, y que de las 60 que han registrado, sólo 15 aceptaron ayuda de los servicios sociales y pasar la noche en un centro de acogida. Una “ayuda” que llega tarde y mal, y además pretendiendo culpabilizar a las víctimas en lugar de aceptar responsabilidades.
Varias fuentes, testigos, ocupantes y la misma ex-alcaldesa de Badalona han denunciado la presencia desproporcionada de policía (que claramente no es necesaria en estas proporciones para parar un incendio) y el trato denigrante que much@s de l@s supervivientes han recibido, teniendo que esperar hasta tres horas para poder recibir ayuda de los servicios sociales de la ciudad. Es más que evidente que el incidente, lejos de ser responsabilidad de las personas que ocupaban la nave, ha sido un caso de negligencia reiterada por parte de la administración, que a sabiendas de las condiciones en las cuales estaban no proporcionaron una alternativa habitacional digna.
Pero ésta no es ni mucho menos una situación aislada. La gestión de la pandemia por parte del gobierno estatal, autonómicos y municipales ha supuesto el abandono absoluto de los sectores más empobrecidos. Los ERTEs y EREs que no se han cobrado, las ayudas que no han llegado a quienes más lo necesitaban, la continuación de los desahucios y las medidas que salvan a las grandes empresas y dejan a l@s trabajador@s en la estacada no han hecho más que empobrecer a la clase trabajadora, que, como siempre, tiene que asumir las consecuencias de una crisis de la cual no es responsable. Estas consecuencias las han sufrido de forma especial los sectores más vulnerables, entre ellos, los y las migrantes, que ante la imposibilidad de regularizar su situación, de acceder a ningún tipo de ayuda o a una vivienda digna, han quedado relegados a la miseria.
Así, ¿cómo se puede entender que en una ciudad con más de 500 viviendas vacías desde hace años en manos de grandes tenedores, haya centenares de personas viviendo en condiciones pésimas en un polígono y no se les ofrezca ayuda?
Por eso exigimos un plan de choque sociosanitario para la clase trabajadora, la juventud y el pueblo pobre. Empezando por la prohibición real de todos los desahucios y todos los despidos y pasando también por la expropiación de los pisos vacíos en manos de grandes tenedores, la suspensión de la deuda con los bancos priorizando el bienestar de la población antes que las ganancias de los banqueros y grandes empresarios. Es imprescindible, además, la derogación de la Ley extranjería y la regularización de todas las personas migrantes, la garantía de viviendas y de ingresos suficientes para toda la clase trabajadora. Por otro lado, sabemos que estas medidas nunca serán promovidas por Xavier García Albiol, que, a pesar de conocer la situación que se sufría en el polígono, no sólo ha mirado hacia otro lado durante todo este tiempo, sino que además ha querido rehuir su responsabilidad criminalizando a las víctimas. Sus políticas racistas y profundamente clasistas han resultado asesinas, por eso exigimos su dimisión.
La Administración era consciente de lo que estaba sucediendo y, como en la gran mayoría de ciudades de Cataluña, se miró hacia otro lado en vez de garantizar el derecho a una vivienda digna. Nunca falta tiempo para salvar a las grandes empresas; se toman las medidas que sean necesarias para rescatar a los bancos, en cambio no hay prisa para salvar la vida de la gente humilde y trabajadora. Los rebrotes fulminantes en las residencias de gente mayor, la falta de transporte público en plena segunda oleada, los contagios en masa entre trabajador@s irregulares en los campos son sólo algunos ejemplos. Lo que ha sucedido en Badalona es la expresión más descarnada de un sistema donde unos pocos siguen enriqueciéndose por encima de la vida y la salud de la gran mayoría.
Por último, queremos transmitir todo nuestro sentir y apoyo a los familiares y amig@s de las víctimas. La tragedia sucedida hace que las palabras de Rosa Luxemburgo recobren hoy más vigencia que nunca: Socialismo o barbarie.