¡Es hora de movilizarse y de desobedecer, no de contemporizar!
En una de sus actuaciones más canallas, el 29 de abril el gobierno Rajoy impugnó ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley sobre emergencia habitacional y pobreza energética del Parlament de Cataluña (Ley 24/2015). Este ley respondía a una ILP promovida por la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética y había sido aprobada el julio de 2015 bajo una fuerte presión social, a tal punto que ningún diputado se atrevió a votar en contra, ni siquiera los del PP.
Por Corrent Roig
El gobierno Rajoy al servicio directo de la banca
Al servicio directo de la banca y de las grandes inmobiliarias, Rajoy ha recorrido justo los artículos de la Ley 24/2015 que limitan el poder omnipotente de los bancos y grandes inmobiliarias: la prohibición de desahuciar sin ofrecer una alternativa de alquiler social, la cesión obligatoria durante tres años de sus pisos vacíos o la posibilidad que el juez acordara la cancelación de la deuda hipotecaria.
Para tener una idea de la repercusión de la impugnación, tenemos que considerar que en Cataluña se están desahuciando cada día a 43 familias y que durante 2015 fueron expulsadas 16.000!.
La cumbre institucional decide «esquivar» al Tribunal Constitucional
El 3 de mayo se ha celebrado una cumbre en el Palau de la Generalitat, convocada y presidida por el Presidente Puigdemont, para tratar sobre la impugnación. Han asistido el Govern, los grupos parlamentarios, la PAH, entidades sociales y sindicales y una amplia representación municipal catalana, empezando por la Alcaldesa Colau.
El gobierno Puigdemont-Junqueras ha defendido una «estrategia útil y eficiente«. Dicho en otras palabras: nada de ratificar la ley impugnada (sería cometer «fraude de ley») y menos aún aplicarla, desobedeciendo la suspensión, porque esto -dicen- no serviría para «mantener la unidad» y tampoco para «obligar las entidades financieras«. O sea, una justificación de su cobardía. Sobre esta base, la cumbre ha acordado elaborar una nueva ley que «esquive» la suspensión del TC (y que muy presumiblemente también será impugnada).
La posición de la PAH
Los representantes de la PAH han aceptado esta estrategia, al tiempo que han pedido que se utilicen otras posibilidades legales vigentes como por ejemplo las multas a los propietarios que acumulan pisos vacíos, la elaboración de un censo de viviendas vacíos o la norma urbanística que obliga a disponer de un 15% de vivienda social. Al mismo tiempo, han protestado porque Govern y ayuntamientos no están utilizando las posibilidades de los artículos no impugnados de la ley 24/2015, que permiten multar de oficio a las compañías que cortan el agua, luz o gas sin consulta previa a los Servicios Sociales así como también firmar convenios con las compañías para que se corresponsabilitzin de los recibos de las familias no pueden pagar. La Alcaldesa Colau enseguida ha manifestado su acuerdo con los planteamientos de la PAH.
Hay que movilizar y desobedecer, no contemporitzar
Nosotros, en cambio, queremos manifestar nuestra discrepancia con la PAH. Concordamos en la crítica al Govern de la Generalitat y a los ayuntamientos por no haber utilizado las posibilidades legales de que disponían y todavía disponen, pero no estamos nada de acuerdo en su política general de contemporización.
En primer lugar por la renuncia que se ha hecho a la movilización masiva, puesto que la reacción a la suspensión ha quedado limitada a quejas verbales y a la protesta institucional, pero no se ha convocado una manifestación multitudinaria que, a buen seguro, contaría con la participación de centenares de miles de catalanes. Esta renuncia a la movilización en la calle forma parte de una estrategia que trata de evitar el enfrentamiento con el TC y busca legalismos inciertos para «esquivar» las consecuencias de la suspensión.
Pero la realidad es que la ley fue aprobada por unanimidad, que responde a un gravísimo drama social y que toda la población trabajadora del país, que es la inmensa mayoría, entendería sin problemas que está más que justificado desobedecer la sentencia: es decir, ratificar la ley, aprobar su reglamento y aplicarla, digan el que digan Rajoy y el TC.
Que esto provocaría un choque de trenes institucional y que los bancos se resistirían, está fuera de duda. Pero también lo está que las condiciones para emprender esta batalla y ganarla son difícilmente mejorables.
El diputado Joan Tardà se pronunció para desobedecer la suspensión del TC y aplicar la ley impugnada, pero mucho nos tememos que sólo son palabras de campaña electoral. No vemos el vicepresidente Junqueras ni a ERC en este barco. Nada que ponga en duda su «responsabilidad institucional».