«(…) Es nuestra obligación ofrecer a estas 600 personas un puerto seguro. Cumplimos con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitaria.”
Tweet de Pedro Sánchez publicado a comienzos de verano tras ordenar el recibimiento del “famoso” barco Aquarius, hecho que fue “aplaudido” por los gobiernos europeos y que conmovió a la población de este país.
La ilusión social es más que normal ya que esta acogida se da en un contexto mundial de ofensiva contra los inmigrantes: el EEUU de Trump encarcela a niños inmigrantes, la Italia de Salvini prohíbe la entrada de barcos que rescatan inmigrantes a sus puertos y la Francia de Macrón acelera la expulsión de “aquellos que no tienen derecho de asilo”, es decir, de la mayoría de los inmigrantes.
Sin embargo, esta bienvenida no ha durado ni un soplo de aire fresco. El pasado 13 de agosto,El “Aquarius”,esta vez con 141 inmigrantes rescatados a bordo, no pudo desembarcar en los puertos del Estado Español porque según el Gobierno “no es el puerto más cercano, y por tanto, no el puerto más seguro”.
Evidentemente, para el PSOE la solidaridad con los inmigrantes o la cercanía, seguridad y apertura de los puertos no depende de la crisis humanitaria sino de la estrategia mediática.
El PSOE nunca fue “humanitario” con los inmigrantes
Con Felipe González al frente el PSOE aprobó la ley de extranjería de 1985 que convirtió de la noche a la mañana a miles de personas en “ilegales”, susceptibles de ser devueltos a sus países de origen, encerrados en un Centro de Internamiento y que pasaron a ser personas de segunda clase. Ley que fue decretada como requisito para entrar a la Unión Europea y estrenarse como Frontera Sur de Europa. La valla de Ceuta (la primera de la Unión Europea) y los primeros CIE fueron proyectados y abiertos por este mismo ejecutivo.
Con Zapatero los ataques no cesaron. Se produjeron devoluciones en caliente, se colocaron las cuchillas en las alambradas de las vallas, se establecieron cupos de detenciones de inmigrantes para que a cambio la policía pudiese cogerse días libres y un largo etcétera de prácticas propias de Guantánamo.
Y por desgracia, con Pedro Sánchez la política antinmigrante continúa. El pasado 29 de junio 28 países de la UE, entre ellos el Estado Español, llegaron a un acuerdo migratorio que se resume en apostar por la apertura de centros “voluntarios” para migrantes, por más represión en la frontera sur y por negociar con los países del norte de África para que los migrantes se queden ahí. Un acuerdo que refleja la estrategia de convertir la UE en una fortaleza mientras sigue expoliando los recursos en el resto del mundo.
Por si no fuera suficiente, Pedro Sánchez el año pasado aseguró a la conocida activista antirracista Helena Maleno que rechazaba rotundamente las devoluciones en caliente. Pues bien, solo han hecho falta dos meses en el gobierno para que su ejecutivo haya optado por defender estas devoluciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “No hay una expulsión sino una prevención de entrada»(el mismo argumento utilizado por el PP).
El racismo institucional no se combate con agua tibia
Esta actuación debería ser cercada por los partidos institucionales que se reclaman “de izquierdas”. Sin embargo, las únicas respuestas con los que se ha encontrado el Gobierno por parte de Unidos Podemos han sido “solicitudes” de Pablo Iglesias de cesar las devoluciones en caliente o “voluntades” como la de Ada Colau de abrir el puerto de Barcelona.
Desde Corriente Roja tenemos claro que cuando está una guerra declarada contra nuestros hermanos no hay respuestas tibias que valgan.
No aceptamos que existan personas de primera y segunda clase. No aceptamos ni una muerte más. Exigimos que se derogue el acuerdo migratorio, la ley de extranjera, que se abran los puertos y las fronteras.