El PSOE y UP han llegado a un preacuerdo para constituir un «gobierno de coalición progresista». Tras el fiasco electoral de Sánchez, la bajada de UP y la embestida de la ultraderecha Vox, lo que en seis meses fue «imposible» se ha hecho realidad en 36 horas.
Habrá que esperar unos días para ver si consiguen los apoyos para la investidura y para conocer el programa de gobierno y quién lo formará. De momento, tenemos las bases del preacuerdo, que son ya muy elocuentes; y sabemos también que Iglesias ocupará una «vicepresidencia social», junto a Carmen Calvo (vicepresidencia política) y Nadia Calviño, la delegada de la UE en el Gobierno, de vicepresidenta económica.
Hay compañeros y compañeras luchadores que han respirado aliviados ante el preacuerdo alcanzado. Piensan que un gobierno PSOE-UP frenará a la extrema derecha y confían en que hará concesiones sociales al pueblo trabajador y en que abrirá vías para una solución democrática al problema catalán. Se van a llevar un doloroso desengaño.
Sin duda, la UE y los grandes empresarios del Ibex 35 preferirían un gobierno PSOE-PP, pero se han adaptado rápidamente a las circunstancias. El diario El País anuncia que «Bruselas acoge con alivio el desbloqueo político en España” (El País 12/11/19). La gran patronal catalana se pronuncia en términos parecidos: “El preacuerdo de gobierno da un mensaje de responsabilidad de las fuerzas políticas”.
Y es que, efectivamente, no estamos ante una radicalización del PSOE ni ante un gobierno que mire a la izquierda. Por el contrario, estamos ante la entrega de UP en brazos del PSOE. UP admite expresamente que la dirección política y económica del Gobierno le corresponde al PSOE y la asume con «lealtad y solidaridad gubernamental». UP se limitará, tutelado por Nadia Calviño, a gestionar «ministerios sociales». Este es el precio de la ansiada vicepresidencia de Iglesias y de unos cuantos sillones ministeriales.
Sánchez e Iglesias se jactan en el preacuerdo de que su futuro gobierno será «referente de la protección de los derechos sociales en Europa«, pero a la UE no le preocupan nada las frases altisonantes: “el frente económico tampoco parece inquietar demasiado en Bruselas, tras un principio de acuerdo de Gobierno de coalición que, de manera expresa, supedita las futuras medidas sociales ‘a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa«.
Sumisión a la Unión Europea
La sumisión a la UE es uno de los puntos clave del acuerdo de coalición: todo se hará bajo los dictados de la UE, de la Europa de las multinacionales, los bancos y los fondos de inversión. Para la UE, «la continuidad de Nadia Calviño como ministra de Economía sería la mayor garantía de que España seguirá en la misma senda presupuestaria que hasta ahora.» (El País)
Es muy significativo que, en esta línea, el preacuerdo no mencione la derogación de la reforma laboral de Rajoy (no digamos ya la de Zapatero), algo que Nadia Calviño ya había descartado hace meses. En realidad, el PSOE se ha comprometido recientemente ante la UE a ir más lejos, implantando la llamada «mochila austríaca«.
Por supuesto, el preacuerdo mantiene intacto el artículo 135 de la Constitución que votaron PSOE y PP y que fija como «prioridad absoluta» del Estado el pago de los servicios de la Deuda Pública a bancos y fondos de inversión, por encima de cualquier prioridad social.
El preacuerdo engaña sobre las pensiones cuando habla de su «blindaje«. Escudándose en la «revalorización conforme al coste de la vida» (muchas veces prometido por Sánchez pero nunca plasmado en ley), están planteando, en realidad, una nueva contrarreforma en nombre de la «sostenibilidad«.
Juntos contra Cataluña
El otro punto clave del acuerdo de gobierno es Cataluña. El precio de la vicepresidencia es la venta de Cataluña. Iglesias ya había admitido que si entraba a un gobierno de coalición, aceptarían lealmente que Sánchez impusiera el 155. Antes de la campaña electoral, ha renunciado también al referéndum pactado. Ahora, en el preacuerdo, asumen directamente el punto de vista del PSOE. Ya no van a cuestionar las amenazas de Sánchez y Marlaska y su represión, ni la rotunda negativa del PSOE a reconocer el derecho a la autodeterminación a Cataluña. Ahora, también para UP, el problema es » la convivencia en Cataluña» .
Pero no lo van a tener fácil porque el pueblo catalán no se va a rendir, a pesar de buena parte de sus dirigentes políticos. Lo ha demostrado en la respuesta a la brutal sentencia del Supremo y hasta en las elecciones, donde el independentismo ha logrado sus mejores resultados en unos comicios generales.
Así no se combate a la extrema derecha
El gran argumento de UP para justificar la coalición con el PSOE es la necesidad de frenar a la extrema derecha. Pero si Vox ha llegado a donde está, no es sólo porque el PP y C’s le hayan dado carta de ciudadanía. El PSOE ha contribuido decisivamente al entrar en competición con PP y C’s para ver quién era más brutal con Cataluña. En esta carrera sólo podía ganar Vox, con su exigencia de detención de Torra, ilegalización de los partidos independentistas, estado de excepción, eliminación radical de la autonomía catalana y fin del «estado de las autonomías». Vox ha hecho una campaña xenófoba y racista contra los inmigrantes sin que el PSOE ni UP le hayan plantado cara, más allá de agitar el espantajo de la ultraderecha.
Abascal ha recogido votos principalmente entre los franquistas y los señoritos de los barrios ricos, pero también entre los sectores socialmente más castigados. Estos sectores han sido contaminados por el discurso venenoso que culpa a los inmigrantes de la ruina social provocada por el gran capital y sus gobiernos. Podemos, cuando aparecía como una fuerza anti-sistema era un freno a la ultraderecha. Su plena integración en el «régimen del 78», convertido en fuerza auxiliar del PSOE sólo puede facilitar el fortalecimiento de Vox que, salvo que desde la izquierda levantemos una alternativa confrontada al gobierno, va a aparecer como la única fuerza política de oposición al gobierno de coalición.
Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden
El gobierno PSOE-UP viene con la intención de estabilizar la situación política al servicio de la Monarquía y a gobernar la desaceleración económica y la probable recesión que se avecina, según los dictados de la UE y del Ibex 35. A cambio aprobarán algunas medidas parciales para intentar justificar lo injustificable y harán mucha política de escaparate. Pero con Cataluña alzada, la inestabilidad se va a profundizar y, una vez que pase un cierto tiempo, la movilización social será retomada, esta vez contra el gobierno PSOE-UP, a pesar de la complicidad de la burocracia de CCOO-UGT y de sus intentos de instrumentalizar organismos unitarios como la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones
Como decíamos al principio, hay compañeros y compañeras luchadores que miran con confianza, aunque sea relativa, al nuevo gobierno de coalición. La vida dará y quitará razones, pero todos y todas, juntas, queremos parar los pies a Vox; derogar las reformas laborales y acabar con la precariedad; que las pensiones dependan de los Presupuestos y que ninguna esté por debajo de 1.084 euros; que se amnistíe a los presos políticos catalanes, se acabe la represión y Cataluña pueda decidir libremente su futuro; que se cierren los CIEs y se reconozcan los derechos a los inmigrantes; que haya recursos de verdad y no palabrería para combatir la violencia machista y se depure el aparato judicial. Todos y todas, juntos, vamos a seguir luchando por estas reivindicaciones, gobierne quien gobierne
Ante la situación que se avecina hay que:
- extender y reforzar la solidaridad con el pueblo de Cataluña
- denunciar y hacer frente de manera sistemática a la extrema derecha de Vox
- prepararse para retomar la lucha masiva ante las agresiones que vendrán del nuevo gobierno y organizar la oposición de izquierda.