El campo andaluz ha venido sufriendo un importante retroceso que afecta no solo al modelo productivo, sino también a las relaciones laborales.
El peaje que España tuvo que pagar para integrarse en 1986 en el engranaje de la UE, consistió en deshacerse o reconvertir las ramas productivas que, dentro de la división europea del trabajo, podían hacer competencia a las que ya se habían adjudicado las principales potencias. La “reconversión” subordinó la Agricultura y la Ganadería a Francia y la Industria a Alemania, destruyendo sectores enteros.
La reconversión no solo paralizó la modernización agrícola que a finales de los años 70 y principios de los 80 venía dándose, sino que ha ido desmantelando ramas como la remolacha, algodón, tabaco, leche…, hasta el punto que se pasó de ser un sector exportador a tener que importar productos básicos. Entre 2003 y 2010 el Estado español perdió el 20% de las exportaciones.
El desmantelamiento sirvió para priorizar la agricultura y ganadería francesa y sus inversiones en el exterior, como es el caso de Marruecos, donde las multinacionales francesas, aprovechando la mano de obra barata, la flexibilidad en las exigencias fitosanitarias y el apoyo del gobierno marroquí, controlan el 43% del total de las inversiones extranjeras que recibe Marruecos.
La Política Agraria Común (PAC) vinculada a la extensión de tierras y no a la producción
Para desmantelar el campo, la UE cambió el mecanismo de ayudas conocido con el nombre de Política Agraria Común (PAC), premiando a los grandes terratenientes improductivos en detrimento de los pequeños agricultores que producen, al vincular dicha ayuda al número de hectáreas y no a la producción, beneficiando en última a los latifundios.
De un total 5.160 millones que recibe el campo en Estado español en subvenciones de la PAC, el 80 % se lo reparten entre un 20% de beneficiarios, independientemente de si trabajan la tierra o no, por el solo hecho de ser terratenientes y propietarios de grandes superficies. De hecho, entre los 900.000 perceptores de ayudas de la PAC, solo 320.000 cotizan a la Seguridad Social, esto significa que solo un tercio de los que reciben ayudas trabajan en el campo.
Como hicieron con la reconversión industrial, las ayudas de la UE al campo solo contribuyen “en nombre de la regulación del mercado” a liquidar los sectores productivos y privilegiar a la los terratenientes rentistas, acabando con la producción en el campo y generando altas tasas de desempleo.
Comercializadoras: ruina para los pequeños agricultores y desempleo para los trabajadores.
Sin embargo, las pequeñas explotaciones no solo sufren las políticas de la UE, sino que también se enfrentan al acoso que ejercen un puñado de comercializadoras que tienen el monopolio en la distribución y comercialización de los productos y que, mediante su política de precios, siempre a la baja, provocan la quiebra de estas pequeñas explotaciones
Las consecuencias de estas políticas ha generado la ruina de miles de pequeñas explotaciones. Según el INE, en 2009 se constató un descenso de un 44’7% en las explotaciones agrarias en los últimos diez años. Son los pequeños agricultores quienes están siendo despojados del campo, mientras los terratenientes de toda la vida siguen acumulando tierra y beneficios.
En cuanto a la producción, el retroceso es aún más grave. En productos como el tabaco se pasó de 16.000 hectáreas a unas 8.000; el algodón cayó de 90.000 a 50.000 hectáreas y la remolacha pasó de 982.000 a 498.000 toneladas de producción.
Sin duda, todo esto ha generado un fuerte desempleo en el sector, que en comunidades como Andalucía, amenaza la propia existencia de pueblos enteros que viven de la agricultura.
Mayor precariedad e irregularidades en el campo
El resultado de estas políticas ha condenado a los trabajadores del campo a una situación de absoluta precariedad laboral y desempleo masivo, que en zonas agrarias de Andalucía llegan a superar el 40%.
Dentro de los jornaleros, son los jóvenes y principalmente las mujeres quienes más sufren este nuevo patrón de explotación con jornadas interminables por unos salarios de miseria. En muchos caso, son directamente condenadas al desempleo por el hecho de ser mujeres, como está ocurriendo en la comarca de La Vega del Guadalquivir con el entresaque del melocotón.
El Plan de Empleo Rural (el PER)
El aumento de la explotación se expresa no solo en el incumplimiento de los convenios por parte de la patronal, sino también en los muchos casos en que ni siquiera dan de alta a los trabajadores para ahorrarse la Seguridad Social, sin que las administraciones hagan nada por evitarlo.
Esta práctica cada vez más habitual, que los mismos terratenientes y sus gobiernos lacayos de la UE nos imponen, atenta gravemente contra los derechos de los trabajadores, dificultando que los jornaleros puedan reunir las 35 peonadas para poder cobrar el PER, mientras a los terratenientes se les infla de subvenciones mediante las ayudas de la PAC, simplemente por el número de hectáreas y sin estar obligados a trabajar la tierra.
El colmo de los trabajadores de la Vega
Los 1700 jornaleros de la empresa Agrícola Espino S.L.U, han sido víctimas de este engranaje que vienen imponiendo en el campo. Esta empresa decidió no cotizar las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores. Frente a esto, la Administración con el beneplácito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en lugar de culpar a la empresa que ha robado, ha resuelto castigar a los trabajadores del campo, condenándolos a devolver las prestaciones de los años trabajados, además de imponerles fuertes sanciones económicas.
Necesitamos un plan de lucha
Debemos combinar la lucha contra esta sentencia infame que lleva a la ruina a miles de familias y a la comarca de la Vega del Guadalquivir, con la lucha más de fondo de la retirada del decreto de las 35 peonadas para el cobro del PER, el único sustento para muchas familias entre campaña y campaña.
Del mismo modo, es necesario retomar la reivindicación de la Reforma Agraria, que se enfrente a la PAC, a las comercializadoras y a la concentración de la tierra, mediante la nacionalización de los grandes latifundios improductivos de Andalucía, que ponga la tierra en las manos creadoras de riqueza de los jornaleros y jornaleras, que combata la alta tasa de desempleo y frene la emigración de los pueblos.
También es preciso obligar a la Administración a poner en marcha un mecanismo que regule el precio de los productos agrícolas y frene las políticas de extorsión que ejercen las comercializadoras contra los pequeños agricultores. Además de facilitar el crédito y contribuir a la modernización del campo.
Es una lucha por la supervivencia del campo, que nos va a llevar a enfrentarnos de lleno con la UE, que mediante la PAC y sus políticas de restricciones a la producción, está acabando con el trabajo productivo en el campo y con las pequeñas explotaciones agrícolas, fortaleciendo a su vez a los grandes terratenientes rentistas e improductivos, que siguen acumulando riqueza y tierra.