Desde marzo venimos escuchado (y sufriendo) cómo el precio de la luz alcanza su máximo histórico día tras día ante la impasibilidad de un gobierno que, presionado por la creciente indignación popular, ha lanzado un paquete de medidas temporales dejando tras de sí una factura de la luz un 35% más cara con respecto a 2020.
Pero es que llueve sobre mojado; a pesar de que el consumo de electricidad se ha reducido más de un 13% desde la crisis de 2008, (6% durante el último lustro) los beneficios del oligopolio eléctrico no paran de aumentar: Endesa, Iberdrola y Naturgy, el llamado “tripolio”, que controla el 85% del mercado español, ha engordado sus cuentas un 23% los últimos 5 años, llegando a embolsarse un promedio de 700.000 euros por hora, 7.000 millones al año.
Las eléctricas achacan la subida de la factura de la luz al encarecimiento del gas natural y de los derechos de emisión de CO2 en los mercados internacionales. Este argumento también fue esgrimido por Pedro Sánchez, incluso en el momento que anunciaba la cercana aprobación del “Plan de Choque” para abaratar la factura un 22%, entrando en contradicción con el mismo, ya que éste obliga a las eléctricas a devolver 2.600 millones “caídos del cielo”, esto es, lo que se embolsaron vendiendo al mismo precio la electricidad producida por medios donde el gas natural no interviene, el 73% del total de la producción nacional. A pesar de que estamos ante un obvio método especulativo, por el que el “tripiolio” marca el precio mayorista de la electricidad acorde al del método más caro de producción (en el que interviene el gas natural), este sistema de fijación de precios está respaldado por el Estado y el actual “Plan de Choque”, que lo pretende limitar, tiene fecha de caducidad: el 31 de marzo del próximo año volveremos a estar expuestos a este mismo mecanismo.
El “Plan de Choque” también contempla invertir en la reducción de la factura lo que el Estado ha recaudado de las eléctricas por su emisión de CO2 durante este periodo: 900 millones de euros que en realidad desembolsamos los usuarios previamente, pues las eléctricas cargan los costes por emisión de CO2 en la factura. Esta contaminación, que las eléctricas se permiten a nuestra costa, sigue la lógica “ecologista” del capitalismo: poner precio a la destrucción medioambiental. Y esta es la máxima con la que el oligopolio eléctrico acude a los fondos europeos destinados a la “reconversión verde”, para la que piden 64.000 millones de euros en total.
A pesar del carácter temporal de las medidas y el compromiso del gobierno a dejar intactos el 10% de los beneficios “extraordinarios” de las eléctricas (fijando un precio mínimo a cobrar de 20 euros el megavatio-hora, lo que les reportará 290 millones “caídos del cielo”), el “tripolio” no tardó en amenazar con cerrar las centrales nucleares, las cuales cubren en torno al 22% de la demanda eléctrica nacional.
De las 5 centrales nucleares operativas en la actualidad, solo la construcción de una, Cofrentes, fue financiada al 100% por capital privado, el resto, al igual que ocurre con las centrales térmicas (responsables de más del 10% la producción eléctrica), y gran parte de las presas hidráulicas (12% de la producción) se construyeron y mantuvieron durante décadas con dinero público, hasta que Endesa, empresa pública creada en 1944, finalizó su proceso de privatización, iniciado en 1988 por Felipe González (PSOE) y culminado en 1995 por Aznar (PP). Tanto la Endesa privatizada, como Iberdrola y Naturgy hacen uso de estos recursos para enriquecerse, recursos fraguados por la explotación de la clase trabajadora bajo el régimen represor del franquismo y su falsa transición.
Conviene recordar que los lazos entre el Estado y esas compañías son largos y estrechos. Tres presidentes de Gobierno pasaron los Consejos de Administración o fueron contratados como asesores de estas empresas: Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González (Naturgy) y José María Aznar (Endesa). De esa lista formaron parte más de 20 ministros, del PSOE y el PP (Miguel Boyer, Pedro Solbes, Luis de Guindos, Rodrigo Rato, Elena Salgado, Josep Borrell; Narcis Serra; Javier Solana…) así como una interminable lista de secretarios de Estado que pasaron de diseñar e impulsar las normas que rigen el mercado eléctrico a cobrar sueldos millonarios gracias a estas “puertas giratorias”. Tampoco es de extrañar que estas multinacionales se consideren intocables y amenacen con pleitos al Estado en cuanto se les toca un euro, así sea “caído del cielo”. No en vano esas multinacionales tienen hoy a su servicio más abogados de Estado en excedencia que tiene el propio Estado en activo.
El denominado “Plan de Choque”, que UP reclama como una victoria de la que se apunta el tanto, está por demostrar qué consecuencias tiene sobre el recibo de la luz, ya que el elevado precio mayorista sigue su curso y el Plan no ha abordado ni un solo cambio en las medidas estructurales que detrás del aumento disparatado de la energía eléctrica: el sistema de fijación de precios y el control del proceso de producción, distribución, almacenamiento y comercialización en manos de Endesa, Iberdrola y Naturgy. En definitiva, es la propiedad privada ostentada por el oligopolio eléctrico sobre un recurso vital para la mayoría trabajadora lo que este gobierno no está dispuesto a cuestionar.