El Gobierno Rajoy, al frente del régimen monárquico, secundado por Ciudadanos y el PSOE, ha dejado claro que no permitirá de ninguna manera el referéndum.
Corrent Roig
El Govern de la Generalitat ha contestado que el referéndum responde a la voluntad de más del 75% de la población catalana, que no acatará la prohibición del Tribunal Constitucional (TC) y que sólo obedecerá al Parlament de Cataluña. Puigdemont ha declarado que si es suspendido o inhabilitado como President, no lo aceptará porque él sólo se disciplina al Parlament.
El 6 de septiembre el Parlament aprueba la ley del referéndum (y antes del 1 de octubre la «ley de transitoriedad y fundacional de la República»). Rajoy y el TC tienen todo dispuesto para anular la ley en cuestión de horas y, si el Govern y los responsables parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP no obedecen la prohibición, encausarlos por sedición. Esto significa, de entrada, inhabilitaciones, cárcel y multas exorbitantes. No sabemos hasta dónde va a llegar Rajoy en su escalada represiva. La ministra Cospedal ha declarado que el Ejército y la Guardia Civil protegerían la unidad española “por tierra, mar y aire”, Albiol pide aplicar el artículo 155 de la Constitución y Sociedad Civil Catalana el «estado de sitio». El conflicto entra en la fase más álgida.
La clase trabajadora, la primera interesada en ganar la batalla del referéndum
Si el referéndum se realiza y cuenta con una participación popular masiva, será una victoria democrática enorme, no sólo del pueblo de Cataluña sino de todos los pueblos del Estado. Esta victoria agrietaría un régimen que nunca ha roto con la herencia franquista. Permitiría a la clase obrera abrir las compuertas a las reivindicaciones sociales, en Cataluña y en el resto del Estado. Cuestionaría un régimen político y social que -al servicio de una pequeña minoría de grandes empresarios y banqueros- desprecia la voluntad de la inmensa mayoría. Y sentaría bases reales para plantear una unión libre entre pueblos libres y no una unión forzada.
Por eso, la primera interesada en que el referéndum salga adelante es la clase trabajadora, que debee intervenir en esta crisis con voz propia, evitando convertirse en furgón de cola del nacionalismo español y del nacionalismo catalán.
Movilización para garantizar el referéndum y enfrentar las acometidas del Régimen
La primera tarea es asegurar que el referéndum tenga lugar y que la participación sea masiva. Es injustificable que Ada Colau y Catalunya en Comú no llamen a participar. Es también injustificable que Pablo Iglesias (contra la opinión de Podem-Catalunya) declare que él, «si fuera catalán, no iría a votar». No se puede ir diciendo que se está por la soberanía catalana y por el derecho a decidir y después, en la práctica, oponerse, fortaleciendo así la intransigencia de Rajoy.
La garantía del referéndum es la movilización general, empezando el Once de Septiembre y siguiendo por la resistencia masiva a las medidas del Estado para impedir el referéndum y a la represión que seguirá.
Junto con el sindicalismo alternativo, CCOO-UGT tienen la obligación de convocar a la huelga y a la calle, empezando por Cataluña, cuando Rajoy ataque las libertades y desate la represión. Toda la izquierda catalana y estatal digna de tal nombre debe secundar la movilización.
Por supuesto, no tenemos la menor confianza en Junts pel Sí: se lo han ganado a pulso por la oposición que han mostrado a las reivindicaciones sociales, por los recortes que han aplicado desde la Generalitat; por su pasada colaboración con los gobierno centrales y porque en el país independiente que quieren, el capital sigue siendo el amo y la Troika la máxima autoridad. Por eso, tenemos que estar alertas y exigir al Govern de la Generalitat que se mantenga firme en la convocatoria y realización del referéndum, en la no aceptación de las órdenes del TC y de Rajoy y en garantizar que los 17.000 Mossos d’Esquadra velarán realmente por el referéndum.