Hace más de dos años, los ministerios de Educación y Defensa firmaron un acuerdo de colaboración para que los estudiantes se «familiarizasen con los símbolos de unidad y defensa de España». Este acuerdo va viento en popa y no deja de desarrollarse (ya se están delimitando los contenidos, como son la monarquía y las Fuerzas Armadas) mientras que la calidad y la inversión en educación no deja de disminuir.

El régimen del 78 se vio amenazado por el referéndum catalán del 1O, pero parece ser que la negación del derecho a decidir de los pueblos y la materialización del 155 no va a ser la única medida que el Gobierno va a emplear para asegurar la permanencia y continuidad del espíritu franquista. Los contenidos lectivos que se plantean en este acuerdo se erigen sobre la base de la unidad de España y bajo el objetivo de reforzar la imagen de las fuerzas armadas y la Corona. Pura ideología del régimen monárquico en el currículo educativo de los estudiantes desde primaria hasta bachillerato, la cual cosa conlleva, también, la confesionalidad de la educación. Las lecciones aprendidas implicarán la aceptación de esa unidad de España forzosa, antidemocrática e incuestionable y serán aprobadas la irreflexión y la nulidad del sentido crítico. Los deberes pasarán por defender la actuación de las Fuerzas Armadas en conflictos internacionales. Las escuelas financiadas con nuestro dinero estarán obligadas, una vez más, a inculcar la ideología del estado. Para colmo, este convenio también contemplaría que el profesorado recibiese formación, ya que los ministerios de educación y defensa consideran que es necesario «mejorar los conocimientos» de los docentes sobre asuntos relacionados con la paz, la seguridad y la defensa de España.

Pero a nosotros no nos engañan. Nos quieren hacer creer que las fuerzas armadas y la policía, que tantas veces han cargado en manifestaciones con una brutalidad desproporcionada y han usado las porras para desalojar movilizaciones (solo hace falta acordarse del 1 de octubre catalán o del 15M en todo el estado español) están para asegurar la paz y el orden. ¿Nos dirán lo mismo el día que estudiantes y profesores/as llenemos las calles en defensa de la pública y se les descontrole la situación? Nos quieren hacer creer que el Rey es un símbolo de estabilidad y permanencia. ¿Un Rey al que nadie ha votado, que cobra millones y que la defensa de la constitución se le termina cuando se trata de derechos sociales como vivienda, trabajo, sanidad o educación? La comunidad educativa tenemos que decir basta a la manipulación en los contenidos de nuestra educación pública y responder de forma contundente. Los que adoctrinan no son los profesores/as catalanes sino el Gobierno y la Monarquía que defienden, a toda costa, el peor de los nacionalismos: el nacionalismo español, una cárcel de pueblos y de pensamiento crítico.

Tenemos que tener claro que estas medidas no son casualidad después del referéndum catalán del 1 de octubre que cuestionó la unidad de España y puso al orden del día el debate sobre la república. Este intento de “reforzar” los “símbolos españoles” y que las estudiantes los veamos con simpatía no son más que la culminación de la LOMCE, esa famosa ley que profundiza la presencia de la ideología nacional y del régimen franquista en nuestra educación, que impone la religión católica como asignatura puntuable, que segrega por sexos y que rechaza cualquier asignatura que desarrolle valores o pensamiento crítico.

¡No queremos volver a la educación de la época franquista! ¡Nos quieren callados y sumisos!

Es esencial que el profesorado junto con los estudiantes nos organicemos para parar esta aberración y degradación que el Gobierno Rajoy, en alianza con C’s, PSOE y la Corona quiere imponernos.

Los continuados recortes (la reducción de la próxima Partida presupuestaria en Educación a un 3’8% del PIB), la LOMCE y el 3+2 impiden una igualdad real entre los estudiantes. Corriente Roja decimos alto y claro que estos planes solo los podremos frenar con un arma: la calle. Volvamos a la movilización trabajadores/as y estudiantes para decidir cómo queremos que sea nuestra educación. ¡Ni el Gobierno ni las cúpulas sindicales deciden por nosotros/as!