Después de que un TC caducado aprobara tomar medidas cautelares ante la Reforma del Gobierno de la Ley por la que se abría la puerta a su renovación, el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace 4 años, se reúne a petición de los portavoces de la derecha reaccionaria para intervenir en esa renovación. Esta decisión supone un golpe de mano de un aparato judicial tomado por la derecha reaccionaria contra un gobierno que consideran advenedizo.
En los hechos, la derecha reaccionaria, con el objetivo más que manifiesto de recuperar el control del Estado y del gobierno para gestionar los 150 mil millones de euros que desde la UE están dando al capitalismo español, está transitando el camino que siguieron en Brasil con Bolsonaro o en los EEUU con Trump, tomar el control del poder judicial para frenar desde ellos cualquier cambio que les pueda perjudicar.
En esta línea, el TC y el CGPJ se están convirtiendo en las herramientas para recortar los derechos políticos y sociales (está pendiente el recurso del PP sobre al aborto, por ejemplo) aún más, dejando la democracia en un cascarón vacío: votar cada cuatro años a los que pueda cumplir los requisitos electorales, y los órganos parlamentarios sometidos permanentemente a su censura previa, estableciendo los límites de lo que se puede y no se puede legislar.
Sabemos que el gobierno no va a hacer lo único que se podría hacer, que el Senado y el Congreso sigan la tramitación parlamentaria de las leyes, desoyendo al Constitucional y disolviéndolo. Si dicen que estamos en una democracia, la soberanía no reside en los Tribunales sino en las instituciones resultado del voto: el Parlamento.
La pasividad frente al golpe de mano judicial pone de manifiesto la falsedad de la democracia bajo el régimen del 78: ¡son incapaces de defender con hechos los principios de la democracia burguesa! El recurso planteado por el PP no tocaba el fondo de la cuestión, que era la reforma del delito de sedición bajo la cual el gobierno PSOE UP introducía el de “desórdenes públicos”. Bajo una concesión a la cúpula nacionalista catalana con la revisión de la sedición, busca aprobar una modificación, la de los “desórdenes públicos”, que supone un torpedo a las luchas de la clase trabajadora y los pueblos y sus derechos políticos y sociales.
La defensa de estos derechos pasa por la desaparición de un aparato judicial endogámico, heredado del franquismo, donde los cargos se transmiten y los nombramientos se producen de arriba abajo, marginando a los sectores democráticos de la judicatura e impidiendo en los hechos la presencia de la clase obrera.
Para resolver esta situación no basta con medidas paliativas de “becas” para favorecer a sectores populares como ha intentado este gobierno, ni leyes donde entren jueces progresistas para “renovar” una institución caduca y profundamente reaccionaria. La ruptura con el franquismo debe llegar a todas las instituciones del régimen, comenzando con el aparato judicial.
Tampoco podemos esperar nada de los tribunales europeos como propone Unidas Podemos y, sino, veamos el ejemplo de Polonia o Hungría, donde hicieron cosas parecidas y a lo más que llegaron fue a “amenazar” sin consecuencias reales. Solo la movilización en la calle puede imponer un cambio en esas estructuras anquilosadas, con su democratización: todos los cargos de jueces y fiscales deben ser elegidos por la población. Las organizaciones sindicales, políticas y sociales deben llamar a la movilización en defensa de los derechos políticos y sociales, no solo amenazados por las reformas del gobierno, sino por el golpe de mano judicial que la derecha reaccionaria acaba de dar.
PAREMOS EL GOLPE DE MANO JUDICIAL
DISOLUCIÓN DEL TC Y DE LA AUDIENCIA NACIONAL
DEPURACIÓN DE JUECES NEOFRANQUISTAS