El nuevo gobierno ha dado comienzo al proceso de exhumación de los restos del dictador Franco. No podemos sino sentir alivio por dicho traslado, pero tampoco se puede dejar de hacer notar lo limitadísimo de la medida. En primer lugar porque el Valle de los Caídos se mantendrá como centro de culto franquista, y porque la tumba de Franco, aunque desplazada, se mantendrá como centro de peregrinación. Recordemos que en Alemania los gerifaltes nazis no tienen tumba conocida justo para evitarlo, y que el lugar de la muerte de Hitler fue transformado en un vulgar aparcamiento. Claro que allí los fascistas fueron derrotados…y aquí se reconvirtieron en “demócratas de toda la vida”.
Mientras tanto, decenas de miles de antifascistas continúan desaparecidos repartidos en fosas comunes y cunetas a lo largo y ancho de todo el territorio. Nos vienen al recuerdo nombres como Lorca, Blas Infante,… La política de estado de reparación y dignificación a las víctimas del franquismo ha sido mínima, y lo que se ha conseguido ha sido principalmente gracias a las asociaciones de memoria histórica. Para lo que sí ha habido política es para proteger a los criminales, como el torturador “Billy El Niño” que disfruta de una tranquila jubilación o para que lo robado se mantenga en mano de los ladrones, como el Pazo Meirás.
Pero no sólo alrededor de tumbas y monumentos está el debate sobre la herencia del franquismo. Nuestro actual régimen político conserva pesadas herencias de la dictadura, empezando por la monarquía (reinstraurada a dedo por el dictador) o partidos como el PP, cuyo presidente de honor (Fraga) fue ministro de Franco. Siguiendo por el ejército, que es muy patriótico pero cede territorio nacional al ejército yanki, donde encontramos a numerosos militares pronunciándose públicamente en defensa de la momia de Franco o incluso hablando de “solución militar” a la cuestión catalana. En la policía también encontramos formas más propias de una dictadura que de una democracia. Por ejemplo los montajes policiales que envían a activistas sociales a prisión por nada (el caso de Nahuel), la impunidad de los antidisturbios que golpean con saña a quien simplemente va a votar pacíficamente (1-O en Cataluña) o la para-policía política al servicio de las cloacas del Estado (Comisario Villarejo). Y no podemos olvidar a la Iglesia, por la que puedes ir a prisión si ofendes sus dogmas de fé, pero que aquí en la tierra ni paga impuestos.
Desde Corriente Roja entendemos que todavía está pendiente una ruptura con esas herencias, y para ello apoyamos un proceso constituyente que acabe no sólo con los monumentos fascistas, sino con el franquismo institucional. Un proceso constituyente democrático, republicano, que respete la autodeterminación de los pueblos y de protagonismo obrero y popular. Donde la justicia social y las libertades se constituyan como pilares intocables.
