¡Sí, se puede! Detener la catástrofe social.
La respuesta de Rajoy a los escándalos de corrupción que han convertido su partido en una banda de atracadores de fondos públicos ha sido, otra vez, burlarse del pueblo. Declarar que ésta es la “Navidad de la recuperación” es una burla para los millones de parados y las familias que no llegan a fin de mes, para los millones de jóvenes precarizados, para las 400.000 familias desahuciadas y todavía endeudadas con los bancos.
La mayoría de la gente trabajadora y la juventud ha mostrado su hastío hacia unos partidos e instituciones que han saqueado los presupuestos públicos para rescatar a los banqueros y no han dudado en hacerse cómplices de la falsificación de las cuentas de Bankia para estafar en masa a pensionistas y pequeños ahorradores. mientras tiraban de tarjeta black
Este hartazgo ha llegado a un punto en que la continuidad del dúo PP-PSOE está abiertamente amenazada en el próximo ciclo electoral. La amenaza lleva el nombre de Podemos, a quien cada vez más gente tiene intención de votar para quitárselos de encima. El ascenso de Podemos es ante todo el reflejo y producto de la agonía del régimen monárquico surgido de la transición, corroído por la corrupción y malherido por el movimiento independentista catalán.
Desde su victoria electoral en las elecciones europeas de Mayo, Podemos ha vivido un ascenso fulgurante que aún no ha tocado techo. Encuestas recientes lo sitúan como la primera formación política española en intención de voto, con cerca del 30%, a costa de tragarse a Izquierda Unida, darle un enorme bocado al PSOE e incluso “robarle” electorado al PP. Este ascenso electoral ha ido acompañado de la proliferación de círculos y de adhesiones individuales a través de Internet. Y también de una agresiva campaña mediática en contra instigada por los partidos del régimen, temerosos de perder sus sillones.
Un debate necesario
Podemos carga sobre sus hombros con una inmensa responsabilidad política, dada la posibilidad de derrotar en el próximo ciclo electoral a los partidos del régimen en su proprio terreno y acceder al gobierno. Las posibilidades de Syriza de acceder al gobierno griego en las elecciones de finales de enero dan al asunto máxima actualidad.
A finales de noviembre Pablo Iglesias hizo público, junto a los profesores Navarro y Torres, el programa-base económico de Podemos («Un proyecto económico para la gente»). Lo presentaron como «punto de partida para la discusión y elaboración de un programa económico de gobierno» e invitaron a su debate público. Cogiendo el guante, los artículos que siguen entran a ese debate, que queremos compartir con la gente de Podemos y con aquellos activistas y luchadores que ya tienen claro que le van a dar su voto. Es un debate necesario porque en paralelo al ascenso electoral de Podemos hay también un giro hacia «la centralidad del tablero político» que en realidad es un claro viraje a la derecha con respecto a las posiciones del manifiesto fundacional y del programa electoral presentado a las elecciones europeas.
Junto al programa económico tratamos también otro asuntos relevantes como la actitud hacia la cuestión catalana, la democracia en el interior de la organización o el proyecto sindical «Somos» impulsado por un sector de Podemos. Y un artículo de fondo sobre la corrupción.
El programa económico de Podemos: el diagnóstico y las medidas
Antes de entrar a debatir las medidas que propone el documento de bases de Podemos («Un proyecto económico para la gente») queremos decir, de entrada, que compartimos ampliamente su diagnóstico de la situación.
Coincidiendo en el diagnóstico
La primera coincidencia es con su afirmación de que “no es cierto que se esté produciendo la mejora económica que las autoridades afirman [sino que] nuestra situación es de emergencia y estamos ante el riesgo cierto de sufrir 15 o 20 años de desempleo masivo, de deuda impagable y de recortes de gasto que nos llevarían a una extraordinaria precariedad.» Una afirmación que se completa con la siguiente: “la situación empeora para millones de personas aunque, eso sí, las grandes empresas y bancos vuelvan a obtener elevados beneficios.»
La segunda coincidencia es sobre la insultante desigualdad social, acentuada estos años de crisis: «El 1% de las personas más ricas tienen tanto como el 70% de toda la población; las 20 mayores fortunas poseen tanta riqueza como el 30% más pobre de la población y la de tan sólo 3 individuos duplica la del 20% más pobre de la población española.» Y sigue más adelante: «cuando comenzaba la crisis solo 1.400 personas controlaban recursos que equivalen al 80,5% del PIB, una situación que hoy día posiblemente se haya agudizado»
Tercera coincidencia: “El problema de la deuda pública y privada es el más importante que tiene la economía española», hasta el punto que «incluso en el mejor de los casos, es decir, funcionando a la perfección los estímulos que hemos propuesto, puede ser que (…)la economía entrase en una depresión permanente y que la deuda siguiera aumentando por muchos que fuesen los recortes que se siguieran haciendo (…) Ésta es nuestra principal amenaza.»
La cuarta coincidencia es la camisa de fuerza que representa la UE y el euro: «es materialmente imposible -dice el documento- que se puedan llevar a cabo políticas que satisfagan el interés nacional, el de la inmensa mayoría de la población, en el marco del euro tal y como está diseñado. A lo que añaden que » si el euro fue diseñado así de mal y funciona de ese modo tan imperfecto no fue por mera casualidad o por un error de fábrica sino porque así es justamente como se satisface el interés de las grandes corporaciones y bancos y de una gran potencia como Alemania que, gracias a ello, viene aprovechándose del resto de las economías»
Un diagnóstico que no casa con las medidas
Nuestra coincidencia en el diagnóstico no se extiende, sin embargo, a las medidas que propone. Creemos, por el contrario, que hay un enorme desfase entre el diagnóstico y las medidas. Aunque luego lo razonamos a fondo, no queremos seguir adelante sin decir que, en nuestra opinión, las propuestas de Podemos no cuestionan ninguno de los elementos centrales del actual modelo económico (la cadena de la deuda, el poder de la banca y los grandes oligopolios, las normas y límites de la UE y el euro …). No lo decimos para dar muestras de pureza ideológica sino por puro «pragmatismo», pues estamos convencidos de que si no se abre un proceso consciente para cuestionar dichas bases, no es realista pensar que se pueden llevar adelante con éxito medidas para crear empleo digno, subir los salarios y las pensiones, mejorar los servicios públicos o dar casa a los sin techo.
Pensar que una victoria electoral de Podemos, incluso con mayoría absoluta, va a ser por sí misma un remedio milagroso que resolverá la emergencia social es una ilusión. Una victoria electoral tiene gran importancia en sí misma pero sobre todo como trampolín para ampliar y profundizar la movilización popular y elevarla a una nueva dimensión, también a escala europea. Sin ello no se podrá mantener y ampliar el Estado del bienestar, una tarea imposible sin romper la cadena de la deuda y acometer una ruptura con el orden vigente.
DEUDA PÚBLICA: MORATORIA Y AUDITORIA O «HACER LA DEUDA SOSTENIBLE»
Tal como hemos señalado antes, los profesores Torres y Navarro tienen toda la razón cuando plantean que el endeudamiento, y particularmente la deuda “pública”, es «el principal problema de la economía española.» Nos atrevemos a agregar que es también el elemento central del actual modelo económico español, dependiente y parasitario.
La burguesía española, con la oligarquía financiera en el puesto de mando, ha pasado de un modelo parasitario basado en el endeudamiento privado, con eje en la enorme burbuja inmobiliaria, a otro modelo parasitario, ahora basado en el endeudamiento público. En este nuevo modelo el gobierno, empobreciendo a la gran mayoría, expropia el presupuesto público para convertirlo en ganancia privada de los mismos banqueros y grandes empresarios que se enriquecieron en el boom del ladrillo.
Echamos en falta en el documento que, dada la transcendencia del problema, sus autores no hayan tratado el problema de cómo ha sido generada y de quién es la deuda. Y es que es preciso contestar estas preguntas para poder definir bien las medidas necesarias para romper con un modelo que somete y hunde al país y lleva a la ruina al pueblo trabajador.
El gobierno achaca el crecimiento de la deuda al déficit público pero esto no es verdad, porque ese déficit público aparente no es sino el resultado del atraco al que someten a los presupuestos. La crisis de la deuda pública es consecuencia de:
1. el endeudamiento público contraído para rescatar a los bancos quebrados,
2. la evasión fiscal y el sistema impositivo en que los más ricos, las grandes empresas y los bancos apenas pagan impuestos,
3. la corrupción generalizada de los partidos del régimen que han atracado el presupuesto en connivencia con constructores y banqueros.
La deuda pública: el nuevo gran negocio de los bancos
Lo primero a preguntarse es cuál fue el motivo principal del acelerón de la deuda pública. Y la respuesta es inequívoca: el endeudamiento masivo del Estado para “rescatar” a los banqueros que hundieron las entidades que dirigían mientras se forraban ellos y los constructores y especuladores inmobiliarios con los que compartían negocio. No conviene olvidar, sin embargo, que a quien realmente se rescató fue a los banqueros alemanes y franceses que hacían pingües beneficios prestando en masa a los bancos y cajas españoles los miles de millones de euros con los que se financió el boom.
El rescate bancario generó una montaña de deuda a la que se ha ido sumando, año tras año, el déficit público provocado por el saqueo del presupuesto para pagar esa misma deuda. Se calcula (pues las autoridades ocultan sistemáticamente las cifras reales) que el dinero regalado a los banqueros supera los 200.000 millones de euros ¡el 20% del PIB! El endeudamiento público ha pasado del 39,80% del PIB en 2008 al 100% en 2014. Con el dinero enterrado en el rescate se habría podido comprar en 2012 sin mayor problema la totalidad de las acciones del Banco Santander, el BBVA y el resto de entidades financieras españolas.
La deuda es una pescadilla que se muerde la cola. Para financiar la deuda creciente, el gobierno lanza títulos de deuda pública al mercado para recaudar dinero. Pero, ¿quién compra estos títulos? Pues bien, por increíble que parezca, son los mismos bancos rescatados con el presupuesto. Es la estafa del siglo: primero “salvan” los bancos con un dinero público que nunca se recuperará. Eso genera una gran deuda, recortes en los servicios públicos y un déficit en la financiación del Estado. Después, para colmar ese déficit, el Estado pide prestado a los bancos el dinero que antes les regaló. Solo que los bancos no regalan el dinero sino que hacen con él un magnífico negocio: reciben dinero del Banco Central Europeo (BCE) a coste casi cero y con él le compran deuda al Estado a un interés del 4%, el 6 % o más. ¡Un robo legal a cara descubierta!
El resultado de este atraco es que solo en intereses de la deuda pública la Administración central pagará 36.590 millones de euros en 2014, el 11% del presupuesto anual. A lo que hay que añadir 9.000 millones más pertenecientes a la deuda autonómica: es decir, el 4,6% del PIB.
Un reducido grupo de bancos y fondos de inversión acapara la deuda pública
El negocio de la deuda se lo reparten a medias entre bancos y fondos europeos y españoles. Entre estos últimos, junto al Santander, BBVA y La Caixa, el caso más escandaloso es el de Bankia que, después de haber sido «salvado» enterrando más de 23.000 millones, es actualmente uno de los principales tenedores de “deuda pública.» Los desahucios de 400.000 familias y los recortes sociales han servido para que Rodrigo Rato, Blesa y sus compinches en CajaMadrid y Bankia, los directivos de las otras Cajas y la cúpula de los grandes bancos se apropien de verdaderas fortunas.
Los bancos fueron los principales beneficiarios de la burbuja inmobiliaria, ganaron miles de millones generando una riqueza ficticia que estaba destinada a estallar. Cuando estalló, han convertido la deuda pública con la que el Estado les ha costeado su fiesta en una de sus principales fuentes de acumulación de riqueza.
Una segunda razón del crecimiento de la deuda pública: la corrupción generalizada.
El mismo “modelo” de expropiación del presupuesto estatal se ha aplicado también en las comunidades autónomas y municipios. La relación entre deuda y corrupción es cristalina en las obras irracionales del AVE en las que se han comprometido 50.000 millones, con contractos amañados que han multiplicado su coste; en los aeropuertos innecesarios y vacíos; en los tranvías que nunca se pondrán en marcha; en los edificios mastodónticos inservibles…
Los casos Gürtel y Bárcenas, los de Matas, Camps o Fabra, los ERE y los fondos de formación en Andalucía, el caso Pujol o la «Operación Púnica» nos muestran a una banda conectada a los partidos del régimen dedicada a saquear impunemente los presupuestos …y a “crear” deuda.
Una tercera razón: una fiscalidad donde los ricos pagan poco y los más ricos nada
Un tercer elemento que agrava el problema de la deuda es la estructura fiscal española, cuya base consiste en: impuestos para los trabajadores y las clases medias y exenciones para los banqueros, las grandes empresas y los ricos. Un informe reciente de Intermon Oxfam lo ha definido así: “España recauda poco [y] la recaudación proviene del trabajo y el consumo de los ciudadanos y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas. Las familias aportan alrededor del 90% de la recaudación y las empresas el 10% restante. Las grandes empresas, menos del 2%. Es decir, las familias aportan casi 50 veces más que las grandes empresas.» También señala el informe cómo ¡el 10% más pobre de la población paga más impuestos que el 10 % más rico!
Esta fiscalidad es obra de los gobiernos del PP y del PSOE. Fue Zapatero quien eliminó el impuesto de patrimonio y rebajó el impuesto de sociedades a los empresarios, dejando de recaudar 30.000 millones. Y luego Rajoy, para rematar, aumentó el IVA y ha bajado otra vez el impuesto sobre beneficios.
¿Romper con el “modelo” y abrir camino a las reivindicaciones sociales o «hacer sostenible la deuda»?
Es tan grave el problema de la deuda que es natural que el documento de bases lo defina como “el más importante de la economía española» y diga que «hace imposible la recuperación de la economía» y la empuja a «una depresión permanente y a que la deuda siguiera aumentando por muchos que fuesen los recortes que se siguieran haciendo.»
Pero las medidas que propone el documento de Podemos no se corresponden con el diagnóstico. En realidad, el programa da un gran paso atrás en relación con el manifiesto fundacional de Podemos («Mover ficha»), que defendía «una moratoria para llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda que determine qué partes de la misma no son legítimas; las deudas ilegítimas no se pagan.» Más tarde, el programa electoral de las elecciones europeas eliminó la moratoria pero mantuvo la auditoría y el no pago de la deuda ilegítima. Ahora también el no pago de la deuda ilegítima ha sido suprimido y la nueva política es: «la reestructuración lo más ordenada posible de la deuda» (negociando tipos de interés, plazos de vencimiento, quitas parciales…)
El documento de Podemos argumenta que la deuda es impagable y que “es materialmente inevitable que antes o después se lleve a cabo [una reestructuración], salvo que se quiera provocar una convulsión de consecuencias inimaginables en todo el continente.» Por eso -dice- lo más beneficioso para ambas partes es negociar un acuerdo «cooperativo» con los banqueros.
Ciertamente una deuda equivalente al 100% del PIB como la española no es una deuda “pagable.» Pero para los bancos y fondos tenedores de los títulos de deuda lo importante es prolongar el saqueo. Este año se van a embolsar en intereses el 4,6% del PIB español, un pago que la Constitución fija como «prioridad absoluta».
El problema de la nueva política es que significa asumir la legitimidad de la deuda, al tiempo que elimina la razón de ser de la Auditoría ciudadana, cuyo objetivo es desenmascarar la estafa y a los estafadores y movilizar al pueblo para no pagar. La decisión política de reestructurar la deuda para seguir pagando mantiene el actual modelo dependiente que enriquece a los parásitos pero, más aún, impide dar salida real a la situación de emergencia social del pueblo trabajador.
La defensa y la ampliación de los derechos sociales que conocemos como Estado de bienestar exigen la suspensión inmediata del pago de la deuda pública o, como decía el manifiesto «Mover ficha», su moratoria. La razón es sencilla: no se puede pagar un euro a los bancos mientras las necesidades básicas de la población no estén atendidas y mientras no sepamos de quien es la deuda y cómo y por qué fue contraída. Del mismo modo, tal como reclamaba Podemos hasta hace bien poco, es necesaria una Auditoria ciudadana: que dé el protagonismo a la gente, desenmascare el robo del siglo y a los ladrones y permita al pueblo decidir sobre la legitimidad de la deuda y sobre su pago. Éste el significado de la consigna «No debemos, no pagamos», gritada una y otra vez en manifestaciones masivas como las de las Marchas por la Dignidad.
PROFUNDOS RETROCESOS EN EL PROGRAMA
El debate sobre la deuda pública nos remite de lleno a su gran beneficiaria, la banca: ¿qué hacer con un sistema bancario que vive de parasitar la Deuda pública y que ciega la financiación de la economía? ¿Qué hacer con unos bancos que después de recibir el «regalo» de 200.000 millones viven en base a los préstamos sin interés del Banco Central Europeo y a las ayudas y avales del Estado?
¿Una banca ética?
El documento de Podemos afirma con toda justicia que «una de las causas que ha provocado la crisis y que ésta tenga en España un impacto tan grave y negativo es el extraordinario poder político que históricamente ha tenido y tiene la banca sobre el conjunto de la economía.» Añade después que «en el marco de una economía de mercado es prácticamente imposible conseguir que el crédito que moviliza una entidad bancaria privada se canalice en función de intereses sociales, del conjunto de las empresas y consumidores y no de la rentabilidad de los bancos.» Y también señala «el proceso constante de concentración» al que está sometido el sistema financiero (en nuestro caso alrededor del Santander, el BBVA y La Caixa).
Y sin embargo, a pesar de este diagnóstico, el programa presentado por Podemos ignora las raíces del problema y se limita en esencia al “establecimiento de un régimen de buenas prácticas y de ética bancaria.” Ya no queda nada queda de la justa reclamación de «Mover ficha», que nosotros seguimos reivindicando: » el control sobre el movimiento de capitales, así como la nacionalización de la banca privada.»
Con toda seguridad, más de uno nos dirá que estas reivindicaciones ( y las referidas a la deuda) no son «realistas» porque llevan al choque directo con los grandes poderes financieros y nos llevarían muy probablemente fuera de la UE y el euro. Es esta una discusión central sobre la que luego volveremos, aunque parece fuera de duda que mientras los bancos no sean nacionalizados y sometidos a control de sus trabajadores y el pueblo, serán los banqueros quienes sigan teniendo en sus manos las palancas de la economía, por muchas normas de ética bancaria que aprobemos.
Pero lo cierto es que el programa-base de Podemos también renuncia a medidas tan realistas y tan propias de la socialdemocracia como la creación de una banca pública a partir de las cajas de ahorro rescatadas, tal como reclamaba el programa de las elecciones europeas. Después de todo, al Estado la operación le saldría prácticamente gratis; solo tendría que quedarse con Bankia, reapropiarse de las cajas rescatadas que ha entregado casi gratis a los grandes bancos, unificar las entidades y ponerlas bajo control social.
El conjunto del programa gira a la derecha
Pero el retroceso en el programa no se limita a la Deuda y la banca. La prensa ha dado publicidad a la desaparición de dos reivindicaciones relevantes planteadas en el programa electoral de las europeas: la renta básica universal, que ha sido sustituida por una imprecisa «renta mínima garantizada» y la jubilación a los 60 años, que ha sido reemplazada por la jubilación a los 65.
Pero hay otros cambios de gran calado que no han sido señalados por los medios. Es el caso de las medidas hacia los oligopolios energéticos y, más en general, hacia las empresas estratégicas. El manifiesto «Mover ficha» propugnaba directamente «la nacionalización y socialización de las empresas energéticas» y una «reconversión ecológica de la economía.» El programa de las europeas ya no hablaba de nacionalización pero defendía «la recuperación del control público en los sectores estratégicos (…) mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, que garantice una participación pública mayoritaria en los consejos de administración.» El nuevo programa-base ha eliminado todo esto y lo ha reducido a la «eliminación de sobrecargas de precios de monopolio» y al «establecimiento de condiciones que aseguren el suministro efectivo y sea cual sea su situación económica a todas las familias españolas.»
Es el mismo enfoque que antes hemos visto en relación a la banca y que el programa también plantea para la gran empresa en general. La propiedad del núcleo duro del capital financiero (banca, eléctricas, Repsol, Telefónica, grandes constructoras…) no se toca y la resolución de los problemas queda a expensas de negociar con esa oligarquía y apelar a su buena voluntad.
Es también visible el cambio en el tema de los conciertos educativos y sanitarios con empresas privadas. Podemos ya no se pronuncia contra las subvenciones a la enseñanza privada ni reclama que todo lo privatizado vuelva al sector público bajo gestión democrática. Ahora el nuevo programa defiende «que la provisión privada de servicios del Estado de bienestar (educación, sanidad…)que esté financiada con fondos públicos debe estar regulada para garantizar que se lleve a cabo en función de criterios de interés público, equidad, transparencia y calidad y su propia existencia debe ser subordinada y complementaria con el sistema público.»
Es asimismo significativo que el nuevo programa deje a un lado reivindicaciones básicas del programa de las europeas como «la prohibición de despidos en las empresas que tengan beneficios» o la «eliminación de les ETT.»
Y para acabar este resumen, señalar que el nuevo programa de Podemos sobre la vivienda ya no es el de las reivindicaciones de la PAH, recogidas en el programa para las elecciones europeas: paralización de los desahucios, dación en pago retroactiva, parque de vivienda pública, alquiler social seguro y digno. Ahora ya hay una nueva preocupación: que las medidas frente la insoportable carga hipotecaria de las familias proporcionen al mismo tiempo «la mayor estabilidad posible al sistema.»
UN PROGRAMA QUE QUEPA EN EL MARCO DE LA EUROZONA
Los retrocesos en el programa son tan importantes que han de ser debidamente justificados. Los profesores Torres y Navarro se esfuerzan en hacerlo en el documento. Advierten que va a ser «muy difícil salir con éxito de la situación» y que hay que «actuar con una gran dosis de pragmatismo.» Insisten en el grave deterioro de las condiciones de partida (paro masivo, una deuda enorme, pobreza y exclusión social) y destacan la «enorme influencia política de los grandes grupos de poder económico y financiero que han dominado a España desde hace decenios y que siempre tratan de debilitar o acabar con la democracia para conseguir que los gobiernos solo actúen conforme a sus intereses.» Y señalan finalmente que «en el marco del euro tal y como está diseñado (…) es materialmente imposible que se puedan llevar a cabo políticas que satisfagan el interés nacional, el de la inmensa mayoría de la población.» Pertenecer al euro -prosiguen- significa que «no disponemos de instrumentos esenciales de la política económica, como el control sobre la cantidad de dinero o sobre la cotización exterior de la moneda. Pero no solo eso. también implica que otros instrumentos que en principio podrían estar a nuestra disposición, como la política fiscal o las políticas sectoriales, solo se pueden utilizar con grandes limitaciones e incluso en algunos casos (por los pactos de estabilidad, por ejemplo) con las manos casi completamente atadas»
«Bajo ningún concepto un programa que suponga la salida del euro»
Estos tres aspectos que se entrelazan y determinan la realidad son indiscutibles. Pero otra cosa muy distinta son las conclusiones que se deriven de ellos. Ya antes de hacerse público el nuevo programa-base de Podemos el también profesor Alberto Montero (miembro del Consejo Ciudadano y del equipo económico de Pablo Iglesias) declaraba a eldiario.es que en Podemos «bajo ningún concepto elaborarán un programa que suponga la salida del euro.» El nuevo programa-base parte de esta premisa. Reconoce que es «imprescindible tener en cuenta este tipo de restricción» y concluye que ésta sólo deja una vía de acción práctica: la «búsqueda constante de los resquicios y oportunidades» en el marco de las imposiciones de la UE y la Eurozona, a quien reclama la «flexibilización del pacto de estabilidad.»
Y mientras tanto hay que ir buscando aliados y estableciendo «acuerdos estratégicos con los [gobiernos] de otros países europeos para que se puedan cambiar las condiciones de gobernanza actuales del euro.» El documento añade que «hay suficientes indicadores de malestar en toda Europa para considerar con realismo que esto es posible.» Sobre el malestar que recorre el continente nadie duda pero ¿piensan de verdad los autores del programa de Podemos que estamos ante una perspectiva de acuerdos entre gobiernos para transformar la UE y ponerla al servicio de los pueblos europeos? ¿es esto «realismo» o una ensoñación voluntarista? ¿Dónde están esos gobiernos para cambiar Europa? ¿Son acaso los de Hollande o Renzi, abiertamente enfrentados a la clase trabajadora y la clase media empobrecida de Francia e Italia? ¿No estamos viendo estos días el cierre de filas de la UE y sus gobiernos con el ministro alemán de Finanzas advirtiendo a Syriza que Grecia no tiene más opción que aceptar la política de saqueo si quiere seguir dentro del euro?
¿Son compatibles mejoras reales con las imposiciones de la Eurozona?
El problema de asumir las limitaciones de la UE y la Eurozona no es ya que impida tomar medidas radicales que vayan al fondo de los problemas y cuestionen el dominio del capital financiero. Es que tampoco permite llevar adelante medidas parciales que mejoren realmente la situación de la mayoría trabajadora: ¿Cómo hacerlo si hay que seguir asegurando el pago de la deuda, que es la gran prioridad de la UE y la «prioridad absoluta del Estado» según la Constitución? ¿Cómo hacerlo si la UE tiene capacidad de veto sobre los presupuestos? ¿Y qué pasa con sus presiones y amenazas ante una derogación de reformas que la propia UE impuso, como la reforma laboral o la de las pensiones o ante la adopción de medidas audaces de política social o ante una ley de 35 horas (suponemos que sin recortes salariales) o ante decisiones que atajen los abusos de los oligopolios? La propia reforma fiscal se va a enfrentar a una oligarquía que no paga impuestos y se vale para ello de la completa libertad de movimiento de capitales y de los paraísos fiscales que la UE no está dispuesta a prohibir. ¿No estamos viendo las amenazas de la UE ante la posibilidad de un gobierno Syriza en Grecia?
Por supuesto, uno no tiene por qué ir anunciando a gritos rupturas revolucionarias. Podemos podría formular las medidas básicas que la gran mayoría considera de pura justicia y que son imprescindibles para salir de la situación de emergencia social. Y plantear que si no hay manera humana de aplicarlas en el marco de la Eurozona (lo que desde nuestro punto de vista no admite duda) deberá proceder a la ruptura y a tomar medidas radicales para arrebatar el control económico a la oligarquía financiera. Para ello hay que llamar al voto y, más allá del voto, a la más amplia movilización popular y preparar este complicado escenario trabajando a fondo las alianzas en Europa, comenzando por el Sur y por Grecia y abriendo la vía a otra Europa, la de los trabajadores y los pueblos.
Sin embargo, lo que hemos escuchado es el compromiso de que «bajo ningún concepto elaborarán un programa que suponga la salida del euro.» El programa-base habla incluso, en el apartado que se refiere a la deuda, de que «una de las prevenciones más importantes que debe tener Podemos es la de garantizar la mayor estabilidad política generando la máxima certidumbre y confianza en la gestión que llevaría a cabo.» Pero ¿cómo encajar esto con el llamamiento a la movilización y con el cuestionamiento del dominio del capital financiero?
LA CORRELACIÓN DE FUERZAS
El documento afirma que el objetivo inmediato de un gobierno Podemos será «optar por el mal menor» que viene impuesto por «una correlación de fuerzas tan desfavorable como la que nos ha llevado a donde estamos.» Está hablando, pues, de un gobierno Podemos, apoyado por tanto en una clara victoria electoral. Pero si esto es así ¿cómo pueden hablar de la «correlación de fuerzas» como si fuera algo invariable y ajeno a las circunstancias de la vida?. ¿Estaremos acaso en la misma correlación de fuerzas ahora que tras un desastre electoral del PP-PSOE y la victoria de Podemos? ¿Un resultado así no sería reflejo de que la correlación de fuerzas entre las clases ha cambiado?
Efectivamente, una derrota del PP-PSOE y una victoria amplia de Podemos significaría que el régimen monárquico y sus partidos han quedado profundamente golpeados, que la amplia mayoría trabajadora ya no está dispuesta a soportar lo viejo y busca un cambio profundo, que no quiere perder la nueva oportunidad que se le abre y que está dispuesta a luchar para conseguirlo. Ciertamente, hay que calcular los pasos a dar con el máximo realismo, pero para dar profundidad al movimiento, internacionalizarlo e ir más lejos aún en la correlación de fuerzas. Ahora bien, si la política de un futuro gobierno Podemos es enfriar al movimiento y «garantizar la mayor estabilidad política» abocará a la gente al desengaño, convertirá a Podemos en un PSOE bis y permitirá la recomposición de la derecha y la extrema derecha, destruyendo la correlación de fuerzas que se había conquistado.
Pablo Iglesias apela a ganar la centralidad del tablero político. Pero la centralidad no es un punto fijo sino que se desplaza continuamente en los momentos de crisis. Ganar la centralidad debe ser ganar a la mayoría a un programa de cambio profundo y no ceder a consideraciones electorales. ¿No es ahora que nos tenemos que hacer las preguntas que se hacía Primo Levi?: ¿Si no es ahora, cuando? ¿si no somos nosotros, quién?
Podemos: ¿Dónde queda el derecho a decidir del pueblo catalán?
Podemos, con menos de un año de vida se ha situado en recientes encuestas como primera fuerza electoral en España y tercera/segunda en Catalunya, con posibilidades reales de acceder al gobierno español en las próximas elecciones generales. Carga, pues, con una gran responsabilidad ante el conflicto catalán: un conflicto marcado por el choque entre el pueblo de Cataluña que quiere decidir libremente su futuro y el régimen que le niega este derecho apelando a la legalidad y la «democracia». El PSOE ¡faltaría más! cierra filas con Rajoy contra el derecho a decidir de los catalanes aunque, eso sí, discursea con una reforma constitucional (a pactar con el PP).
¿Qué dice Podemos de todo esto? Pablo Iglesias siempre había defendido, desde que se constituyó Podemos, el derecho a decidir de los pueblos del Estado Español, aunque él fuera contrario a la independencia. El 19 de enero decía: «Ojalá pudiéramos continuar juntos, pero si los catalanes no quieren, no hay nada que discutir.» Y el 5 de junio seguía declarando: «Podemos defiende el derecho a decidir de los vascos, catalanes y los españoles, y por eso defiendo el referéndum.»
Sin embargo, las últimas declaraciones de Pablo Iglesias y su reciente mitin el 21 de diciembre en Barcelona muestran una importante transformación del pensamiento del equipo dirigente de Podemos.
Sólo cinco días después de su nombramiento como Secretario General, Pablo Iglesias declaró a la Cadena SER que «la Generalitat no tiene competencias para llevar a cabo una declaración unilateral de independencia» y añadió: «los procesos deben responder a la legalidad y la democracia «.El problema de estas palabras es que contrastan crudamente con una realidad donde la intransigencia del régimen cierra toda posibilidad de un proceso «legal y democrático» y obliga a escoger entre legalidad contra democracia o democracia contra legalidad. No hay más escenarios. El pueblo catalán ha escogido el bando democrático y el 9-N fue a votar masivamente, desafiando la legalidad del régimen.
Una marcada evolución en 11 meses
Las posiciones de Podemos sobre el conflicto catalán han ido evolucionando en sus escasos meses de vida. Ya hemos visto las primeras declaraciones de sus dirigentes, en las que , a pesar de ser muy generales, no ofrecían dudas sobre la defensa del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.
Pero después, coincidiendo con la fase final de su Asamblea Ciudadana, la proximidad del 9-N y las grandes expectativas que les comenzaban a dar las encuestas electorales, dirigentes como Errejón o Monedero fueron introduciendo importantes matices. El énfasis ya no era la defensa incondicional del derecho a decidir de los catalanes sino advertirles que tendrán que esperar a que «cambie la correlación de fuerzas dentro del Estado Español» ya que «si no, el derecho decidir no podrá hacerse efectivo «. Había que esperar a la victoria electoral de Podemos y que una vez lograda, entonces sí: un gobierno de Pablo Iglesias solucionaría la «crisis territorial» poniendo en marcha «un proceso constituyente».
Pero sólo desde una mentalidad centralista y escasamente sensible a la voluntad y el sentimiento de los pueblos se les puede decir a los catalanes, después de lo que han vivido y se han movilizado estos años, que debían esperar a la victoria de Podemos y a los resultados del proceso constituyente estatal que pondrían en marcha. Los dirigentes de Podemos parecen olvidar, además, que la lucha de los catalanes para autodeterminarse es una pieza clave para cambiar la correlación de fuerzas a la que apelan para pedirles paciencia.
Legalidad contra legitimidad
Pero las cosas han ido más lejos. Ahora, una vez terminada la Asamblea Ciudadana y con Pablo Iglesias como Secretario General, Podemos ha dado nuevos pasos. En las declaraciones a la Cadena Ser que hemos mencionado, Iglesias traspasa una importante línea roja. Cuando niega a las instituciones catalanas la competencia para declarar unilateralmente la independencia, se pone del lado de la legalidad del régimen frente a la legitimidad democrática de un pueblo que tiene todo el derecho a proclamar unilateralmente la independencia si esa es su voluntad y el régimen le cierra las puertas. Establecer que «el derecho a decidir no se debe ejercer unilateralmente, sin acuerdo con el Estado» es negar en la práctica el derecho a la autodeterminación.
Estas declaraciones de Pablo Iglesias, tan escrupulosas con la legalidad constitucional vigente también provocan interrogantes sobre cómo entiende Podemos el proceso constituyente que debe poner fin al régimen del 78: ¿tendremos que esperar a que Podemos e hipotéticos aliados tengan los 2/3 de los escaños del Congreso y del Senado como establecen los procedimientos de reforma de la Constitución? Si es así, podemos decir, como el Quijote: Cuán largo me lo fiáis, amigo Sancho.
El acto de Pablo Iglesias en Barcelona
Había mucha expectación ante la visita de Pablo Iglesias a Barcelona este 21 de diciembre. Mucha gente estaba pendiente de escuchar la posición de Podemos por boca de su máximo líder. El acto estaba precedido, además, de una carta pública de la CUP que le daba la bienvenida y le pedía una respuesta clara a una pregunta muy concreta: en el caso de que Podemos gane las elecciones españolas «¿se compromete, ahora, a hacer un referéndum de independencia en Catalunya?»
Pero Pablo Iglesias no respondió y su no respuesta era, en realidad, toda una respuesta. Se le preguntó sobre el derecho de Cataluña a decidir sus vínculos con España y él contestó que había que decidir «sobre todas las cosas». Para Pablo Iglesias casi lo único importante es que, «sin importar las etiquetas», Podemos gane las elecciones generales y ponga en pie un proceso constituyente español y allí ya se verá el destino nacional de Cataluña.
Pablo Iglesias cargó con toda razón contra Rajoy y contra Mas, sus políticas y su corrupción, pero se olvidó de algo importante: que la Fiscalía, a las órdenes de Rajoy, se ha querellado contra Mas por la votación el 9-N. Una querella que es, en realidad, contra los 2,3 millones de catalanes que salieron a votar ese día. ¿No era obligación de Pablo Iglesias exigir con la mayor contundencia la retirada de la querella? ¿No debía haberse puesto, en este terreno particular, del lado de Mas frente a Rajoy y la Fiscalía? Con su actitud, Pablo Iglesias cumple un papel muy negativo porque por una parte da oxígeno al régimen y por otra le hace un gran favor a Mas, dificultando el trabajo para descabalgarlo.
Proclamar la República catalana para construir una unión libre de pueblos libres
Por nuestra parte, queremos acabar diciendo que, a nuestro entender, la realidad muestra con crudeza, y en particular tras el 9-N, que no hay forma material de garantizar el ejercicio del derecho a la autodeterminación que no sea rompiendo con el régimen monárquico del 78, proclamando unilateralmente la República Catalana. Entendemos que esto es la mejor contribución que puede hacer el pueblo de Cataluña a la lucha de los trabajadores/as y pueblos de todo el Estado español para dar el puntapié final al régimen, liberarse de sus cadenas y abrir un proceso constituyente popular. Y, más importante si cabe, sólo el respeto y reconocimiento de una República Catalana libre ofrece la base democrática para construir la unión libre de pueblos libres que necesitamos.
Una democracia interna que deja mucho que desear
El pasado noviembre finalizaba la Asamblea Ciudadana de Podemos y aunque en ella se aprobaron resoluciones de gran calado como la de la Deuda, el debate central fue el modelo organizativo. No fue un debate menor si tenemos en cuenta que la democracia es el gran reclamo de Podemos.
Sin embargo, la democracia interna quedó gravemente herida. La Asamblea Ciudadana consagró una estructura en la que los miembros activos de Podemos, las personas organizadas en los círculos de base, no son las dueñas de su organización: no son ellas quienes eligen o destituyen a los órganos de dirección ni las que deciden la línea política o acuerdan las grandes decisiones. Tampoco escogen delegados que les representen en las asambleas o congresos donde no es posible la participación de todos los miembros. Aparentemente todo es mucho más democrático pues, en lugar de los círculos, quien decide, vía Internet, son todos los ciudadanos inscritos en la web de Podemos (para inscribirse sólo hace falta aceptar el código ético).
La Asamblea Ciudadana, sin embargo, dejó en evidencia que en este modelo la participación y el debate real son impracticables y que, al final, en medio de un alud inabarcable de propuestas, sólo queda espacio para votaciones refrendarias sobre unas pocas propuestas surgidas del grupo dirigente. A ello hubo que añadir el cambio de reglamento a última hora (para votar en bloque los documentos) y la amenaza de Pablo Iglesias, la gran figura mediática de Podemos, de «apartarse» si su propuesta no vencía. La verdad es que no hubo espacio para la incertidumbre en los resultados. El asambleísmo del 15-M quedaba muy lejos.
El equipo del eurodiputado Echenique, «Sumando Podemos», que proponía un sistema de dirección más plural, fue aplastado. Forzado de hecho a retirar su candidatura, criticó al equipo dirigente «no haber dejado espacios para una mayor pluralidad de opiniones» y falta de «igualdad de oportunidades». Manifestó también su preocupación sobre la neutralidad de la Comisión de Garantías. El Círculo de Enfermeras, más crítico, denunció «el secuestro de una ilusión, de la esperanza de la gente».
El mismo sistema de elección ha sido aplicado en la reciente elección de las direcciones locales, con las consiguientes protestas.
El final del proceso ha dejado un aparato dirigente monocolor, supercentralizado y todopoderoso, con unos círculos sin apenas poder y unos territorios con escasa autonomía. También ha sido prohibida la «doble militancia» en otras organizaciones, de manera que Izquierda Anticapitalista (sin cuyos militantes no se habría podido construir Podemos) debe disolverse.
«Somos sindicalistas», ¿qué tiene de nuevo y progresivo?
El sindicato promovido por un sector de Podemos.
El pasado noviembre, el Circulo Podemos sindicalistas presentaba Somos Sindicalistas, que según su declaración de principios, pretende ser “un sindicato innovador y moderno al crearse sin ningún condicionante estructural ni ideológico. Es la línea directa de los ciudadanos/as”. En cuanto a su base ideológica: «es tan abierta y múltiple como lo es la sociedad. Entendemos que la ideología debe quedarse en el ámbito de lo personal para no condicionar el objetivo social”
Un sindicalismo viejo que comparte la ideología del Vertical
La primera afirmación “no ideológica” de Somos es que el sindicalismo no es de clase, sino interclasista, “ciudadano”. Tan es así que pretende ampliar la definición de trabajador para incorporar a los «emprendedores”.
Pero esta concepción ni es innovadora ni es moderna sino que se sustenta en una vieja concepción contraria a la organización independiente de la clase obrera. La ideología del Sindicato Vertical franquista tenía una base parecida al negar la “ideología marxista de la clases sociales” y fomentar un nacional-sindicalismo “que englobe a todos los agentes de la producción, trabajadores y patronos por igual, en una única estructura sindical”. Fue justamente contra este Sindicato Vertical que se forjó el movimiento sindical, organizando a los trabajadores de forma independiente, como sindicato de clase.
Un sindicalismo… de pacto social
Si algo ha marcado la actuación de los dirigentes de CCOO y UGT, y con ello su descrédito, es su política de “consenso y diálogo social”. En ella se han apoyado la patronal y gobiernos para hacernos retroceder en derechos mientras la burocracia garantizaba la paz social.
Sin embargo, los promotores de Somos utilizan la misma terminología que la burocracia y escriben que su «esencia» como sindicato es la «apuesta por el debate, la negociación y el consenso [y que] nuestras puertas siempre estarán abiertas al diálogo constructivo con el Estado y la Patronal”. No hay, en cambio, una sola mención en su Declaración de Principios a la derogación de la reforma laboral o el Pensionazo, a la lucha contra los EREs y ERTEs o a un salario mínimo y pensiones equiparables a otros de la UE.
Un sindicalismo virtual.
Es curioso que, sin celebrar congreso constituyente cuenten ya con estatutos detallados y un número preciso de Federaciones. Los Estatutos fijan la Asamblea General como órgano soberano y dicen que en ella podrán participar «todos los afiliados y afiliadas al corriente de pago». Pero esto, que aparece como un mecanismo democrático, es en realidad su negación pues, salvo que se trate de un sindicato con un ínfimo grupo de personas, no hay congreso democrático posible sin asambleas previas y delegados electos en las mismas, como lo atestigua toda la historia del movimiento obrero.
Pasa lo mismo cuando plantean la convocatoria de la Asamblea General con una antelación de 40 días. Es imposible que en ese tiempo discutir documentos, hacer enmiendas y promover el debate y las propuestas entre los afiliados… A no ser que los promotores de Somos estén pensando en Congresos virtuales y votos por Internet.
Lo que ni la burocracia sindical se atrevió a imponer
Llama especialmente la atención que Somos fije como uno de sus recursos “los provenientes de las adhesiones a los convenios por trabajadores que no pertenezcan al sindicato”.
Se trata del llamado “canon obligatorio de negociación”, un tema enormemente polémico que en su momento fue rechazado por los trabajadores y, además, declarado inconstitucional. Especialmente la UGT intentó imponerlo para “compensar la gestión del sindicato en favor de los trabajadores no afiliados” en la negociación de convenios. Pero ese canon suponía quebrar la libertad de afiliación o dejar fuera de convenio a los trabajadores que no lo abonaran, fomentando la división en las plantillas. Lo que no se gana por respeto y voluntariamente se pretendía imponer por Ley, favoreciendo indirectamente los acuerdos de eficacia limitada entre un sindicato y la empresa, excluyendo de las mejoras al que no fuera afiliado o no pagara el canon.
Ni unitario, ni nuevo, ni moderno
Si hubieran tenido el menor interés en ayudar a barrer del panorama sindical a la vieja burocracia, lo suyo habría sido sumar fuerzas para unir al sindicalismo de clase y combativo, que lleva años denunciando y enfrentando a los Méndez y Toxo. Si se trataba de rechazar subvenciones y liberados, bastaba observar que organizaciones sindicales como COBAS hacen bandera de ello desde su nacimiento.
Esperamos que los miembros de Podemos comprometidos con el sindicalismo rechacen rotundamente este proyecto y formen parte de la batalla para echar a la burocracia sindical y sumen fuerzas al sindicalismo de clase y combativo.
La corrupción es estructural al régimen monárquico del 78
En 1978 se estrenó la película “La escopeta nacional” de Luis García Berlanga. En ella, un empresario invitaba a una cacería a un ministro para conseguir un jugoso favor de la administración a cambio de una abultada comisión. Ese mismo año se aprobó la actual Constitución y, con ella, quedó instaurado el actual régimen monárquico.
La Transición consagró la impunidad no sólo de los crímenes del franquismo sino que también blindó las fortunas y negocios que banqueros y grandes empresarios habían amasado asociados a la dictadura. Consagró la continuidad del dominio de esa misma oligarquía, la misma que se benefició de las privatizaciones de empresas públicas, la misma que ha financiado con comisiones a los partidos del régimen a cambio de contratos con las administraciones y otros favores en el BOE.
El momento álgido de este sistema de funcionamiento fue durante “el pelotazo del ladrillo”, que se cimentó en la alianza de ministros, consejeros autonómicos, alcaldes, constructores y la banca. Mientras estos se forraban recalificando terrenos y especulando con la vivienda, preparaban el gran pufo de la economía.
El capitalismo español tiene sus pilares hundidos en corrupción. Los números son aplastantes: 1.900 imputados, incluido el yerno y la hermana del rey; la “Operación Púnica” con su extensa trama de alcaldes del PP y el PSOE, que a cambio de comisiones repartía contratos con la administración, incluyendo a Francisco Granados, ex-número dos de Esperanza Aguirre; la financiación ilegal del PP (Gürtel y Bárcenas) con generosas “donaciones” en negro de grandes empresarios; los Fabra, Matas, Camps; los EREs y los cursos fraudulentos de formación en Andalucía; los Pujol en Cataluña…
Los aparatos de los partidos del régimen, asociados a empresarios y banqueros, han venido funcionando como asociaciones de delincuentes para saquear y parasitar los presupuestos, las Cajas y las empresas públicas.
El capitalismo español, con la entrada en la UE y en el Euro aceptó un papel subordinado y periférico donde la destrucción del aparato industrial se «compensaba» con parasitismo y corrupción, convertida en una palanca fundamental de acumulación capitalista.
Corrupción en Bankia: todos pringados
Bankia es quizá el caso más emblemático de la corrupción de los últimos años. Esta entidad ha recibido una inyección de más de 23.000 millones de dinero público para rescatarla de la quiebra. Mientras tanto, sus directivos disponían de “tarjetas black” con las que desvalijaron 15,5 millones de € en viajes, hoteles y demás lujos, sin contar otro tanto en otros ingresos irregulares. A la cabeza estaba Blesa, el amigo de Aznar, y Rato, su exvicepresidente y exdirector del FMI. Pero no sólo había directivos del PP. También metían la mano en la caja directivos del PSOE y de IU-Madrid, además de burócratas de CCOO, UGT y representantes de la patronal madrileña.
En el otro extremo, más de 500.000 personas compraron preferentes de Cajamadrid y luego acciones de Bankia, engañados por unas cuentas manipuladas, como han probado peritos del Banco de España. Muchas de estas personas estafadas eran trabajadores pensionistas que pusieron sus ahorros para intentar sacarles alguna rentabilidad. Esta megaestafa contó con el visto bueno de los auditores, del gobierno de Zapatero, el Banco de España y la CNMV. Las grandes empresas españolas también fueron cómplices necesarias pues compraron grandes paquetes de acciones los primeros días para mantener el precio inflado y facilitar el engaño a los pequeños ahorradores. Una vez conseguido esto, se deshicieron en cosa de días de las acciones, que se fueron a pique y con ello el dinero de los pequeños ahorradores. Las autoridades europeas, por supuesto, hicieron la vista gorda.
Acabar con la corrupción, cambiar la economía, poner fin al régimen
Hasta ahora, la “lucha contra la corrupción” ha sido poco más que medidas cosméticas. Y a veces ni eso. Hace 21 meses Rajoy anunció una serie de medidas de este tipo y ninguna está hoy día en funcionamiento. Mientras, su ministra de Sanidad ha dimitido implicada en la trama Gürtel.
Las instituciones donde se ha incubado la corrupción han demostrado sobradamente que no se van a regenerar. Hay que darle la vuelta a la tortilla y barrer el régimen monárquico. Es necesario que todo el peso de la ley caiga sobre los políticos corruptos y los empresarios corruptores. Su sitio es la prisión. De la misma manera, hay que asegurar que devuelvan hasta el último céntimo robado o respondan con sus propiedades.
Las empresas implicadas en la corrupción deben pasar a manos públicas y ser controladas por sus trabajadores, lo que permitiría atajar en seco la corrupción. De entrada, hay que exigir la apertura de los libros de cuentas de empresas como el Metro o la EMT madrileños, que amenazan el empleo y los derechos laborales mientras sus directivos han estado vinculados con los políticos corruptos. Los sectores estratégicos deben estar en manos públicas, al servicio del empleo, los derechos sociales y la sostenibilidad ambiental.
Debe establecerse como delito tanto que los partidos políticos reciban “donaciones” de empresas y bancos como la «puerta giratoria» entre cargos públicos y consejos de administración. Los diputados y cargos electos no deben cobrar más allá del salario medio y acceder a la jubilación en las mismas condiciones que los demás.
El nuevo año 2015 viene con esperanzas de cambio entre muchos y muchas, especialmente por las elecciones generales de fin de año. Pero cada día que pasa con Rajoy en el gobierno es más padecimiento social y más ataques a los derechos democráticos. Por eso hay que exigir su salida inmediata ya. El descrédito que arrastran es tal que permite que una movilización social decidida, llamada por Podemos, IU, las fuerzas de izquierda de las nacionalidades y los grandes sindicatos les fuerce a dimitir y a convocar de manera inmediata elecciones anticipadas. La manifestación que está siendo convocada desde Podemos para el 31 de enero debe tomar estar reivindicaciones y transformarse en un primer paso de la lucha en las calles contra la corrupción, el plan del gobierno y la exigencia de las elecciones anticipadas ya.