En el 2007 el gobierno de ZP aprobó la primera Ley de la Memoria Histórica, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, como dice en su título.
Tras la derogación de facto de esta ley por el gobierno de Rajoy que no asignó un euro para su aplicación, el gobierno de Sánchez ha propuesto una nueva ley, de la Memoria Democrática, con la que pretenden “cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y se amplían os derechos humanos y libertades constitucionales”, en su presentación por el ministerio de Presidencia del Gobierno.
El principal escollo, la ley de amnistía
“La vigente Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la guerra y los cuarenta años de dictadura franquista”, dice el anteproyecto de ley de Memoria Democrática.
Ese compromiso se concretó, antes de la aprobación de la Constitución, en una ley por la que se olvidaban todos los delitos cometidos por los responsables del régimen, no solo por la represión sino por el enriquecimiento de poderosas familias que llega hasta hoy. La fortuna del 60% de los cargos del IBEX tienen su origen no exclusivamente en esas familias, sino que son ellos en persona, como el ex ministro del primer gobierno tras la muerte de Franco, Villar Mir o el ex ministro de la Gobernación / Interior, Martin Villa, al que el PSOE/PP/VOX protegen de tener que ir a declarar al parlamento.
La ley de Amnistía es como la califican desde e Comité sobre Desapariciones Forzosas de la ONU, “un obstáculo” para investigar los crímenes del franquismo puesto en ella se entierra legalmente “un pasado triste”. Así, cualquier investigación judicial por crimenes del franquismo como la querella Argentina, se encuentra siempre con la misma contestación de los jueces españoles: están protegidos por la ley de Amnistia.
Ir hasta el fondo en la tarea pendiente de “reparación y justicia” pasa por tanto por hacer desaparecer ese escollo: en el Estado español los únicos que olvidaron fueron las fuerzas políticas de izquierda que pactaron la Transición.
«La amnistía es fruto de la voluntad de enterrar un pasado triste para la historia de España y de construir otro diferente e […], superando la división que ha sufrido el pueblo español en los últimos cuarenta años».(José María Benegas.PSOE)
«Queremos cerrar una etapa, queremos abrir otra. Nosotros, precisamente los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado a nuestros muertos y nuestros rencores».(Marcelino Camacho. PCE)
En este espíritu “reconciliador” se apoya ahora el PP para defender una “ley de concordia” cuyo contenido se resiste a revelar; dejando al desnudo lo que significó realmente la política del PSOE y del PCE en la Transición, el aval para que los responsables del franquismo continuaran siendo los administradores del nuevo régimen desde las instituciones,con algunos cambios cosméticos como el TOP, transmutado en la Audiencia Nacional.
Los grandes olvidados: la represión en la Transición
La Ley de la Memoria Histórica y/o Democrática no tiene en cuenta ese largo proceso que conocemos como “transición”, que no fue ni pacífico ni democrático; sino un periodo convulso de grandes luchas obreras, estudiantiles y populares que forzaron al aparato del franquismo a ir mucho más allá de lo que pretendían; las libertades democráticas se conquistaron “con sangre, sudor y lágrimas”.Desde la muerte de Franco, en 1975, hasta el gobierno de Felipe González, en 1982, 188 personas murieron por “violencia política de origen institucional”. Solo en 1977 la policía cargó contra 788 manifestaciones en España, el 76% del total que se saldaron con cientos de heridos, contusionados y detenidos.
A todos estos represaliados no se les reconoce el “título” de víctimas del franquismo, porque se supone que la dictadura había muerto con el dictador. Que sus sucesores vinieran de las entrañas del régimen, desde el rey hasta el presidente Suárez, parece que no tiene nada que ver. En realidad la ley de la Memoria democrática busca blanquear lo que después se convertiría en la Constitución del 78.
“Víctimas”o antifranquistas
De la misma manera que utilizan el holocausto como una losa para ocultar lo que realmente paso en la II Guerra Mundial, el antifascismo que fue el santo y seña de lucha de millones de personas en ese periodo, el concepto “víctimas” del franquismo y el posfranquismo, pretende ocultar el hecho político: la lucha contra la dictadura del franquismo.
Los muertos, detenidos, desaparecidos, no lo fueron por una especial maldad de un Sr, el general Franco, sino consecuencia de una política reaccionaria, fascista, diseñada, fomentada y financiada por el gran capital; ese que sigue sentándose en el IBEX 35. No!, no son “víctimas” pasivas, son luchadores, militantes antifranquistas, organizados en partidos, sindicatos, AAVVs y culturales, etc., que dieron su vida por conquistar las libertades democráticas, y muchos de ellos, por el socialismo (no esa basura que dicen “socialismo” del PSOE).
Es un insulto tratarlos de “víctimas”, pues, de nuevo, se blanquea lo que paso en los cuarenta años de dictadura y en la Transición. El mejor homenaje que se les puede hacer es reivindicar los objetivos de su lucha, y que no son, ni de lejos, una democracia administrada por las instituciones monárquicas y los partidos del régimen (PP, PSOE, VOX); si no por la república y el socialismo.
Como cantaba en los años 80 Lluis Llach: “No era això, companys, no era això”
COMPAÑEROS, NO ES ESTO
No era eso, compañeros, no era eso
por lo que murieron tantas flores,
por lo que lloramos tantos anhelos.
Quizás debamos ser valientes de nuevo
y decir no, amigos míos, no es eso.
No es esto, compañeros, no es eso,
ni palabras de paz con garrotes,
ni el comercio que se hace con nuestros derechos,
derechos que son, que no hacen ni deshacen
nuevos barrotes bajo forma de leyes.