En el marco de las políticas del control del déficit público que han supuesto y suponen recortes y privatizaciones de servicios públicos, hemos querido acercarnos a unas compañeras que son ejemplo de lucha contra el ERE encubierto que está tramitando la Xunta del PP.Han visto cómo, una iniciativa altamente rentable, socialmente hablando, se ha visto atacada con total descaro por dos vías muy claras: la primera y más directa, el cribado de su plantilla mediante procesos imposibles de asumir para las trabajadoras; la segunda, cómo los recortes van desmantelando un servicio social con el fin de inutilizarlo y dejarlo en manos de la privada para su explotación económica.¿Cuál es la labor que desempeñáis?Patri:
El Consorcio es un Ente Interadministrativo, compuesto por la Xunta de Galicia y por los ayuntamientos que se han integrado en el Ente.
El Consorcio nace para la gestión de los servicios sociales, para garantizar una prestación de servicios de calidad. Es una red de centros de atención a las personas mayores, escuelas infantiles, servicios de inclusión y contra la violencia de género. El trabajo se plantea de un modo más transversal y tienen cabida otro tipo de iniciativas, ya puestas en marcha, como los Comités: Comité de ética, de buenas prácticas y de clima laboral; Iniciativas muy interesantes y gratificantes que aportaban calidad al servicio.
¿Cómo surge el consorcio?
Patri: En el año 2007 el Bloque Nacionalista Galego, desde la Xunta Bipartita, lleva a cabo una iniciativa política con la intención de acercar unos servicios sociales de calidad a la población rural; La idea era poner en valor otro tipo de cuidados, adaptarlos al entorno de un modo respetuoso. Siguiendo esta esencia nos encontramos con que, por ejemplo, las residencias, los centros de día y las viviendas comunitarias son pequeñas, para pocas personas. Inicialmente se crean centros nuevos y se incorporan diversos centros públicos gestionados por los ayuntamientos, algunos con gestión privada, como por ejemplo, en el del Concello de Oleiros, se incorporan escuelas infantiles de titularidad municipal pero gestión privada. En el caso del centro de Ortigueira, primero lo gestionaba la iglesia, después pasó a manos del Concello y finalmente se incorporó al Consorcio.
¿Sois un sector mayormente feminizado?
Patri: Sí, prácticamente la mayoría somos mujeres (90%) y con una media de edad de entre 45 y 50 años.
¿Por qué lucháis?
Patri. Luchamos porque la Xunta de Galicia acaba de sacar una Oferta Pública de Empleo (OPE) con los puestos de trabajo que estamos desempeñando desde hace más de 10 años, yo particularmente llevo 12 pero tengo compañeras en otros centros que llevan más de 20 años porque sus centros han sido incorporados al Consorcio. Esto quiere decir que tenemos que presentarnos a un examen libre, al cual puede optar cualquier persona. Luchamos porque queremos hacer visible nuestra situación en Fraude de ley por abuso de temporalidad. Luchamos porque queremos mantener nuestros puestos de trabajo, no tenemos nada que demostrar con un examen, nuestra capacidad está sobradamente demostrada.
¿Cuánto tiempo lleváis en lucha?
Patri. Para poner en contexto, en el 2007 se convocaron unas primeras oposiciones con el compromiso de que en el 2009 se celebraría otra convocatoria de consolidación. El BNG convoca los procesos de Consolidación, en medio de unas elecciones al Parlamento de Galicia. El Partido Popular gana las elecciones de la Xunta, y paraliza el proceso dado que el objetivo era privatizar todo el Consorcio a largo plazo. Durante todos estos años la Xunta, nos ha negado la opción de opositar por nuestras plazas. Como anécdota comentar que son muchas las compañeras a las que ni siquiera se les han devuelto las tasas de esa oposición que no se llegó a convocar.
Hay que comprender lo que implica un proceso de oposición, o de acceso mediante listas, para una plantilla con las características que predominan de trabajadoras del Consorcio ya que esto se traduce en grandes desigualdades a la hora de garantizar equidad para todo el que opte a una u otra opción. Esto cobra más relevancia al poder acceder cualquier persona al proceso.
Ya hemos dicho que la plantilla del consorcio proviene del rural, establecida desde hace años en sus puestos de trabajo, tiene sobrada experiencia y de esto no cabe duda (pero no se tiene en cuenta para nada a menos que hayas aprobado la oposición), muchas llevan toda la vida trabajando aquí, pero sin formación reglada actualizada (tienen sus estudios pero en la mayoría de los casos insuficientes respecto a las titulaciones y exigencias actuales). Por poner un ejemplo, nos podemos encontrar con compañeras de 50 años que para a obtener el certificado CELGA, requerido en oposición, deben estudiar y examinarse frente a otras candidatas que, por el mero hecho de haber cursado bachillerato, ya lo tienen asegurado sin necesidad de nada más. No podemos exigirle a una trabajadora que ha dedicado toda su vida a una labor, con un puesto más que afianzado, que se ponga a estudiar la ESO para poder presentarse a unas oposiciones.
No se puede entender que durante todos estos años se haya exigido una FP de 600h para un puesto de trabajo, ahora se le diga que esa titulación no vale nada y se exige otra que deja a esa persona directamente fuera del proceso, sin opciones y sin indemnización de ningún tipo, después de 20 años trabajados, porque “no tienes plaza en propiedad”, ni te corresponde ninguna indemnización.
Pensando en este tema es fácil llegar a la conclusión de que si tuvieran que indemnizarnos a todas obviamente no sería nada rentable dar el paso que han dado.
¿Qué reclamáis?
Patri. Por todo esto reclamamos la fijeza, no tener que pasar por un proceso para quedarnos en nuestros puestos de trabajo: Las que están, ¡se quedan!, ese es nuestro lema. Son nuestros puestos, estamos plenamente cualificadas y todos estos años de experiencia nos avalan.
¿Qué apoyos tenéis?
Patri. La CNT nos está apoyando con las huelgas, las concentraciones, las demandas reclamando la fijeza…
No tenemos ningún apoyo ni de CC.OO, UGT, CSIF ni de CIG. Ellos fueron los que se encargaron de que ahora mismo estemos en esta situación, yo me siento engañada por parte de ellos pues cuando venían a mi centro de trabajo a decir mentiras sobre nuestra integración en el V Convenio de Laborales de la Xunta, porque hasta el año 2019 no teníamos convenio, ganábamos menos que las trabajadoras de la Xunta, y jamás nos hablaron de la Oferta Pública de Empleo que han sacado, y con la cual los sindicatos están de acuerdo.
Algunas dicen que los sindicatos no hicieron nada. Yo digo que sí que hicieron, nos vendieron. Al interesarnos por conocer qué iba a implicar para nosotras al integrarnos al V Convenio, los sindicatos nos aconsejaron diciendo que se iba a llevar a cabo una integración acorde a nuestras necesidades: con mejores condiciones laborales y mejoras salariales. La intención era que todo el personal pasara a formar parte de la Xunta. La realidad fue muy distinta: Nunca se equiparó al personal generando grandes desequilibrios de categorías, se funcionarizaron los puestos de trabajo con lo cual pasaron a ser de libre oferta. Cualquiera puede optar a nuestros puestos de trabajo.
A nivel particular cada vez vemos más usuarios volcados con nuestra lucha, cabe destacar el caso de Sada.
¿Os identificáis con otras luchas?
Patri. Varias organizaciones estatales que tiene el mismo objetivo que nosotras: FIJEZA YA. Se trata del MI15F, Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, y otras organizaciones de trabajadores públicos en fraude de ley. Agrupa a distintas luchas de diversos sectores, a nivel estado.
¿Cómo os han afectado los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos de los últimos años?
Patri. Obviamente los recortes hacen que aunque quieras, no puedas dar un servicio de calidad, el no cubrir muchas veces al personal, el ahorro en las cosas básicas hacen que el servicio decaiga. No nos hemos librado de los recortes de salarios, por ejemplo. El desmantelamiento ocasionado a nuestros servicios públicos a través de los recortes ha paralizado todos los procesos.
¿Cómo os ha influido en esta crisis sanitaria?
Patri. Esto nos ha afectado de forma muy negativa y sobre todo porque trabajamos con personas mayores y no se merecen nada de lo que ha pasado; l@s mayores tenían sus centros cerrados y no parecía importarle a nadie, creo que estuvieron muy desprotegidos y se noto mucho el deterioro físico y psíquico.
En cuanto al aspecto laboral, se cerraron nuestros centros y nos pusieron a disposición de la situación de alarma con lo que muchas compañeras fueron enviadas a centros donde solamente había enfermos de COVID. Estuvieron altamente expuestas y en condiciones lamentables, turnos de 48 horas, sin espacios adecuados para el descanso…
¿Qué pasos tenéis previsto dar a corto y medio plazo?
Patri. Seguiremos con la huelga indefinida (eso por supuesto), las concentraciones, las caravanas,… El 22 de mayo acudiremos a Madrid en apoyo a la movilización convocada por el MI15F y la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, para exigir una ley que garantice la estabilidad del personal en abuso de temporalidad para cumplir con la norma europea, y en contestación al anuncio del Ministro Iceta de más procesos selectivos libres «de estabilización» de sus puestos. También hacemos huelga y acciones un martes sí y otro no.
Ocurre un hecho curioso y es que con los servicios mínimos que tenemos que hacer muchas veces ni se nota que estamos en huelga.
¿Existen muchas luchas relacionadas con lo público y la defensa de los puestos de trabajo, que opináis de un frente abierto de lucha con mínimos comunes?
Patri. Nosotras apoyamos la lucha por la defensa justa de los puestos de trabajo en general. Es cierto que nos identificamos directamente con aquellas que reclaman la fijeza, a nivel estado, somo más de 800.000 trabajador@s de los servicios públicos de toda las Administraciones Públicas, como los colectivos incluidos en la Plataforma Estatal de trabajador@s públicos en fraude de ley y en la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal. Creemos en general que la unión hace la fuerza.
