ELECCIÓN POPULAR DE LOS JUECES, NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA

La resolución de la Sala II del Tribunal Supremo (TS), modificando el contenido de la sentencia que establecía que la Banca tenía que pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas, pone blanco sobre negro al servicio de quién está la llamada “justicia” española. Hay una vara de medir cuando se trata de juicios políticos contra dirigentes catalanes, raperos o sindicalistas y otra cuando la afectada es la Banca. En este caso el poder judicial muestra su carácter de clase: la Banca manda.

Los banqueros presionaron para que el TS hiciera lo que esperan de él, legislar para los ricos. Es un caso tan histórico como bochornoso: una sentencia firme del TS es suspendida primero y modificada después, con total descaro, a la medida de un pequeño grupo de grandes capitalistas.

Modifican la sentencia a favor de los banqueros aún a costa de violar los principios jurídicos más básicos. Dicho en términos jurídicos, crea una jurisprudencia muy peligrosa, “si la Sala puede modificar arbitrariamente una sentencia firme, ¿porque no puede hacerlo en todos los casos?” La base de la legitimación democrática del poder judicial se tira por el desagüe en un régimen que ya tiene a todas sus instituciones tocadas.

La gran preocupación de los bancos con la sentencia original del TS era la retroactividad, por eso los bancos agitaron contra el alud de reclamaciones que se podría haber producido de aplicarse, con el consiguiente “perjuicio” a unas cuentas, que en estos meses habían generado unos beneficios de trece mil millones, ¡que ya les vale!

Unos bancos a los que la sociedad «ha prestado a fondo perdido” más de setenta mil millones del famoso “rescate” con dinero público. Unos bancos que estuvieron exentos del pago del Impuesto de Sociedades por la crisis, que ellos generaron. Unos bancos que han traspasado a la sociedad (es decir, a todas y todos), viviendas de dudoso cobro por valor de miles de millones de euros, a través del llamado “Banco malo” estatal, el SAREB.

El gobierno: ¿en defensa de los «clientes» o de los banqueros? 

El Gobierno aprobó, el pasado día 8, un Decreto Ley que modifica la norma que regula el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el de las hipotecas, para que: “nunca más tengan que pagarlo los consumidores, sino que lo paguen los bancos». En rigor lo que el gobierno de Sánchez ha hecho es cerrar el capítulo de la amenaza del pago retroactivo que los bancos deberían haber hecho. Lo demás, eso de «nunca más pagarán» los consumidores, es pura pose y embuste porque: «La banca admite tener varias vías para repercutir el impuesto hipotecario sobre el cliente pero descarta hacerlo de forma inmediata» (Infolibre 9.11.2018). Más claro…

Además, con dicho decreto el Gobierno pretende eludir otra de las propuestas que deben ponerse en el centro de las soluciones para acabar el manejo de este puñado de ricachones: LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA. Los bancos son los depositarios de los ahorros de los trabajadores/as vía planes de pensiones privados, etc…; son los acreedores del Estado y a la vez los beneficiarios de un préstamo a fondo perdido (hace un año que anunciaron que no lo devolverían), cuando tras el estallido de la crisis, estuvieron al borde del desastre.

La nacionalización de la Banca, como la de las industrias claves, poniéndolas bajo control de los trabajadores/as, es esencial para la lucha por una salida obrera y popular a la crisis; son ellos los que acaparan el dinero necesario para financiar cualquier plan de obras públicas o planes sociales,… que generen puestos de trabajo no precarios para el conjunto de la población trabajadora.

El Decreto del Gobierno, como su política no pasa de ser una medida más de salvaguarda de los de siempre, los banqueros y el Ibex 35.

El colmo de la política del gobierno es que en el Decreto: «se incluye una segunda modificación en la norma para que los bancos no paguen el tributo en los préstamos hipotecarios que concedan a partidos políticos con representación parlamentaria, a la Iglesia o al Estado». Ese dinero que se «perdona» a los Bancos se detrae directamente de las arcas públicas de la Comunidades Autónomas, pues es donde dejará de entrar ese dinero.

¿Quién ha elegido a estos jueces?

La arbitrariedad con la que ha actuado el TS, modificando a la voluntad de los banqueros una sentencia, pone de manifiesto lo que ya es un secreto a voces: el régimen surgido de la Constitución del 78 se cae a trozos. Son incapaces incluso de mantener las formas democráticas. Pero no es casualidad, el TS como todo el aparato judicial del estado son herederos de la “justicia” franquista, unidos por mil lazos familiares, sociales y personales con los grandes banqueros y empresarios.

Su cinismo es jaleado por los partidos de este régimen monárquico. Todos hablan de la «independencia del poder judicial», que ese poder «emana del pueblo«. Pues visto lo visto por enésima vez, ¡¡ni es independiente!!, ¡¡ni mucho menos emana del pueblo!! ¿Quién les ha elegido? ¿Dónde el «democrático» régimen monárquico y su «democrática» constitución del 78, han permitido una sola vez elegir por votación popular al órgano de gobierno de los/as jueces?

La lucha por limpiar la judicatura de jueces machistas y franquistas, por poner fin a este elegirse entre ellos mismos con la bendición de su bipartidismo o bipartidismo con sidecar; es la misma lucha que necesitamos para imponer un plan de rescate de los trabajadores/as y el pueblo; la misma lucha por la libertad de los presos y el derecho de los pueblos a decidir. Es la lucha en esencia contra este régimen monárquico heredero del franquismo que la constitución del 78 «legitimó» a la fuerza hace 40 años.

La convocatoria que estos días se realizan en todo el territorio contra la decisión del TS son necesarias y deben ser apoyadas pero exigiendo de los/as convocantes que no quede en un mero acto testimonial o de campaña electoral, la lucha por poner fin a estas aberraciones pasa por elevar las miras y apuntar políticamente a este régimen, comenzando por exigir la dimisión del TS, el derecho a la elección popular de los órganos de gobierno judicial; la nacionalización bajo control de los trabajadores/as de la Banca y el referéndum para poder decidir entre Monarquía o República.

9/11/18