- Con el cuñado del rey recién encarcelado por corrupción, un nuevo escándalo monumental enfanga otra vez a la Corona. Lo que desde hace tiempo se conocía en los círculos de poder, ha sido ahora ratificado públicamente por Corinna Zu-Wittengenstein, la ex amante del rey emérito.
- Según declara Corinna en las cintas ahora publicadas -grabadas por el siniestro policía Villarejo en 2015-, Juan Carlos ejercía como comisionista ilegal (sólo de los contratos de los trenes de alta velocidad Medina-La Meca se llevó cerca de 100 millones); practicaba la evasión fiscal a gran escala en Suiza, utilizando testaferros y cuentas ocultas (alguna compartida por Correa, el jefe de la Gürtel) y era el gran responsable y beneficiario del caso Noos. También cuenta Corinna que Juan Carlos es uno de los grandes beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012 de Rajoy-Montoro.
- Hace ya 20 años que la revista Forbes atribuía a Juan Carlos una fortuna de 1.500 millones de dólares, amasada a la sombra de las grandes empresas del Ibex 35 y de los negocios de Estado, con la complicidad de los diferentes gobiernos del PP y del PSOE. Mientras tanto, el país bate récords de precariedad, pobreza y desigualdad.
- Llama poderosamente la atención que, dada la gravedad y relevancia de los hechos, los grandes medios de comunicación hayan guardado silencio. Han dejado en evidencia, una vez más, que cuando alguna de las instituciones centrales del régimen queda cuestionada, la cacareada “libertad de prensa” desaparece. Mientras tanto, el rapero Valtonyc está exiliado en Bélgica para eludir la pena de prisión a la que ha sido condenado por cantar que «los borbones son unos ladrones».
- Juan Carlos confía en que las revelaciones no le afectarán. Se apoya para ello en que cuando abdicó, pactó con el PSOE (Rubalcaba) y el PP que seguiría siendo «inviolable» (es decir, impune) por los delitos que hubiera cometido cuando era jefe del Estado y que en adelante, por cualquier delito posterior, sólo podría juzgarlo el Tribunal Supremo.
- La reacción del gobierno del PSOE ante el escándalo es la de un partido comprometido en el salvamento de la Monarquía. Por eso la portavoz del gobierno ha declarado que «afortunadamente las grabaciones no afectan al jefe del Estado Felipe VI. Son antiguas y ni las consideramos”. Al mismo tiempo, se han negado a publicar la lista de los beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012, en contra de lo que exigían cuando estaban en la oposición. Es decir, dan por buena la impunidad de Juan Carlos e intentan tapar el escándalo, todo para resguardar la corrupta institución monárquica. ¿Es éste el gobierno de la «regeneración democrática» y el «giro social»?
- Pero Juan Carlos debe ser encausado y pagar por su continuado y gigantesco latrocinio. No puede haber impunidad para el mayor corrupto del régimen. La Monarquía, restaurada por Franco y jamás votada por el pueblo, es una institución reaccionaria que debe desparecer. Es hora de celebrar un referéndum donde el pueblo decida sobre su continuidad. Es una exigencia democrática urgente y elemental.
- Las Comisiones Parlamentarias, como la que propone Unidos Podemos, son por sí mismas estériles y sólo tienen sentido si son un altavoz de la lucha popular masiva para librarnos de la Monarquía y, en particular, para exigir la celebración urgente de un referéndum sobre ella.
- Esta es la exigencia que hay que hacer a Unidos Podemos: no se trata de salvar la monarquía «regenerándola». No hay lugar para una monarquía «transparente» y «democrática». Hay que sacar a la calle la lucha para que Juan Carlos sea enjuiciado y castigado y para exigir un referéndum urgente sobre la monarquía. Los «ayuntamientos del cambio» deben asumir su responsabilidad en esta batalla si no quieren traicionar la voluntad de quienes les votaron.
- La batalla por el referéndum sobre la monarquía es para Corriente Roja parte de la lucha por levantar unas Cortes Constituyentes apoyadas en la movilización social, en las que la constitución monárquica deje de regir y el pueblo tenga potestad para cambiar de raíz las reglas de juego, depurar los aparatos de Estado, establecer el respeto al derecho de autodeterminación de las nacionalidades y cuestionar el poder de los grandes empresarios del Ibex y el sometimiento a la UE. Una lucha cuyo horizonte es levantar un Gobierno de los Trabajadores apoyado en comités populares y avanzar hacia una Europa de los trabajadores y los pueblos.