Los y las abajo firmantes somos trabajadoras y trabajadores de diferentes sectores de la Administración Pública.
Nos presentamos a estas elecciones para seguir luchando por las mismas medidas de urgencia que estamos defendiendo en las calles, para acabar con la situación de fraude y abuso de temporalidad que venimos sufriendo más de 700.000 empleados y empleadas públicas en todo el Estado.
Y lo hacemos desde la candidatura del Movimiento Corriente Roja porque esta tiene como uno de sus ejes principales, dar voz a las y los trabajadores en conflicto, a sus demandas y reivindicaciones.
En estos meses, los empleados y empleadas públicas en fraude de ley, aprendimos que para dar la batalla contra los gobiernos y los sindicatos responsables de la firma del mal llamado «Acuerdo para la mejora del empleo público», por el que han puesto fecha de caducidad a nuestro puesto de trabajo, era necesario romper con el corporativismo y superar las divisiones existentes, tanto administrativas como entre los distintos sectores públicos.
Sólo así fuimos capaces de empezar a visibilizar el fraude de la Administración por no haber sacado en tiempo y forma en estos años las plazas públicas necesarias y de denunciar el despido colectivo ilegal o ERE encubierto que nos quieren aplicar y que pretenden hacer colar a la ciudadanía como una macroferta de empleo público. Es en base al Acuerdo anterior que los gobiernos sacarán a ofertas de empleo público (OPEs), de aquí al 2020, todas las plazas que llevan años ocupadas por personal en situación irregular, sin reconocer el fraude cometido con él.
Pero para lograr la solidaridad que necesitamos y que se entienda que la discriminación y precariedad laboral que hoy es norma en la empresa privada, es también un cáncer que corroe las distintas Administraciones públicas, necesitamos dar un paso más allá y unir nuestra lucha a la del resto de la clase trabajadora, amenazada hoy en muchos lugares por despidos, Ertes, Eres, cierres de empresas o impago de salarios.
Nos presentamos en esta candidatura porque pone en el centro del programa las necesidades de la mayoría social. Y como venimos diciendo, la nuestra no es sólo una lucha por nuestro puesto de trabajo y el pan de nuestras familias, sino también por el mantenimiento de unos servicios 100% públicos, gratuitos y de calidad, con los que como servidores de lo público estamos comprometidos. El cese de quienes llevamos años levantando la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, la Dependencia, la Protección del Medio Ambiente y el Agua, los Servicios públicos de Empleo etc, etc, supondrá la pérdida de años de experiencia y profesionalidad, cuyas consecuencias recaerán sobre el pueblo y la clase trabajadora de conjunto.
Y nos presentamos en esta candidatura porque acordamos, como señala el programa, que esta no es nUEstra Europa. La UE es una maquinaria de guerra social contra los trabajadores y los pueblos. La Unión Europea por la que luchamos es la que debe garantizar pan, trabajo, techo, igualdad y el derecho a decidir para todas/os.
Muchas compañeras y compañeros confían en que si logramos ejercer la presión social necesaria, la UE obligará al próximo gobierno español a adaptar su legislación a la Directiva europea 1999/70, sobre duración determinada de empleo temporal, facilitando la fijeza para quienes llevamos años cubriendo puestos estructurales y atendiendo necesidades básicas.
Pero tanto, esa directiva como el resto de leyes y políticas que emanan de la UE, son parte del problema y no de la solución a nuestra demanda de estabilidad laboral.
Aunque la Directiva europea obliga al Estado Español a bajar la temporalidad en la Administración pública española, lejos de velar por nuestros derechos laborales, la UE se va a lavar las manos sobre la forma en que esto se haga, dando el visto bueno a un adelgazamiento de la Administración pública que allane el camino hacia una privatización aún mayor de todo lo público.
Una privatización que la UE promueve e impone desde hace años en sus acuerdos con países deudores, para convertir estos en un negocio en el que las empresas privadas puedan campar a sus anchas. Una privatización que significa peores condiciones laborales de quienes día a día trabajamos dentro de ellos, además de un empeoramiento y encarecimiento generalizado del mismo y que recaen sobre toda la clase trabajadora, pero se ceban especialmente en las mujeres
La contratación fraudulenta y abuso en la temporalidad que sufrimos cientos de miles de empleados públicos en las distintas Administraciones, o el hecho de que los distintos gobiernos no hayan sacado las plazas necesarias tal y como exigía la ley en estos años, no es sólo un problema de corrupción o de una mala gestión desde las instituciones.
Al igual que los recortes sociales, es el resultado de poner el pago de la deuda pública por encima de las necesidades sociales. Una deuda contraída por el Estado después de salvar a la banca y las multinacionales, que por imposición de la UE es sin embargo prioridad absoluta. Es la consecuencia de años de ajuste al déficit público que nos marca igualmente la UE para asegurar el pago de esa deuda.
Hoy día, con una deuda que devora el presupuesto público de todas las Administraciones y que llega casi al 100% del PIB, no hay ninguna posibilidad de crear el empleo público necesario para superar las actuales plantillas deficientes, manteniendo a quienes ya estamos dentro, ni de hacer la inversión social necesaria para volver a manos públicas los servicios privatizados, sin rebelarse contra esta deuda pública que es tan ilegítima como impagable y contra el ajuste al déficit público que desde la UE se nos impone.
Tampoco hay recursos sin expropiar a la banca o sin nacionalizar los sectores estratégicos de la economía, lo que también supone enfrentar a la UE cuyo proyecto estratégico, es seguir descargando las consecuencias de la crisis capitalista sobre la clase trabajadora, para intentar mantener a toda costa la defensa de los privilegios y los beneficios de la banca y las multinacionales.
En estos días, nos seguiremos viendo porque nuestra lucha sigue y ese es el único camino que nos puede hacer ganar. Y pediremos tu apoyo porque es a nuestras y nuestros compañeros/as y a la clase obrera de conjunto, a la que queremos dirigirnos.
Defendemos:
-
Paralización inmediata de los falsos procesos de estabilización, sin perjuicio de la continuidad de la oferta de plazas ordinarias para cubrir bajas de efectivos.
-
Suspensión y anulación de todo cese y despido ilegal
-
Estabilización mediante regularización administrativa, de todo el personal público en fraude y abuso de temporalidad
-
Igualdad de trato y condiciones de trabajo entre personal temporal y fijo de la Administración
-
Reversión de las privatizaciones.
-
Recuperación de vacantes y plazas amortizadas sacando a oferta de empleo público todas las plazas necesarias para acabar con las plantillas deficitarias
FIRMADO:
Laura Requena -( Andalucía)
Francisco Sanz – (Madrid)
Teresa Agredano -( Madrid)
Julia Mirón – (Galicia)
Juan Ramos- (Andalucía)
ALGUNA ACLARACIÓN NECESARIA
Tal y como hemos expresado ya públicamente, las empleadas y empleados públicos en fraude de ley y abuso de temporalidad que resolvimos presentarnos como candidatas/os a las elecciones europeas en la lista del Movimiento Corriente Roja, lo hicimos para seguir defendiendo, también en este terreno, las mismas reivindicaciones que hemos defendido en estos meses en las calles.
Esta decisión ha generado manifestaciones de simpatía y apoyo a la decisión, pero también reacciones abiertamente en contra, en algunos casos rozando el insulto.
No vamos a entrar en debates irrespetuosos. Nuestro objetivo es seguir difundiendo durante la campaña electoral, unas reivindicaciones que desde la Coordinadora estatal de empleados públicos en fraude de ley de la que formamos parte, pusimos entre todas y todos en pie y a eso es a lo que vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo. Sin embargo y con todo respeto, no podemos dejar pasar algunos comentarios irrespetuosos hacia nuestra candidatura, que están corriendo por las redes sociales.
1º.- Un movimiento de lucha como el nuestro no exige ni puede exigir a ninguna trabajadora/or que para unirse a él, nos diga su ideología o militancia política, si la tiene. Lo que nos une es la lucha en defensa de los puestos de trabajo, no la ideología. La Coordinadora estatal se conformó en base a esa lucha y no en base a ideología alguna.
2º.- Corriente Roja ha sido el único Partido, reiteramos el único partido, que pese a sus modestas fuerzas, nos ha ofrecido la candidatura al servicio de continuar la lucha en este terreno también. En ella hay empleados públicos o trabajadores y trabajadoras de lo público que no son miembros de Corriente Roja y otros/as que si lo somos y a mucha honra.
3º.- Corriente Roja en ningún momento ha interferido ni se ha apropiado de los acuerdos tomados por la Coordinadora Estatal de Empleados Públicos en fraude de ley. Defiende la fijeza en el puesto de trabajo de los empleados públicos en fraude de ley como al resto de trabajadores y trabajadoras precarios del resto de sectores productivos. Nuestra lucha es de la clase trabajadora y no sectorial ni corporativa.
4º.- Hay compañeras/os de esa Coordinadora estatal que resolvieron tomar otra iniciativa y presentarse como agrupación de electores a las elecciones europeas (CLAVE). Fue su decisión a título individual y no colectiva asumida por la Coordinadora Estatal de Empleados Públicos en Fraude de Ley, decisión que respetamos. Si no pudieron conseguir los avales necesarios lo lamentamos sinceramente, pero échenle la culpa de eso a una ley electoral antidemocrática y no a la candidatura de Corriente Roja que también tuvo que sortear muchas trabas para presentarse.
5º.- Tal y como explicamos en nuestro escrito, nosotros y nosotras no entendemos nuestra lucha por el puesto de trabajo y por unos servicios públicos de calidad como algo ajeno y mucho menos enfrentado a la lucha de los demás trabajadores. Y es por esto, que resolvimos presentarnos dentro de una candidatura unitaria de luchas. Porque nos sentimos con orgullo, parte de la una misma clase trabajadora que hoy sufre la precariedad, la temporalidad y los mismos ataques a sus derechos laborales que nosotras y nosotros estamos sufriendo.
5º.- Así pues, tal y como ya hemos dicho y reiteramos de nuevo aquí, a las compañeras y compañeros que coincidan con nosotras/os y quieran colaborar con esta candidatura, les esperamos agradecidos. Y los que no coincidan, tienen todo nuestro respeto y votarán a quien quieran o a nadie, como es su derecho.
Como ya hemos señalado también, al presentarnos a estas elecciones no lo hacemos en calidad de portavoces de nada. Pero tampoco tenemos porque negar nuestra pertenencia a una Plataforma reivindicativa de la que formamos parte y que construimos juntos en la lucha. En esa lucha estamos y seguiremos estando vote lo que cada uno vote y haga lo que cada cual considere que debe hacer, el próximo día 26 de Mayo.