Las Elecciones Municipales al Ayuntamiento de Barcelona confrontan básicamente en su campaña electoral, empezada el pasado 12 de mayo, dos modelos anclados en el pasado que luchan para parecer nuevos. Estos dos modelos son los de Barcelona en Comú (Ada Colau) y el PSC (Jaume Collboni) que se venden, especialmente el primero, como modelos rupturistas y progresistas, respectivamente. Por otra parte está el modelo de Junts per Catalunya (Xavier Trias) el de la marca Barcelona entregado al neoliberalismo salvaje que quiere convertir Barcelona en una gran máquina expendedora de dinero para las clases acomodadas y en una carrera de obstáculos continua para una clase trabajadora que es expulsada de la ciudad debido a la especulación inmobiliaria, el modelo turístico desaforado y la hostelería que saca cada vez más protagonismo a los espacios y Servicios Públicos, tan necesarios para una gran ciudad como es Barcelona. Como outsiders encontramos a la ERC de Ernest Maragall con un modelo bastante parecido al del PSC (social- liberalismo al servicio de una marca Barcelona maquillada) y unos CUP, Valents, Ciutadans, PP o VOX que luchan para entrar o mantenerse en el consistorio municipal barcelonés, sin demasiadas esperanzas de ir mucho más allá.
Candidaturas de los Ayuntamientos por el cambio: qué se ha hecho
Empezamos este análisis hablando de los partidos que han conformado el Gobierno Municipal en Barcelona, Barcelona en Comú y PSC, durante estos últimos años, hasta que el pasado mes de enero, su líder, Jaume Collboni rompió con los «comuns» abandonando el gobierno para centrarse en esta nueva contienda electoral.
En cuanto a Barcelona en Comú, después de su fulgurante entrada en el Consistorio Municipal de la mano del activismo y la movilización social de Ada Colau y de la PAH en 2015, la realidad de la presión institucional, a pesar de darle de nuevo la victoria mediante el pacto con el PSC el 2019, ha sufrido un gran desgaste entre el activismo y la clase trabajadora debido a sus políticas, más parecidas a las del PSC de Pasqual Maragall de los años 80 y 90 del siglo pasado que a las políticas rupturistas que se prometían hace ocho años desde el activismo, la desobediencia civil, las redes vecinales y las luchas de la clase trabajadora. Como muestra de esta realidad podemos ver cómo ha sido su política durante estos ocho años en cuanto a:
– Vivienda. En este apartado destacamos los siguientes aspectos: desahucios, precio de las viviendas (propiedad y alquiler) y vivienda social. En cuanto a los desahucios, estos experimentaron una bajada durante el periodo 2013 – 2019 respecto al total de desahucios en Catalunya (20,5% al 17,1%), volviendo a experimentar una subida durante el periodo 2019 – 2021, último del cual se tienen datos (de 17,9% a 18,7%). Todos estos datos se pueden consultar en el documento “Quien desahucia en Barcelona” publicado por el observatorio DESC. El precio del alquiler en Barcelona ha crecido entre el 2015 y el 2023 de los 12,1 euros por metro cuadrado a los 18,4 euros por metro cuadrado, según datos del portal Idealista.com. Por último, en cuanto a la vivienda social, encontramos que solo un 1,9% de las viviendas de la ciudad de Barcelona se destinan a vivienda de alquiler social, muy por debajo de la media europea que se sitúa en el 9%.
– Urbanismo y transporte. El proyecto de las Superilles pretende descongestionar los barrios y poner los espacios públicos al servicio de las personas. El problema es que estos espacios descongestionados que podrían poner el espacio público a disposición de la clase trabajadora y, por lo tanto, redistribuir la riqueza como apunta el antropólogo urbano José Mansilla, se está planteando consolidar en barrios de clase media como el Eixample y no en barrios de clase obrera, como Nou Barris, donde el PSC votó en contra. Además, Barcelona en Comú está impulsando el Pla Besòs con recalificación de terrenos a Sant Andreu y el Bon Pastor creando un polo audiovisual copado por las empresas tecnológicas que suelen pagar salarios bastante bajos, como apunta el propio Mansilla. Por último, habría que destacar que proyectos de este tipo quedan limitados por la insuficiente apuesta en el transporte público. La limitación del transporte privado tendría que ser un incentivo para potenciar el público. A pesar del aumento de este tipo de transporte frente a los gobiernos convergentes de Xavier Trias, no parece todavía suficiente hablar de un cambio de paradigma. Y aún menos si tenemos en cuenta que este aumento depende de la construcción de infraestructuras pendientes como el tramo central de la línea 9 del Metro, la unión del tranvía por la Diagonal, el enlace de líneas con el Vallés y el Baix Llobregat o el desdoblamiento de la R3 hasta Vic (Diario Público 18/04/2022).
– Servicios Públicos. El Plan de Barrios, que dota con psicólogos a cuarenta centros educativos de Barcelona, pretende ofrecer este servicio en todos los centros educativos de la ciudad. El Pacto de Ciudad 2023 – 2030 (Generalitat + Ayuntamiento de Barcelona) prevé 47 actuaciones en la red sanitaria en los próximos años. Además, la alcaldesa Ada Colau ha anunciado su intención de aumentar el gasto social si vuelve a ser elegida. No obstante, se hace difícil pensar que esto se pueda llevar a cabo, teniendo en cuenta el artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda pública (113,1%) por encima de la dotación de Servicios Públicos y las leyes de estabilidad presupuestaria y de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL), conocidas como Leyes Montoro, ministro del Gobierno del PP de Mariano Rajoy que las promulgó. Sin desobedecer estas leyes y poner el dinero del erario público a disposición de los Servicios Sociales, no es posible ninguna política rupturista local al servicio de las necesidades más básicas de la clase trabajadora barcelonesa.
– Municipalización de servicios. Lejos de la promesa realizada durante la campaña de las municipales del 2015, todavía encontramos bastantes servicios externalizados en el Ayuntamiento de Barcelona, como por ejemplo el Servicio de Atención Domiciliaria o el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales. En total, estamos hablando de aproximadamente un 50% de servicios municipales externalizados.
¿Cuál es la alternativa?
De este modo, vemos como el supuesto Ayuntamiento del cambio de Barcelona en Comú no ha sido capaz de acabar con la implantación de un urbanismo de signo neoliberal que proviene de los tiempos del Franquismo (Porcioles) y que hace de la acumulación de capital alrededor de la turistificación, la especulación urbanística, la gentrificación y la presión hacia los y las inquilinas y los espacios públicos su razón de ser. La política de Barcelona en Comú ha combinado pequeños adelantos con grandes retrocesos que quedan sintetizados en el informe que se puede observar más arriba. Volver al urbanismo popular que tuvo como motor las asociaciones de vecinos de Barcelona y sus fuertes reivindicaciones entre 1979 y 1986 no será posible sin desobedecer las leyes de estabilidad presupuestaria y sin articular fuertes movimientos vecinales en los barrios que tengan como ejes centrales la autoorganización, la lucha contra los desahucios, la remunicipalización de los Servicios Públicos, la lucha por un transporte sostenible, público y con suficiente oferta para satisfacer toda la demanda obrera, la creación de un auténtico parque de vivienda pública de alquiler protegido y la apuesta por un urbanismo al servicio de la clase trabajadora y el pueblo que solo se podrá alcanzar con la movilización continuada en la calle.
¿Qué plantea el resto?
El modelo fantasma del PSC
Como señala el antropólogo urbano José Mansilla, este PSC postmaragalliano carece del elemento intelectual que lo distinguía en el pasado y no dispone de una estrategia y un modelo de ciudad propio. Siguen el proyecto de la marca Barcelona al servicio de los poderes de la ciudad, o, si más no, con proyectos que funcionan como parches, como las Superilles en barrios de clase media, que no suponen discutir realmente el modelo de acumulación económica de las clases acomodadas. Además, el PSC de Collboni es uno de los firmes defensores de la ampliación del aeropuerto del Prat, un plan que no solo atenta contra la sostenibilidad en un momento de colapso, sino que es completamente antidemocrático y no cuenta con ningún tipo de apoyo popular, puesto que el único que pretende es mantener y profundizar un modelo económico basado en la precariedad.
El modelo business-friendly de Junts per Catalunya
Por su parte, el modelo de Junts per Catalunya es neoliberal por excelencia en esta campaña de las municipales del 2023 en Barcelona. Es el modelo de la marca Barcelona, que entrega todos los espacios, instituciones y recursos de la ciudad al servicio de las empresas y del lucro capitalista. Es el modelo de la gentrificación urbana, de la turistificación masiva, de la especulación urbanística al servicio de los grandes tenedores de propiedades y de la privatización progresiva de los servicios públicos.
¿Y qué plantea la CUP?
El programa electoral de la CUP de cara a las municipales de Barcelona 2023 plantea, en un total de 63 páginas, propuestas alrededor de la Renta Básica Universal, la vivienda, la desprivatización de los Servicios Públicos, un modelo de transición ecosocial y una transición hacia una economía pública, social y planificada, entre otros. Sin embargo, este modelo no será posible sin desobedecer las reglas de estabilidad presupuestaria del estado (Leyes Montoro). A pesar de que hacen referencia al no pago de la deuda, no explicitan cuáles son sus instrumentos: Leyes Montoro + artículo 135 de la CE. Hay que anunciar explícitamente que no nos podemos someter a estos instrumentos si queremos realmente realizar una política municipal íntegramente al servicio de la clase trabajadora y el pueblo.
Este 28 de mayo…
Ante la ausencia de alternativas de izquierda y a pesar de las limitaciones programáticas y estratégicas que tenemos con la CUP, gritamos a todo activista, especialmente todo el mundo que se haya llevado una decepción con Barcelona en Comú, a votar críticamente a la CUP en Barcelona.
En primer lugar, porque las y los miembros que forman la lista de la CUP son activistas que luchan con las vecinas de Barcelona, como es el caso de los desahucios, y con quienes compartimos trinchera en otras luchas, como por ejemplo contra las opresiones. También son de las pocas organizaciones que están denunciando públicamente el racismo institucional que impide que las personas migrantes voten y puedan ser votadas, y esto nos parece destacable.
Por otro lado, creemos que la CUP puede jugar un papel de oposición en el Ayuntamiento de Barcelona, respecto el resto de formaciones políticas que pretenden convertir -todavía más- la ciudad a favor de un turismo masivo, a expensas de echar las familias.
Nuestro voto no nos hace olvidar nuestras diferencias con la CUP, que ha demostrado ser un proyecto electoral dispuesto a gobernar dentro de los estrechos límites de la institucionalidad. Si bien es cierto que las diputadas de la CUP han hecho de altavoz de algunas luchas de la ciudad, no es suficiente si desde los Ayuntamientos no se impulsa la movilización en los barrios y desobedezcamos la legalidad institucional.
Para leer nuestras diferencias con la Izquierda Independentista click aquí.
Para leer nuestro análisis sobre la CUP click aquí.
Para nosotr@s la lucha no se puede enmarcar únicamente en los límites institucionales, y lo único que nos puede garantizar una ciudad al servicio de la clase trabajadora y el pueblo, y no al servicio del capital, es la autoorganización en los barrios, en los centros de trabajos y de estudios, por eso te invitamos a construir Corriente Roja con nosotr@s.