Desde el genocidio en las residencias a la falta de UCIs en los hospitales: ¡Ayuso responsable!Nos enfrentamos a una campaña electoral en la que tenemos que aguantar, como si no hubiésemos tenido suficiente hasta ahora, a Isabel Díaz Ayuso justificando su fatídica gestión de la pandemia durante más de un año, con el indignante objetivo de ser reelegida presidenta de la Comunidad.
Lo fatal de la pandemia de la COVID-19 no ha sido que nos haya pillado desprevenidos, sino que estalló ante un sistema sanitario que ha venido sufriendo la privatización durante años, dejando nuestra salud a merced del beneficio de la patronal.
El genocidio de más de 6.000 ancian@s en las residencias de la Comunidad es el ejemplo más claro de las dramáticas consecuencias de la privatización de la Sanidad Pública. No ha sido hasta recibir las noticias de esta tragedia cuando hemos empezado a escuchar eso de la “medicalización” de las residencias. Y es que la privatización de las residencias siempre se ha dado por sentada, tanto es así que hasta que no ha ocurrido una verdadera desgracia no las hemos empezado a concebir como recursos que deberían pertenecer a nuestro sistema público de salud.
Privatizar el derecho al cuidado de nuestr@s mayores ha sido pan comido para los sucesivos gobiernos de nuestra Comunidad, y para los de prácticamente todo el Estado. Simplemente han tenido que hacer una cosa: no invertir en residencias públicas.
Las cifras son desalentadoras: l@s ancian@s muert@s en residencias durante la pandemia son casi el 40% del total de fallecid@s de todo el Estado (casi 30.000) y prácticamente ninguna comunidad autónoma se libra de que su porcentaje sea alto.
El 95% de las casi 400.000 plazas ofertadas en residencias de todo el Estado son de gestión privada, lo que supone un negocio de casi 5.000 millones al año, de los cuales 2.000 millones son pagados por el Estado a un puñado de empresas privadas.
La criminal actuación de Ayuso ante la emergencia que se desató cuando la COVID irrumpió en las residencias geriátricas responde a una lógica eugenésica (sacrificar a la población no productiva) ya que no solamente faltaban recursos sanitarios en las residencias: los hospitales públicos carecían de UCIs suficientes, a causa de la progresiva desinversión que la Sanidad Pública sufre desde la crisis de 2008, de la mano de gobiernos de todos los colores, centrales y autonómicos.
En este escenario, Ayuso impuso el 18 de marzo de 2020, recién arrancada la primera ola, un protocolo específico para la emergencia creciente en las residencias: “el protocolo de la vergüenza” instaba a todas las competencias implicadas a no trasladar a l@s ancian@s de las residencias a los hospitales. En los 20 días posteriores fallecieron 5.343 de es@s ancian@s, el 84% de muertes en ese periodo.
Desde entonces, ni se han medicalizado las residencias, ni se han revertido los recortes al sistema de salud madrileño, por lo que el criterio de guerra en los hospitales ha sido una constante en las sucesivas olas de contagio. Un año después, con el 80% de ocupación en las UCIs, el criterio por el que unas vidas valen más que otras sigue presente.
Para Ayuso la pandemia no ha supuesto otra cosa que una nueva oportunidad para seguir privatizando, asignando a dedo contratos a empresas amigas, como fueron las 14 empresas que facturaron 48 millones solamente por la construcción del hangar Isabel Zendal. La ristra de despropósitos de la presidenta es interminable, en total han sido 4.196 contratos “de emergencia” los que ha asignado sin concurso público, por los cuales sus amigos se han embolsado 816 millones de euros. Algunos de ellos han sido muy sonados: los menús escolares del Telepizza (más de un millón de euros), la externalización de los test masivos (24’5 millones), de los rastreadores o la compra de mascarillas inservibles a China, estos dos últimos contratos sin datos oficiales.
Todos estos “contratos de emergencia” atienden a la misma lógica privatizadora que convierte los servicios públicos en un negocio que pagamos toda la clase trabajadora con nuestros impuestos, a cambio de la precarización de los mismos.
Desde Corriente Roja lo tenemos claro: ningún partido de los que se presentan a las elecciones del 4M merece la confianza de ningún barrio obrero, porque ninguno se ha atrevido hasta ahora a revertir las privatizaciones ni tampoco han implementado la contratación de más personal sanitario y así reforzar la Sanidad Pública. Como hemos podido comprobar con el caso de las residencias, la privatización no es solo cosa de Ayuso, ésta actúa en consonancia con sus antecesores, incluso con el ayuntamiento del cambio de Carmena, que a pesar de las promesas, nada remunipalizó. También actúa en coordinación con el gobierno central, “el más progresista de la historia”, que a su vez continúa la política de recortes de los gobiernos anteriores.
Ayuso es culpable de cada una de las muertes en las residencias, así como también lo es el gobierno central, por lo que votar al PSOE o a UP estas elecciones no nos parecen solución al drama al que nos enfrentamos la clase obrera y el pueblo pobre. Si queremos hacer pagar a Ayuso por sus crímenes y acabar de una vez por todas con la privatización de los servicios públicos tendremos que organizarnos desde las calles, por fuera de las instituciones que no tienen otro fin que el de transferir nuestra riqueza, la de l@s trabajador@s, a los bolsillos de los capitalistas, pagando incluso con nuestra propia salud, como venimos sufriendo durante esta pandemia.
Por eso desde Corriente Roja llamamos al voto por la lucha en estas elecciones, ya que no hay un partido que represente nuestros intereses, y gobierne quien gobierne la lucha está en la calle.
¡Expropiación de las residencias de ancian@s y medicalización al 100% de ellas!
¡Reversión de los recortes en Sanidad! Por un plan de choque socio-sanitario que salve a la clase trabajadora y al pueblo pobre.
¡Echaremos a Ayuso con la lucha y recuperaremos lo que es nuestro!