El pasado martes el gobierno anunció su paquete de medidas económicas para hacer frente a la situación creada por el COVID-19. PSOE y Unidas Podemos desplegaron una amplia campaña propagandística presentando las medidas como un “escudo social”. Según ellos, a diferencia de la crisis de 2008, en esta ocasión no se estaría dejando a la gente humilde detrás. Sin embargo, si analizamos las medidas con detenimiento, más que un “escudo social”, esto es una operación de salvamento de grandes empresas.
En primer lugar, el grueso aplastante del dinero movilizado se destina a aportar liquidez a las empresas. El gobierno ya había anunciado el aplazamiento de impuestos de las empresas, lo que supone una inyección de 14.000 millones. Ahora el Estado avalará hasta 100.000 millones de € los créditos empresariales que se soliciten a entidades financieras. A eso se suman 10.000 millones destinados a créditos directos (ICO) y 2.000 millones para coberturas aseguradoras.
Las medidas suponen una masiva operación de salvamento de las grandes compañías que han desencadenado una verdadera avalancha de ERTEs (ilegalmente ejecutados, ahora legalizados retroactivamente) que han afectado, cuando menos, a un millón de trabajadores/as. Grandes compañías multinacionales de restauración, automovilísticas, aeronáuticas, textiles, etc… que encadenan beneficios multimillonarios año a año, ahora son financiadas por el gobierno con dinero público para aplicar ERTEs.
La justificación de esta medida sería “evitar despidos”, para lo que Pedro Sánchez pide a los empresarios que “por favor, por favor” no lo hagan, en una imagen muy ilustrativa de quién tiene la batuta realmente. Lo cierto es que ya se están produciendo miles de despidos. Las medidas anunciadas dejan en la más absoluta indefensión a quienes no tienen suficiente tiempo cotizado para percibir prestación por desempleo (el nuevo subsidio sólo cubre ERTEs, no despidos). Si realmente el gobierno quiere evitar despidos masivos, ¿por qué simplemente no los ha prohibido como se está haciendo en otros países?
Con los ERTEs los trabajadores/as pierden el 30% de su salario, en cambio las empresas se ahorran los costes ahora… y mañana podrán despedir por causas objetivas económicas alegando el propio ERTE. ¡Negocio redondo!
Cuando hablan de que «todos/as tenemos que arrimar el hombro» en esta situación difícil, tenemos claro cuál es el esfuerzo que está llevando a cabo la gente trabajadora, ¿pero exactamente qué es lo que están aportando las grandes corporaciones, además de obligar a ir al trabajo ayudando a extender la epidemia?
«El gordo» de este año cae en el IBEX 35
Para las/os trabajadores en activo o los autónomos, las medidas sociales que aprueba el gobierno son muy limitadas. Las medidas que se presentan como «más sociales» incluyen (durante un mes) prohibir el corte de suministros básicos o la moratoria del pago hipotecario (que no se aplica para el alquiler). Y ese mes ¡ojo!, habrá que pagarlo más adelante. Estas ayudas no son generales, el requisito es reunir las condiciones de «persona vulnerable».
A las entidades locales se les permite invertir en servicios como la atención domiciliaria sólo si tienen superávit y hay una muy pequeña partida, en relación al conjunto del plan, en servicios sociales rodeada de ambigüedades sobre cómo se van a concretar. Tras años de recortes, también se refuerza la investigación de manera a todas luces insuficiente.
Una situación aún más grave para mujeres, migrantes, desahuciados…
El gobierno permite la reducción de jornada (con reducción salarial) para atender a enfermos, niñ@s o dependientes. A esta medida, se acogerán mayoritariamente las mujeres, sobre quienes recaen fundamentalmente las tareas de cuidados. Con esta medida, aún se abrirá más la brecha salarial y la temporalidad femenina.
La problemática de la vivienda también se acentúa. Si ya muchas familias vivían hacinadas, estar enclaustrado durante semanas en esas condiciones se convierte en una verdadera tortura. El gobierno, lejos de abrir las casas cerradas en manos de entidades bancarias, ha seguido desahuciando en plena emergencia sanitaria.
El colmo lo vive el colectivo de “sin techos”, a los que se les ordena el confinamiento… Ahora, en el mejor de los casos, se los está amontonando en albergues, con lo que en muchos casos se pondrá en riesgo su salud, ya que suelen ser población de riesgo.
La población migrante también vive esta situación con mayor dramatismo. Si alguien no tiene papeles, ¿se arriesgará a comunicar que está enfermo/a? Además, las migrantes suelen ser mayoría en los sectores más precarios e irregulares, como el trabajo doméstico, con lo que muchas se quedan ahora sin ningún derecho.
Por otra parte, en los CIEs, migrantes que no han cometido ningún delito se hacinan en condiciones sanitarias insuficientes. ¡Es momento de abrir los CIEs!, como en estos días se ha exigido con amotinamientos como el del CIE de Aluche (Madrid).
La sanidad necesita un refuerzo urgente
El mayor desafío de la epidemia lo afrontan los servicios sanitarios. Lamentablemente, lo hacen muy debilitados tras años de recortes y privatización. Es necesario un plan de emergencia para reforzar la sanidad pública, o es posible que pronto nos encontremos con que no se puedan atender ni siquiera los casos graves de coronavirus.
Es necesario la contratación masiva de los profesionales sanitarios necesarios para atender esta emergencia, así como la adquisición de todos los equipamientos de protección y sanitarios necesarios.
Por otra parte, el gobierno ha obligado a la sanidad privada (que se había negado a hacerlo) a aceptar a los pacientes que se les derive. Sin embargo ahora ASPE, la patronal de la sanidad privada, tiene la nauseabunda idea de emplazar a los gobiernos a pagarles entre 250 y 700€ por paciente y día. ¡Esto es lo que pasa cuando se convierte un derecho humano en un negocio! Es necesario nacionalizar la sanidad privada YA e imponer un sistema de sanidad 100% pública.
#Este Virus lo Paramos Juntos…
pero lo pagamos los de siempre
Todos los discursos del presidente Pedro Sánchez, así como la publicidad del gobierno, están rodeados de un fervor tan patriótico como falso. Los trabajadores/as de la sanidad están poniendo la vida en juego para parar esto; los trabajadores/as de servicios esenciales, alimentación… hacen lo mismo. Toda la población recluida en casa: algunos parados sin subsidio no van a recibir un sólo euro de ingreso aunque no puedan eludir los gastos básicos. Quienes van a un ERTE pierden el 30% de salario y los autónomos o pequeños comerciantes reducen a cero sus ingresos, no así los gastos. Entonces la pregunta es ¿y los del IBEX 35, los banqueros que se quedaron con más de 65.000 millones de euros del rescate bancario qué van a poner?
Las medidas del Gobierno no pueden ser aceptadas más que por sus grandes beneficiarios y por los dirigentes de CCOO y UGT, prestos a hacer de palmeros como siempre. Ni tocan el bolsillo de los banqueros ni el del Rey, que los ha llenado bien con sus reales negocios. No tienen ni siquiera el coraje de prohibir los despidos como han hecho otros gobiernos nada «progresistas». Peor aún, una de sus grandes medidas ha sido blindar las empresas del IBEX 35 para que ningún inversor foráneo pueda aplicarles una OPA. Patriotas si, del Ibex 35.
La situación sin duda requiere un plan de emergencia, un verdadero plan de choque social como se está empezando con justa razón a exigir del gobierno La necesaria contratación masiva de profesionales sanitarios para atender esta emergencia, así como la adquisición de todos los equipamientos de protección y sanitarios necesarios; prohibición de los despidos y garantizar que ninguna familia se queda sin ingresos ni sin los suministros básicos de agua, luz y gas. Mucho dinero se necesita para esto, sin duda, pero ¿por qué no se obliga a los bancos a devolver hasta el último euro que se quedaron con el rescate? ¿por qué no aplican impuestos especiales a las empresas del IBEX 35? ¿por qué no se reclaman los 100 millones del Borbón y por qué en situación de absoluta emergencia no se impone la suspensión del pago de la Deuda, la deuda que los banqueros y especuladores nos llevan años haciendo pagar?
Los/as dirigentes de Unidas Podemos lamentablemente han optado por la complicidad y el silencio que obliga la pertenencia a un gobierno “progresista”, que en sus medidas se queda por detrás de la Merkel.
Solo los trabajadores/as y el pueblo salvan a los trabajadores/as y el pueblo.
Las insuficientes medidas anunciadas por el gobierno crearán además inevitablemente un grave agujero en las arcas públicas, en un contexto que probablemente sea de recesión económica. La UE ha aflojado el cinturón de momento, pero esto no durará mucho. El FMI ya ha salido a pedir “reformas estructurales” como una mayor flexibilización laboral o el recortes de las pensiones.
Con ese panorama, podemos esperar una situación tan dura como la de 2008, sino aún peor. Y ahora llueve sobre mojado…
El gobierno “progresista” apenas lleva funcionando unos meses, pero esta crisis deja a las claras que hace “mucho ruido”, pero da “pocas nueces”. En lo fundamental, desgraciadamente, la actuación es la de un gobierno que habla de los de abajo pero gobierna para los de arriba.
Desde las casas o las redes durante este periodo no hay que bajar la guardia para que no nos contagien también el “resignavirus”. Ahora más que nunca se hace urgente construir una izquierda rupturista, revolucionaria, que no tenga miedo a levantar con claridad un programa anticapitalista que anteponga las necesidades sociales a los beneficios de las grandes corporaciones. Que apueste por la lucha de la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares. En Corriente Roja estamos empeñados/as en lograrlo. Nos va la vida en ello, ¡ven con nosotros/as a construirla!
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El coronavirus y los cocineros que sólo conocen una receta: que la crisis la paguemos los de siempre