El día 6 de octubre el Parlament catalán votó a favor de la convocatoria de un referéndum sobre la independencia en el plazo de un año, hubiera o no acuerdo con el Estado. Esta votación daba paso a la “recta final” del proceso soberanista. A partir de ahora se acelera la confrontación institucional con el Estado.
Corrent Roig
En realidad, el Parlamento aprobó dos resoluciones a favor del referéndum. La primera, presentada por CSQP (la coalición formada por Iniciativa, Podemos y el grupo de Ada Colau), fue votada también por Junts pel Sí (la coalición de gobierno, formada por exConvergencia y Esquerra Republicana). Esta resolución defendía un referéndum pactado con el Estado y condicionaba la convocatoria a que estuviera reconocida por la Unión Europea (UE) y a que “interpelara a la mayoría social” y no sólo a los independentistas. La segunda resolución, votada por Junts pel Sí (JxS) y la CUP, defendía que si no era posible lograr un pacto con el Estado, el referéndum se convocaría igualmente, lo más tardar en septiembre de 2017.
El referéndum de CSQP es, sin embargo, inviable porque el gobierno español no va a acceder y porque la UE tampoco lo va a reconocer. La condición de “interpelar a la mayoría social”, en cambio, es perfectamente posible porque sólo es necesario que los Comunes (el partido que se está estructurando en torno a Ada Colau) decidan apoyarlo. La propuesta podría servir para dejar en evidencia, una vez más, el gobierno Rajoy (y a la UE) y cargarse de razones para un referéndum unilateral. Pero Pablo Iglesias ya ha reiterado que sólo aceptan un referéndum pactado con el Estado. Es decir, si el Estado se niega, no hay referéndum.
Junts pel Sí y la CUP: ¿”referéndum o referéndum”?
El referéndum de CSQP es inviable porque el gobierno español no va a acceder y porque la UE tampoco lo va a reconocer
JxS y la CUP, como hemos visto, plantean que si el Estado no pacta, el referéndum se convocará igualmente. Pero en este caso, si el referéndum es finalmente convocado, no está claro qué hará el gobierno Puigdemont cuando, el Tribunal Constitucional (TC) lo anule. ¿Se mantendrá firme, desobedecerá y celebrará el referéndum plantando cara a las amenazas del Estado, a las presiones de las patronales y a la reprobación de Bruselas? Es más que legítimo dudarlo. De hecho, el expresidente Artur Mas tardó poco en declarar que él pensaba que ante la prohibición del TC, en vez de referéndum, se tendrían que convocar «elecciones constituyentes”.
Los presupuestos de la Generalitat
Entretanto, Puigdemont y Junqueras, en un mensaje dirigido a la CUP, han planteado como condición obligada de la “hoja de ruta” independentista la aprobación de los presupuestos de 2017. El problema es que, al igual que los que la CUP rechazó en junio, los “nuevos” presupuestos siguen siendo prisioneros de los dictados de la UE y del gobierno central; en vez de revertir los recortes de Mas, los perpetúan, y tienen como prioridad pagar la deuda a expensas de las necesidades sociales.
Es probable que incluyan algunos cambios menores (una partida para el referéndum, modificaciones menores en los impuestos…), pero la naturaleza de los presupuestos no cambiará, por mucho que la CUP los acabe avalando. De hecho, la CUP está apareciendo ante sectores amplios como ala izquierda del gobierno Puigdemont.
La clase trabajadora catalana y el proceso soberanista
Una clara mayoría de la clase trabajadora catalana está por el derecho a decidir y a favor de un referéndum de autodeterminación, pero se muestra bastante indiferente ante el conflicto en curso. Esto se explica porque el movimiento independentista aparece ajeno a las preocupaciones de los trabajadores; cuya mayoría no comparte el deseo de separarse y es partidario de mantener vínculos de unión voluntaria con el resto de pueblos del Estado. Los sindicatos, además, no toman ningún protagonismo en el conflicto y no van más allá de pronunciamientos vacíos a favor del derecho a decidir.
Pero la clase trabajadora no puede mantenerse al margen del conflicto. Se trata, por el contrario, de pelear para quitarle la dirección a los sectores burgueses y para eso hay que manifestarse a favor del referéndum unilateral (no hay otra manera de ejercer el derecho a decidir) y defender una república catalana libre como parte de una libre confederación con el resto de pueblos del Estado. Y hacerlo recuperando la lucha masiva por las reivindicaciones obreras y sociales. Por todo esto es grave que los Comunes, que dicen representar a los trabajadores, estén en contra del referéndum en el supuesto de que no sea pactado.
Prepararse para un nuevo ciclo de movilización.
Ni un día de tregua a Rajoy
Ahora ya tenemos un nuevo gobierno Rajoy, gracias a la abstención de los diputados socialistas. El nuevo gobierno nacerá con una gran debilidad pero, al mismo tiempo, obligado a atacar desde el primer día: aplicando el plan de recortes dictado por la UE y, enfrentándose y reprimiendo al movimiento soberanista.
Pero si Rajoy va a atacar desde el primer día, nosotros no le debemos dar ni un solo día de tregua. Y tampoco debemos depositar ninguna confianza en el gobierno Puigdemont. Por el contrario, hay que poner en marcha un nuevo ciclo de movilización por las reivindicaciones sociales, frente a la represión contra el movimiento soberanista y en defensa del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.
La clase trabajadora debe manifestarse a favor del referéndum unilateral y defender una república catalana libre como parte de una libre confederación con el resto de pueblos del Estado
La presidenta del Parlament catalán procesada
El anuncio de referéndum ha venido acompañado del procesamiento de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que es la punta de lanza de una vasta ofensiva judicial que incluye a Artur Mas, Francesc Homs, un concejal de la CUP de Vic, concejales de Badalona…
Entre todos estos casos, el procesamiento, y probable inhabilitación, de Carme Forcadell revista especial gravedad, ya que supone un gravísimo atentado antidemocrático contra el Parlament y, de rebote, contra el pueblo de Cataluña. Por eso, uno de los llamamientos más aplaudidos durante la última Diada fue que no se reconociera la inhabilitación de Carme Forcadell si ésta se daba. Así debe hacerse, con todas las consecuencias, aunque entremos en un choque de consecuencias imprevisibles.