El apoyo del Parlamento a la convocatoria de un referéndum sobre la independencia en el plazo de un año, haya o no acuerdo con el Estado, ha sido el pistoletazo de salida de la «recta final» del proceso soberanista. A partir de ahora se acelera el proceso institucional y, con él, la confrontación con el Estado.
Por Corrent Roig
En realidad, el Parlamento aprobó dos resoluciones a favor del referéndum. La primera, presentada por CSQP (Iniciativa, Podemos y Ada Colau) y votada también por Junts pel Sí (exConvergencia y Esquerra Republicana), defendía un referéndum pactado con el Estado y condicionaba la convocatoria a que estuviera reconocido por la Unión Europea (UE) y a que «interpelara a la mayoría social». La segunda resolución, votada por JxS y la CUP, defendía que si no era posible lograr un pacto con el Estado, el referéndum se convocaría igualmente, lo más tardar en septiembre de 2017.
Hay que decir que el referéndum de CSQP es, de entrada, una propuesta inviable porque el gobierno español no va a acceder y la UE tampoco lo va a reconocer. La condición de “interpelar a la mayoría social», en cambio, sólo depende de que los Comunes (el partido que se está estructurando en torno a Ada Colau) decidan apoyarlo. La propuesta de CSQP podría servir para dejar en evidencia, una vez más, el gobierno Rajoy (y a la UE) y cargarse de razones para celebrar un referéndum unilateral. Pero Pablo Iglesias ya ha reiterado, al salir de la entrevista con Puigdemont, que ellos sólo aceptan un referéndum pactado con el Estado. Es decir: si el Estado se niega no hay referéndum.
Junts pel Sí (JxS) y la CUP: ¿»referéndum o referéndum»?
JxS y la CUP, cómo hemos visto, plantean que si el Estado no pacta, el referéndum se convocará igualmente. Pero lo que no está nada claro es qué hará el gobierno Puigdemont cuando, si el referéndum es finalmente convocado, el Tribunal Constitucional (TC) lo anule. ¿El gobierno de la Generalitat se mantendrá firme, desobedecerá y celebrará el referéndum, pese a quien pese, a pesar de las presiones de las patronales y la reprobación de la UE? Es más que legítimo dudarlo. De hecho, el expresidente Mas no tardó mucho a declarar que ante la prohibición del TC, en vez de referéndum se tendrían que convocar elecciones «constituyentes».
La presidenta del Parlament catalán procesada
El anuncio de referéndum ha venido acompañado del procesamiento de la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell. Más allá de los acuerdos o desacuerdos políticos con JxS, su procesamiento, y probable inhabilitación, es un gravísimo atentado antidemocrático contra el Parlamento y contra el pueblo de Cataluña. Justo una de los llamamientos más aplaudidos durante la Diada de este año fue el de no reconocer la inhabilitación de Carme Forcadell. La dignidad democrática así lo exige.
Los presupuestos de la Generalitat
Puigdemont y Junqueras, en un mensaje directamente dirigido a la CUP, han planteado como condición obligada de la “hoja de ruta” independentista la aprobación de los presupuestos de 2017. El problema es que, al igual que los presupuestos rechazados por la CUP el mes de junio, los «nuevos» siguen siendo prisioneros de los dictados de la UE y de Montoro. En vez de revertir los recortes de Mas, los perpetúan y tienen como prioridad pagar la deuda a expensas de las necesidades sociales.
Es probable que incluyan algunos cambios menores (una partida para financiar el referéndum, alguna modificación menor en los impuestos…), pero su naturaleza en ningún caso no cambiará, por mucho que la CUP los acabe avalando en nombre de la hoja de ruta. El caballo de batalla de la CUP en estos presupuestos es el Referéndum, dejando las reivindicaciones sociales en un segundo plano. De hecho, la CUP está apareciendo cada vez más, como el ala izquierda del Gobierno Puigdemont.
La clase trabajadora catalana y el proceso soberanista
Una mayoría de la clase trabajadora catalana, si bien está claramente por el derecho a decidir y a favor de un referéndum de autodeterminación, se muestra bastante indiferente ante el conflicto en curso. Esto se explica, entre otras cosas, porque el movimiento independentista aparece ajeno a las reivindicaciones y preocupaciones de los trabajadores; porque la mayoría de trabajadores no comparte el deseo de separarse y es partidario de mantener vínculos de unión voluntaria con el resto de pueblos del Estado; porque los sindicatos no toman ningún protagonismo en el conflicto y no van más allá de pronunciamientos vacíos a favor del derecho a decidir.
Enredado en el «procesismo»[i], el movimiento independentista salió otra vez a la calle este 11 de Septiembre con un modelo que parece desgastado, desnudado de los lemas sociales de Diadas anteriores y perdiendo espíritu combativo. La clase obrera se ve alejada de un movimiento sin perfil social que se ha quedado con la bandera estelada cómo casi único referente.
Pero la clase trabajadora no puede mantenerse al margen del conflicto, como si no fuera con nosotros. Se trata, por el contrario, de luchar para quitarle la dirección del proceso a los sectores burgueses y, para hacer esto, hay que manifestarse a favor del referéndum unilateral, porque no hay ninguna otra manera de ejercer el derecho a decidir, y hay que defender una república catalana libre como parte de una libre confederación con el resto de pueblos del Estado. Y hacerlo ligando estas exigencias democráticas con las reivindicaciones obreras y sociales, con la lucha en la calle.
Por todo esto es grave que los Comunes estén en contra del referéndum en el supuesto de que no sea pactado y que subordinen todo, la cuestión catalana y la cuestión social, a la vía institucional.
Prepararse para un nuevo ciclo de movilización
Ahora, después del escándalo del comité federal del PSOE, todo indica que se acaba ya el larguísimo ciclo electoral y que se constituirá en breve un nuevo gobierno Rajoy, gracias a la abstención de los diputados socialistas. El nuevo gobierno nacerá con una gran debilidad pero, al mismo tiempo, obligado a aplicar, bajo el dictado de la UE, un plan de recortes y ataques desde el primer día, además de reprimir el movimiento soberanista.
Es hora de prepararse para responder y de poner en marcha un nuevo ciclo de movilizaciones. Hay síntomas que apuntan en este sentido como las movilizaciones jornaleras en Andalucía, la huelga estatal del Telemarketing o, aquí, la de los trabajadores de la empresa Mohn de los autobuses del Baix Llobregat. Un momento importante será la jornada estatal del 3 de diciembre convocada por las Marchas por la Dignidad, donde el bloque del sindicalismo de clase llama a participar bajo las consignas: «no hay cambio sin lucha obrera», «derogación de las reformas laborales», «defensa de lo público», «no al pago de la deuda» y «amnistía social».
Hay que recuperar el protagonismo social de la clase trabajadora para asumir el protagonismo político que necesitamos.
Un proceso interminable, que no acaba nunca