El discurso político que predomina en Europa es que esta es una tierra donde los derechos LGTBI se respetan como síntoma de una sociedad progresista: hasta partidos derechistas como Ciudadanos, que no dudan en pactar con la ultraderecha, se apropian de la bandera multicolor para perfilar una imagen neoliberal en la que no importa si eres gay o transexual siempre y cuando las reglas del libre mercado te parezcan bien. Recordamos el discurso del “feminismo liberal” de Inés Arrimadas que glorifica la figura de la mujer “emprendedora” (empresaria, rica) e incluso insta a las mujeres a iniciar este emprendimiento alquilando su vientre.
Pero detrás de esta fachada progresista nos encontramos ante la inacción de todos los partidos parlamentarios ante las reivindicaciones del colectivo, la cual perpetúa nuestra desprotección. Podemos ejemplificar este hecho sacando a coalición las 1000 enmiendas con las que ya cuenta el Proyecto de Ley de Igualdad LGTBI, el cual viene siendo amputado desde 2007 con el beneplácito (por pasividad) del partido que lo presentó ante el Parlamento, Podemos.
El Proyecto de Ley de Igualdad LGTBI, redactado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) con la colaboración de sindicatos y organizaciones por los Derechos Humanos, pretende unificar las demandas del colectivo a nivel estatal ya que en la actualidad no existe una legislación que proteja a las personas LGTBI en todo el territorio del Estado Español, rigiéndose esta por legislaciones autonómicas, en muchos casos inexistentes, como en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja.
A la cabeza de la contienda parlamentaria contra este proyecto nos encontramos a un PSOE tránsfobo, que arremete contra el derecho de las personas trans gestantes a la reproducción asistida en hospitales públicos, llegando a declarar que “si un hombre tiene capacidad de gestar, entonces es una mujer”.
Entre las aspiraciones de la Ley que han sido desechadas se encuentra la regulación de una atención específica sanitaria a mujeres lesbianas o bisexuales, lo cual va en contra de la política de recortes en sanidad que vienen aplicando PP y PSOE desde el inicio de la crisis.
También se ha suprimido la propuesta para la formación de jueces en la realidad LGTBI así como el establecimiento de protocolos de actuación de médicos forenses ante casos de violencia LGTBIfóbica. Del mismo modo, se rechaza la propuesta de formación obligatoria para docentes de la Educación Pública en diversidad sexual.
Como podemos comprobar los grupos parlamentarios actúan en consonancia con su función: servir de saqueadores del pueblo que, con el pretexto del pago de la “deuda pública” niegan recursos a los colectivos más vulnerables para regalárselos a bancos.
La acción parlamentaria resulta insuficiente para atender las necesidades del colectivo LGTBI, para alcanzar nuestros objetivos debemos organizarnos y movilizarnos junto al resto de la clase trabajadora y estudiantes contra unos gobiernos que nos atacan en todas las esferas de nuestras vidas, siendo los primeros perjudicados de estos ataques los que partimos de una opresión social.
Por ello desde Corriente Roja exigimos:
¡Inversión en Sanidad para la atención de las necesidades específicas LGTBI!
¡Recursos para formación obligatoria a profesorado y alumnado en diversidad sexo-afectiva para la protección de la infancia LGTBI!
¡Por un sistema judicial libre de LGTBIfobia! ¡Protección ante las agresiones LGTBIfóbicas!
¡Cupo laboral contra el desempleo trans! ¡Derecho a la autodeterminación de género sin patologización!
