El 9 de marzo la Plataforma Estatal en Defensa de la Educación Pública convocaba una nueva jornada de huelga de toda la comunidad educativa, aparentemente, contra la LOMCE y el 3+2. Lo que no nos dijeron al conjunto de la comunidad educativa, estudiantes, profesor@s, trabajador@s, padres y madres, es que esa huelga tenía un trasfondo muy concreto: presionar al gobierno para poner en marcha el Pacto de Estado social y político por la educación.
Por Juventud de Corriente Roja
El mes de febrero de este mismo año, la PlataformaEstatal en Defensa de la Educación Pública, con el Sindicato de Estudiantes a la cabeza, ya se incorporaba a la Subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados para establecer las bases de ese nuevo pacto de estado educativo.
¿Qué es el pacto de Estado por la educación?
El llamado pacto de Estado es, en realidad, un proyecto para redactar un nuevo decreto ley que sustituya la polémica LOMCE y que, en palabras del ministro de educación Méndez de Vigo, “de a nuestro sistema educativo la estabilidad de la que ya gozan en los sistemas educativos que mejor desempeño presentan”. Lo que nosotros nos preguntamos es, estabilidad ¿a qué precio?
En los últimos años, los ataques a la educación pública en el estado español han sido continuos y es imposible concebirlos sin que sean parte de un mismo plan: expulsar a la inmensa mayoría de los hij@s de la clase trabajadora de la educación pública para insertarla en el mercado laboral con unas condiciones mucho más precarias, con salarios de miseria y sin derechos laborales, en otras palabras, construir un nuevo patrón de explotación en base a contratar mano de obra más barata y flexible. Así pues, los recortes en el presupuesto destinado a la educación pública, el fortalecimiento de la educación privada y la lógica educacional al servicio de los intereses del mercado marcan la situación de la educación hoy en día. El nuevo pacto de estado no es más que un intento de consolidar este modelo educativo y seguir desmantelando la educación pública a costa de condenar la juventud y dejarnos sin futuro.
Una ley consensuada con todos los partidos políticos y avalada por los sindicatos mayoritarios o, como dice la diputada de C’s Marta Martín, “una ley de todos”. Lo que eso significa es que acabará siendo una ley que salvaguarde los principios fundamentales de la LOMCE con algunos cambios cosméticos y presentados como una victoria para el movimiento. Entre otras cosas, la LOMCE introduce la diferenciación entre institutos de primera calidad e institutos de segunda a través de subvenciones, pues la financiación de estos dependerá de los resultados que se obtengan, por lo que los centros con menos recursos experimentarán un proceso de precarización cada vez más avanzado; la religión católica adquirirá mayor peso y los centros que segreguen por sexos no tendrán que justificar de forma objetiva y razonada tal modelo educativo para optar al concierto económico y, es más, todas las escuelas que segreguen por sexos serán financiadas por los gobiernos autonómicos en caso de que estén en números rojos. Con esto, bajo la supuesta intención de mejorar la calidad educativa se esconde el proyecto de seguir desmantelando la educación pública y echar a todos los estudiantes que no puedan costearse centros privados, potenciando que estudiar sea un privilegio para los más ricos y no un derecho para todos y todas.
Dice el diputado del PSOE Manuel Cruz que “si se quiere conseguir un pacto de estado, ninguno de los actores podrá conseguir su programa de máximos, habrá que buscar puntos de consenso”. Esto es un llamado a los sindicatos que están participando del pacto, SE, CCOO y UGT, para decirles que se olviden de conseguir todo lo que ellos proponen, que van a tener que dialogar y ceder – como todos – para llegar a un gran acuerdo con el que todo el mundo esté conforme. Un acuerdo que satisfazca tanto a los partidos de la gran burguesía financiados por bancos y multinacionales como a los estudiantes más precarios que apenas pueden pagarse los estudios o que tienen que estudiar y trabajar a la vez.
El nuevo-viejo gobierno se vanagloria por haber “movido ficha” y haber derogado las reválidas el pasado noviembre. Dice que la educación es fundamental y que por eso es necesario el pacto de estado. Pero también dice que la Unión Europea impone líneas infranqueables y hay que acatar sus directrices, dice que la Estrategia Universitaria 2020, en otras palabras, el 3+2 sigue vigente y que el nuevo pacto tiene que recoger “lo mejor” de las anteriores reformas educativas. Llegados a este punto, ¿de qué quieren dialogar con semejantes condiciones?
La Estrategia de Educación y Formación 2020 y la Estrategia Universitaria 2020 estarán incluidas en este nuevo decreto ley, pues no se plantea la derogación del 3+2. Así pues, será una ley bajo las órdenes de la UE manteniendo sus dos grandes objetivos: mercantilizar la educación y ponerla al servicio del mercado laboral y precarizarla, es decir, que los grados universitarios sean un tercero de bachillerato y que la especialización se de en los masters que mantienen un precio desorbitado, asegurando que solo los estudiantes que puedan costearse esas tasas podrán especializarse en sus estudios. Aunque hace un año que se clama que el 3+2 está paralizado en algunos territorios como Catalunya, las leyes y mociones de los parlamentos se quedan en papel mojado, pues la consellera de educación del Parlament de Catalunya, Meritxell Ruiz, ha asegurado que en setiembre estrenaremos 28 grados universitarios nuevos, 11 de ellos con el modelo 3+2 ya integrado.
¿La comunidad educativa participará del pacto de estado?
PP, PSOE y Ciudadanos han resaltado que no se ha invitado a la comunidad educativa a la Subcomisión porque su creación responde a una iniciativa parlamentaria, y, por tanto, es labor de los diputados, aunque han alegado que serán escuchadas las diferentes propuestas e iniciativas. Además de eso y, ante las amenazas de la Plataforma Estatal en defensa de la Educación Pública de volver a las huelgas y movilizaciones si su voz no es escuchada, el PSOE ha indicado que “si el motivo de la huelga es que no se escucha a la comunidad educativa, no habrá huelga” ya que la comunidad educativa tendrá la oportunidad de ser escuchada en la Subcomisión.
Antes de seguir la primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué significa que participe la comunidad educativa. Para Corriente Roja la comunidad educativa no la representan los sindicatos oficialistas y mayoritarios como el SE o CCOO y UGT. Unos sindicatos que pactan las movilizaciones y huelgas en sus cúpulas sindicales, que deciden leyes educativas sin consultas en las aulas o en asambleas de trabajador@s y que están interesados en defender los intereses del mismo estado que los subvenciona y financia no representan al conjunto de la comunidad educativa. La comunidad educativa está en los puestos de trabajo y en las aulas de cada centro de estudio. Por lo tanto, mientras el gobierno se llena la boca diciendo que va a ser una ley consensuada también con la comunidad educativa, la realidad es que no van a contar con la opinión de las decenas de miles de estudiantes y profesor@s que se han movilizado este año y, por lo tanto, van a decidir por nosotr@s.
Ante el papel que está jugando la Plataforma Estatal en Defensa de la Educación Pública – integrada por diferentes sindicatos – de hacerle el juego a las instituciones que nos quieren arrebatar la educación pública, se hace más claro que nunca que l@s activistas de todo el estado que hemos salido a la huelga este año necesitamos un sindicato alternativo que defienda de verdad los intereses de los estudiantes y que su eje central sea organizar, movilizar y luchar, no pactar.
Qué pacto tenemos que construir
Desde Corriente Roja reiteramos el rechazo al pacto de estado que se está moviendo desde el gobierno y las cúpulas sindicales. Queremos repetir que no es suficiente con derogar la LOMCE y el 3+2, tenemos que caminar hacia una educación gratuita y ningún pacto con el gobierno PP-PSOE-C’s y sus aliados va a defender este modelo.
No obstante nos encontramos con que los gobiernos de turno, que siguen las directrices de la Unión Europea, que son herederos del régimen del 78 y que aplican los planes de ajuste más bárbaros contra l@strabajador@s y estudiantes, tienen como objetivo central pagar la deuda a la banca acreedora. Una deuda ilegítima generada por los mismos que han generado la crisis – los banqueros y los grandes empresarios – y que está impuesta por la Unión Europea y la Troika. Así, la lucha por la educación al servicio de la clase trabajadora está condicionada a exigir el no pago de la deuda y la ruptura total con la Unión Europea – esta máquina de guerra contra los trabajdor@s, la juventud, y los pueblos.
No vamos a aceptar ningún pacto que no sea discutido y votado en cada aula, en cada facultad, en cada centro de trabajo y estudio y que no tenga como ejes la educación pública, gratuita, de calidad, laica, igualitaria y que respete las lenguas y culturas de cada territorio. Somos las estudiantes y trabajadoras las que decidimos cómo tiene que ser nuestra educación, no el gobierno ni las cúpulas sindicales que no representan a nadie más que a ellos mismos. Unos sindicatos que pactaron y firmaron las dos reformas laborales y los Pactos de Toledo y que están manchados de casos de corrupción como las Tarjetas Black y subvencionados por el Estado no van a defender nuestros intereses como estudiantes de clase trabajadora. Por eso, el pacto que tenemos que construir es desde las aulas y, si nos imponen un pacto que, en esencia, siga profundizando la privatización, elitización y precarización de la educación pública, habrá que organizar la resistencia y derogarlo desde las calles.
27-M: vamos con las Marchas de la Dignidad a defender la educación pública
El ejemplo que tenemos de la lucha estudiantil los últimos meses tiene que servir para marcar el camino. Este curso hemos salido a la calle a pelear contra los recortes y la privatización. Las dos últimas huelgas han servido para que las reválidas sigan paralizadas para el resto del año, y es únicamente gracias a la lucha.
A pesar de esto no se puede cantar victoria, es necesario continuar. El Pacto de estado que nos pretenden aplicar son las mismas reformas con un lavado de cara. Sabemos que ningún cambio de fondo vendrá de un parlamento comprometido de antemano a acatar las directrices impuestas por la UE. Nuestros gobiernos, independientemente de su color, no han dudado en aplicar una y otra vez sus planes de privatización y elitizaciónde la enseñanza pública. Dejarles a ellos que “pacten” es firmar la sentencia de nuestra educación.
Quienes deben decidir qué educación queremos somos los profesores, padres y madres, estudiantes y otros trabajadores educativos, y movilizándonos podemos obligarles desde la calle a que lleven a cabo nuestras reivindicaciones.
Este 27 de mayola juventud, junto los pensionistas y al conjunto de los trabajadores podemos retomar la lucha llenando las calles de Madrid con nuestras demandas.En un momento en el que trabajadores, pensionistas, estudiantes, mujeres e inmigrantes se están organizando es más importante que nunca unificar todas estas luchas en una gran marcha estatal, pues nuestras reivindicaciones son distintas pero nuestros enemigos son comunes: el co-gobierno PP-PSOE y la UE. Es por eso que desde Corriente Rojallamamos a las asambleas y organizaciones estudiantiles, a los activistas y a toda la juventud, trabajadora o estudiante, a participar de la manifestación del 27 de mayo de las Marchas de la Dignidad, una plataforma unitaria que recoge y aglutina todas las luchas estatales y que defiende el Pan, trabajo, techo e igualdad para todos y todas.
- ¡Construyamos un movimiento estudiantil democrático, masivo, unitario, de base y combativo!
- ¡Abajo las reformas educativas LOMCE y 3+2!
- ¡Contra su pacto de estado defendamos una educación pública, gratuita, de calidad, laica, igualitaria y que respete las lenguas de los distintos territorios!
- ¡No vamos a pagar su deuda con nuestra educación!
- El 27M: ¡Estudiantes a las Marchas de la Dignidad!