Los jornaleros y jornaleras de Agrícola Espino y Baena Franco que habían visto como se le congelaban las prestaciones, ahora ven como el Gobierno y el Ministerio de Trabajo han decidido elevar el caso a vía penal, abriendo diligencias contra los cerca de 2000 trabajadores que suman dichas empresas en calidad de investigados. Esto es un intento de criminalizar las víctimas, que se enfrentan ahora a penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel. En el caso de los trabajadores de Agrícola Espino estamos asistiendo a un escándalo bochornoso con la Guardia Civil de casa en casa buscando a la gente para que vaya a declarar a los cuarteles. Se trata de un paso totalmente innecesario, ya que posteriormente serán citados por el juez para tomar declaración. Sin embargo, buscan amedrentar aún más a la gente.
Por David Perez, de Tocina Los Rosales
Para entender el calado de los conflictos de Agrícola Espino y Baena Franco, y por qué se está castigando con tanta severidad a las víctimas mientras los verdugos se pasean con total impunidad, es necesario profundizar no sólo en las relaciones laborales que en estos momentos se dan en el campo, sino que debemos comprender el desmantelamiento que viene padeciendo la agricultura en Andalucía y, por consiguiente, la ofensiva contra los derechos de los jornaleros que a día de hoy se concentran en el PER.
Desmantelamiento del campo en Andalucía
El campo andaluz ha venido sufriendo un importante retroceso que afecta no sólo al modelo productivo, sino también a las relaciones laborales existentes.
El peaje que España tuvo que pagar para integrarse en 1986 en la UE consistió en deshacerse o reconvertir las ramas productivas que, dentro de la división europea del trabajo, podían hacer competencia a las que ya se habían adjudicado las principales potencias. La “reconversión” subordinó la agricultura y la ganadería a Francia y la industria a Alemania, destruyendo sectores enteros.
La reconversión no sólo paralizó la modernización agrícola que a finales de los años 70 y principios de los 80 venía dándose, sino que ha ido desmantelando ramas como la remolacha, el algodón, el tabaco, la leche… hasta el punto que se pasó de ser exportador a tener que importar productos básicos. Entre 2003 y 2010 las exportaciones se redujeron un 20%. Los efectos de dicha reconversión se expresa notoriamente en el Producto Interior Bruto (PIB) que en el caso de la agricultura pasa de representar un 6,4% en 1985, generando un 18% del empleo, a un 2,5 % del PIB en 2014. Por el contrario, Francia se ha convertido en el segundo mayor exportador de productos alimentarios, detrás de los EEUU.
Los efectos de dicha reconversión se expresan en un profundo cambio en el modelo productivo donde la agricultura y la agroindustria han pasado a ser sectores marginales de la economía española, en post de la maquinaria alemana y francesa, grandes beneficiarios de la UE. Es en la monopolización del comercio y la industria europea por parte de estas dos potencias donde se esconden las verdaderas razones que han motivado la salida del Reino Unido de la UE.
¿Qué instrumentos utiliza la UE para desmantelar la agricultura en Andalucía?
Para avanzar en el desmantelamiento de la agricultura la UE estableció una política de cupos bajo el argumento de “regularizar el mercado y el índice de precios”, ya que los primeros años estuvieron marcados por fuertes turbulencias económicas, generando importantes pérdidas para los agricultores franceses que veían como sus productos se devaluaban debido al superávit que había supuesto la entrada en el mercado común de los productos procedentes de España.
Para evitar dichos desequilibrios y favorecer a los agricultores franceses se establecieron los límites en la producción mediante un sistema de cupos, que obliga a los agricultores a producir una determinada cantidad, fijada desde la UE, y que favorece inevitablemente a la agricultura francesa, como es en el caso de la leche y el viñedo. Esto cupos tienden a restringirse cada vez más como en el caso del melocotón y la nectarina. En 2015 el cupo se situó en 38.000 toneladas y en 2016 la han fijado en solamente 11.500 toneladas, de las cuales en julio se han permitido retirar 5.750, quedándose 940 sin cupo.
Esta política de cupo se combina con el acoso que ejercen el puñado de comercializadoras y distribuidoras que tienen el monopolio de la comercialización en el marco de la UE y que, mediante su política de precios siempre a la baja, extorsionan a las pequeñas explotaciones. Según un informe de la Comisión Europea, entre los años 2012-2015, los tomates españoles se vendieron a 66 céntimos por kilo (precio de salida del almacén) frente a los 85 céntimos de Italia, los 87 de Holanda y los 1,26 euros de Francia.
Estas políticas han provocado la ruina de miles de pequeñas explotaciones. Según el INE, en 2009 se constató un descenso de un 44,7% en las explotaciones agrarias respecto a los niveles de una década antes. En cuanto a la producción, el retroceso es aún más grave. El cultivo de tabaco pasó de 16.000 hectáreas a unas 8.000; el algodón cayó de 90.000 a 50.000 hectáreas y la remolacha pasó de 982.000 a 498.000 toneladas de producción.
Al mismo tiempo que la producción agraria tiende a desaparecer el desempleo en las comarcas agrarias se hace más acuciante. En el caso de vega del Guadalquivir las restricciones de la política de cupo amenaza con arrancar fincas enteras de cítricos, melocotoneros y nectarinas, lo cual tendría un fuerte impacto en el empleo de la comarca.
¿Porque los terratenientes miran para otro lado, mientras los pequeños y medianos agricultores van a la ruina?
Para aplicar la reconversión en el campo sin que generara grandes convulsiones sociales, la UE apostó por la famosa política de subvenciones para acallar las voces críticas con el nuevo modelo productivo. De ese modo, la UE a iniciativa de Francia decidió cambiar los criterios de acceso a la PAC (Política Agrícola Común), que pasó de ser un instrumento al servicio de aumentar la producción a premiar a los grandes latifundios improductivos en detrimento de los pequeños agricultores que producen y trabajan la tierra, al vincular dichas ayudas al número de hectáreas y no a la producción.
De un total 5.160 millones que recibe el campo en España en subvenciones de la PAC, el 80% se lo reparten entre un 20% de beneficiarios, independientemente de si trabajan la tierra o no, por el mero hecho de ser terratenientes y propietarios de grandes superficies. De hecho, entre los 900.000 perceptores de ayudas de la PAC, solo 320.000 cotizan a la Seguridad Social. ¡Sólo un tercio de los que reciben ayudas crean empleo en el campo!
Como hicieron con la reconversión industrial, las ayudas de la UE al campo solo contribuyen “en nombre de la regulación del mercado” a liquidar los sectores productivos y privilegiar a la los terratenientes rentistas, acabando con la producción en el campo y generando altas tasas de desempleo.
Aumentan los latifundios, mientras desaparecen las pequeñas explotaciones
Un estudio realizado por distintas organizaciones agrícolas señala que el modelo actual impulsado por la UE y respaldado por los gobiernos de turno está abriendo la brecha de la desigualdad en el campo, provocando la ruina de las pequeñas propiedades en beneficio de los grandes latifundios.
Señala ese mismo informe que el número de explotaciones agrarias que han desaparecido alcanza un 23,2%, ocupando Andalucía el segundo puesto en el ranking con 48.200 explotaciones desaparecidas. En los últimos 10 años los pequeños agricultores/as han perdido el control del 17% de las tierras europeas. En España la agricultura familiar ha pasado de controlar el 15% de la tierra a tan sólo el 7%. En los últimos 10 años, han desaparecido 989.796 explotaciones agrarias, es decir, 82 explotaciones por día.
Según un informe de EUROESTAT de 2012, el 3% de las explotaciones agrícolas controlan el 51% de la tierra, mientras que 81 % de los pequeños agricultores/as poseen tan solo 14% de la tierra agraria.
La Casa de Alba tiene más de 34.000 Has, los Mora-Figueroa y Domecq más de 25.000 Has, José María Aristraín más de 28.000 Has, la familia Botín con tierras que superan las 25.000 Has… Todas estas propiedades permanecen ocultas bajo sociedades mercantiles y todas ellas reciben pingües ayudas de la PAC. Hasta 2,9 millones de euros al año recibe la Casa de Alba. Es evidente que la Política Agraria Común (PAC) consolida la propiedad de la tierra adjudicándole una renta fija tan solo por ser propietarios. En 2011, el 1,5% de las fincas acaparó un 76% de las subvenciones de la las ayudas de la PAC.
El desmantelamiento de la producción agraria va asociado a la pérdida de los derechos de los jornaleros/as
Las políticas que se vienen aplicando desde la UE están sembrando de incertidumbre el futuro de la agricultura, y adquiere un cariz aún más preocupante después de la firma del TTIP, en la que los EEUU como principal comercializador y distribuidor del mundo va tener las puertas abiertas para inundar el mercado con sus productos, creando una competencia a la baja y cuyas consecuencias serán demoledoras para la producción en Europa.
Dichas transformaciones se combinan con las exigencias por parte del UE de continuar con la senda de los recortes para hacer frente al déficit y a los pagos de la deuda que crearon los banqueros, que en España bate récords históricos. Los recortes tienen como víctimas a los trabajadores, ya que en ningún momento se ha planteado reducir las ayudas de la PAC a los grandes terratenientes.
En el caso de Andalucía donde existen derechos esenciales como el PER, que permite a los jornaleros/as sobrevivir en las estaciones en las que no hay trabajo, el desmantelamiento del campo hace que ya no les interese mantener a la gente jornalera en los pueblos para una semana de trabajo en todo el año. De ahí que la propia UE en lugar de sancionar haya solicitado reformas estructurales relacionadas con el desmantelamiento de los servicios público y de los derechos alcanzados.
Dichos cambios han endurecido las relaciones laborales contra los jornaleros. No solo no se respetan los derechos más básicos que vienen recogidos en los convenios, sino que incluso ni siquiera se da de alta en la Seguridad Social, lo cual impide que los eventuales que tienen que juntar 35 peonás se queden sin poder solicitar sus prestaciones y de esta forma mantener su cartilla.
Los jornaleros debemos ponernos a la cabeza de la lucha en el campo ¿Por dónde empezar?
Los jornaleros y jornaleras, tanto de Agrícola Espino como de Baena Franco, somos víctimas de una ofensiva general contra el modelo agrario que desde la entrada de España en la UE están intentando socavar a través de los cupos de producción y las subvenciones a los grandes terratenientes por tener las tierras baldías.
Se trata de un nuevo modelo que favorece la concentración de la tierra en manos de los grandes terratenientes en detrimento de las pequeñas explotaciones, que tienden a la desaparición. Dicho panorama nos presenta una Andalucía baldía, socavando la soberanía alimentaria, teniendo ahora que importar productos que hasta hace dos días producíamos.
Dichas transformaciones, que serán más virulentas a partir de la firma del TTIP con EEUU, hace que los jornaleros nos tengamos que implicar para dar una salida a la situación que amenaza a miles de pueblos y comarcas agrarias
No al requisito de las 35 peonadas hasta que den de alta a los trabajadores y se acaben con la restricciones y cupos de la UE sobre el campo Andaluz
El modelo de la Andalucía baldía que vienen impulsando tiene como víctimas principales a los jornaleros/as. Vemos cómo las comarcas agrarias se ven afectadas por la lacra del desempleo, y con él vienen salarios de miseria y condiciones laborales que recuerdan más al siglo XIX que al actual.
Además de estos problemas, nos encontramos que la patronal ni siquiera nos da de alta en la Seguridad Social. Se hace imposible que los jornaleros puedan reunir las 35 peonadas para cobrar el paro antiguo o la Renta Agraria. Este fraude diario y permanente no parece preocuparle a ningún gobierno. Tanto Rajoy como Susana Díaz están obsesionados en perseguir a los jornaleros, o sea a las víctimas, que a diferencia de los verdugos del campo si cumplen con la Seguridad social, abonando su sello agrícola cuando están cobrando prestaciones (87€) o cuando son dados de alta pagando sus seguros sociales.
Estos mismos gobiernos que hacen la vista gorda ante tales prácticas irregulares y fraudulentas, sacan tajada doble: primero mantienen contenta a la patronal del campo y, por otro lado, se benefician de que cada vez son menos los trabajadores que cumplen el requisito de las 35 peónales y por tanto son menos ayudas en prestaciones las que se perciben.
Los verdaderos estafadores no son otros que los patrones, que no declaran a sus trabajadores y el Gobierno, que aún sabiendo que se mantiene a una parte importante de jornaleros en la ilegalidad, continúan exigiendo las 35 peonadas para disfrutar de sus prestaciones. En este sentido, tanto Inspección de Trabajo como el SEPE, organismos dependientes del Ministerio de Trabajo, vienen realizando una verdadera caza de brujas, no contra quienes no cumplen con la Seguridad Social como los empresarios de Agrícola Espino y Baena Franco, sino contra quienes vienen pagando religiosamente su sello cada mes a lo largo de su vida laboral.
La exigencia al Gobierno de acabar con las 35 peonadas se convierte en una medida de emergencia social ante la situación fraudulenta que mantienen a gran parte de los eventuales en el campo y el desempleo creciente que desde la UE están implantando.
En defensa de los derechos de los trabajadores del Campo
El principal problema que atraviesa el campo no son los cambios meteorológicos sino las restricciones y cupos que la UE mantiene. La firma del TTIP con EEUU va a tender a restringir cada vez más la producción de países periféricos como España, especialmente en zonas agrarias como Andalucía.
Este desmantelamiento va asociado a una política consiente de socavar los derechos de los jornaleros que viene produciéndose desde hace más de una década. Primero acabaron con el subsidio agrario bajo la campaña orquestada por el gobierno de Aznar porque, según ellos, suponía una “desincentivación del trabajo en campo”. Sustituyeron el Subsidio por la Renta agraria, que limitaba los derechos de los jornaleros. En 2012, incluyeron el Régimen Especial Agrario dentro del Régimen General endureciendo las condiciones para el mantenimiento de los derechos.
Mientras las obligaciones para mantener la cartilla aumentaron, los derechos se fueron recortando. Sí los trabajadores adeudan más dos meses de sellos son directamente expulsados de la cartilla. A los trabajadores de la Renta Agraria, a diferencia de los que tienen “paro antiguo”, las jornadas de trabajo que se realizan en el PER no les sirve para alcanzar las 35 peonales necesarias para cobrar la prestación, con lo cual son cada vez más los eventuales que a pesar de pagar su sellos todos los meses se quedan sin disfrutar de dicha prestación.
Nos vendieron en su día que con la integración en el régimen general los jornaleros íbamos a disfrutar de pensiones dignas. Para ello establecieron en un 11,50% la base de cotización de 748,20€ para los parados, mientras que cuando se está de alta la situaron en un 4,70% de una base de 986,70 €. El problema surge cuando solo en Andalucía hay un 1% de los 513.000 trabajadores que son fijos en dicho régimen, mientras que el 99% restante apenas pueden alcanzar las 35 peonadas. El resultado en 2013 es que mientras que en el Régimen General la pensión media se situó en 1130,3€, en el Régimen Agrario fue de 580,87€. A esto hay que añadir que la Renta Agraria ha supuesto un retroceso en cuanto al subsidio en el sentido de que los primeros tienen que estar juntando peonales hasta la jubilación mientras que los del “paro viejo” a partir de los 52 años pueden disfrutar de las prestación durante todo el año sin necesidad de juntar peónales.
En definitiva, todas las contrareformas que desde hace más de una década viene recibiendo el subsidio ha significado un retroceso en los derechos de los jornaleros. No obstante, dicho subsidio a pesar de que supone tan solo 2% del gasto total en el desempleo nacional sigue estando amenazado, no solo por la política de recortes sino por una política mas de fondo relacionada con el desmantelamiento del sector productivo.
Es en este marco es donde se encuadra la decisión del Gobierno de encauzar a los más de mil jornaleros que representan la empresa de Agrícola Espino y Baena Franco, desatando una campaña de criminalización contra los jornaleros/as. Al mismo tiempo, suenan los tambores de nueva contrarreforma en la Renta Agraria y el subsidio.
Justicia para los jornaleros de Agrícola Espino y Baena Franco, cárcel para los responsables.
Los trabajadores de ambas empresas son quienes vienen sufriendo el ataque más duro por parte de los gobiernos. Sin prueba alguna y sin derecho a defenderse fueron penalizados por la administración ha devolver las prestaciones, haciendo frente a sanciones de miles de euros. Además, muchos trabajadores perdieron su derecho a la prestación de los 52 años, teniendo que estar hasta los 60 años reuniendo peonales. Por si este castigo por parte del ministerio de Trabajo y el Gobierno no era suficiente, a principio de julio han decidido aplicarle el artículo 307 del Código Penal, que recoge entre 6 meses y 3 años de cárcel.
Mientras el gobierno se ceba con las víctimas los culpables continúan con su actividad con total normalidad, pese a que fueron ellos quienes dejaron una deuda millonaria con la seguridad social al impagar los seguros sociales de sus trabajadores, quedándose con el 4,7% que le descontaron a los trabajadores de sus nóminas.
Como en su día afirmó por unanimidad de todos los grupos políticos la propia de Diputación de Sevilla a través de la moción presentada en el pleno: “Cuesta creer que en vez de arremeter contra los empresarios responsables del fraude se cargue contra las víctimas, en este caso los trabajadores y trabajadoras de ambas empresas. Cuesta creer que a la condena al hambre que supone las sanciones se le sume ahora la petición de penas de cárcel”.
Es por esta razón que el día 11 estamos organizando desde la comarca de la Vega del Guadalquivir una marcha a pie desde los pueblos hasta el Parlamento de Andalucía para exigirle tanto a los grupos parlamentarios como a la Presidenta Susana Díaz que se posicione contra la actuaciones penales y exija que nos saquen del auto y arremetan contra los verdaderos responsables.
Por una Reforma Agraria que haga frente a las restricciones de la UE y coloque los grandes latifundios en manos públicas.
Hablar de Reforma Agraria en Andalucía nos exige en primer lugar enfrentar el modelo restrictivo que desde la UE se está imponiendo en el campo de Andalucía. De nada sirve poner los latifundios en manos del pueblo si desde la UE nos penalizan por producir. Del mismo modo, hay que exigir que los fondos de la PAC se rijan no por el número de hectáreas como hasta ahora, sino por criterios productivos y de generación de empleo. Hasta ahora solo un tercio de los perceptores de la PAC trabajan la tierra. Es necesaria una ley que regule los precios de los productores para acabar con el chantaje y acoso que reciben los pequeños y medianos productores por parte de las grandes distribuidoras y comercializadoras.
Estas medidas deben ir acompañada de una expropiación de los grandes terratenientes. Nos referimos al puñado de grandes familias (Alba, Domecq, Mora Figueroa) que concentran la mayor parte de la tierra útil en Andalucía, y que pese a que se están beneficiando de las millonarias ayudas de la PAC mantienen sus tierras baldías. Hay que hacer de ellas un banco público de tierras para ponerlas a producir con el objetivo de generar empleo y recuperar la soberanía alimentaria de Andalucía.
Pese a que en el Estatuto Andaluz viene recogida la necesidad de una Reforma Agraria como unos de sus principales objetivos en los últimos 30 años de gobierno socialista no se ha dado ni un solo paso en abordar este problema. Más bien todo lo contrario: la gran propiedad ha aumentado mientras que las pequeñas explotaciones van desapareciendo a un ritmo acelerado. Durante el gobierno PSOE-IU ni siquiera consiguieron poner en funcionamiento el famoso banco público de tierras. Sin embargo, lo que sí está haciendo este gobierno es poner trabas a las fincas recuperadas por los jornaleros.
Es necesario que los jornaleros se hagan eco de estas demandas y se ponga a la cabeza de dar una salida a la actual situación que vive el campo, empezando por rechazar las actuaciones penales que ahora mismo recaen contra los jornaleros de Agrícola Espino y Baena Franco.
Quieren recortar el PER y el subsidio de desempleo.
La UE ha perdonado recientemente al gobierno español una multa por exceso de déficit a cambio de un compromiso de Rajoy de bajar ese déficit. Para bajarlo, necesitan gastar menos dinero público. Y no es a los terratenientes, a los ricos o los banqueros a quienes les van a apretar el cinturón. Atacan de nuevo los derechos sociales y laborales. Uno de los objetivos es rebajar el gasto en ayudas de desempleo.
Los mismos que hacen la vista gorda con la corrupción de miles y miles de millones de sus partidos políticos, ahora acusan y amenazan con la cárcel a las jornaleras de Agrícola Espino y Baena Franco. Si los empresarios no pagaron la Seguridad Social, ¡persíganlos a ellos! Pero no nos usen como cabeza de turco para criminalizar y recortar las ayudas al desempleo agrario.
Andalucía necesita empleo ¡Reforma Agraria ya!
Los trabajadores no queremos vivir de un subsidio de miseria, ¡queremos trabajo! Para ello hay que dejar de darle millones y millones a los terratenientes por dejar las tierras baldías. Hay que establecer con esas fincas un banco público de tierras que puedan ser trabajadas por los jornaleros y las jornaleras, y destinar las ayudas de la PAC a crear empleo de calidad en los pueblos. Pero mientras el desempleo siga como está, es matar de hambre restringir el PER y el subsidio de desempleo.
¡No al procesamiento de las jornaleras de Agrícola Espino y Baena Franco!En defensa del PER y el subsidio de desempleo agrario, ¡no a los recortes!¡No a las subvenciones millonarias a los millonarios terratenientes!
El dinero para crear empleo.¡Reforma agraria ya!