El pasado 8 de abril se escenificó el desarme de ETA con la entrega de su arsenal al Estado francés. La entrega fue protagonizada por los llamados «artesanos de la paz» y contó con un amplio grupo de observadores. La acción fue completada con un acto masivo en Bayona en el que participaron Otegi, dirigentes vascos de Podemos y representantes del PNV.

Por Felipe Alegría, de Barcelona

Esta entrega significa el desarme «unilateral, completo, irreversible y verificable» de ETA, acreditado por personalidades, autoridades francesas, partidos y los gobiernos vasco y navarro.

No era la primera vez que ETA lo intentaba, aunque sus esfuerzos habían sido frustrados por el gobierno Rajoy. Esta vez la operación contó con la colaboración de cargos institucionales franceses (excepto el Front National), los gobiernos de Vitoria y Pamplona y los partidos parlamentarios de las autonomías  vasca y navarra, menos el PP y UPN.

La política de dispersión de los presos de ETA no tiene justificación

Hasta ahora, la excusa oficial para mantener la política de dispersión de los presos vascos era que ETA tenía que desarmarse. Ahora que lo ha hecho, Rajoy y el PSOE dicen que «lo importante no es el desarme sino la disolución». A lo que el ministro del Interior añade que los presos deberán arrepentirse, pedir perdón, pagar sus deudas con las víctimas y autoinculparse o delatarse para aclarar los atentados pendientes de esclarecer.

Pero la política de dispersión carece de toda justificación que no sea la saña vengativa de la derecha española, más aún cuando hace ya cinco años y medio que ETA abandonó definitivamente las armas. Contraviene abiertamente la ley general penitenciaria, que establece que las penas deben cumplirse en cárceles cercanas al entorno familiar del preso y que debe ofrecerse un régimen atenuado a los presos enfermos.

Es escandalosa la doble vara de medir del PP y el PSOE: mano de hierro para los presos de ETA y guante de seda, olvido y perdón para quienes ordenaron, dirigieron y ejecutaron desde los aparatos de Estado los múltiples atentados de la “guerra sucia”, así como para la larga lista de agentes policiales que han torturado a cientos de activistas vascos.

El significado del desarme

Para Arnaldo Otegi, el desarme era un «acontecimiento histórico» a «saborear en términos políticos«, aunque no dejaba de ser una crónica anunciada desde que ETA abandonó definitivamente las armas en octubre de 2011.

Para la izquierda abertzale oficial, el desarme forma parte de una estrategia que subordina toda su política al marco institucional y cuyo eje es la búsqueda de una alianza estratégica con el PNV, el principal representante de las patronales vascas, aunque éste haya preferido formar gobierno con el PSOE o contar con el PP para los presupuestos autonómicos.

En agudo contraste con Otegi, un sector de exmilitantes de ETA y disidentes de la izquierda abertzale condenan la entrega de las armas como una «rendición unilateral y sin condiciones» y critican la política de sumisión de la izquierda abertzale oficial. Pero lo hacen reivindicando a ETA  como «vanguardia de la resistencia vasca durante casi 60 años» y planteando que, cara el futuro, ninguna vía está cerrada.

Sin embargo, los atentados de ETA, en particular desde la salvajada de Hipercor y más tarde con la desquiciada estrategia de “socialización del dolor”, se convirtieron en la principal arma del Estado para fortalecer la represión y aislar y derrotar al soberanismo vasco, que se ha mostrado incapaz de entender que el derecho a la autodeterminación sólo podrá ser impuesto uniendo fuerzas con la clase trabajadora del estado.

Los disidentes acusan con dureza a la  izquierda abertzale oficial de dejar colgados a los presos y exiliados, forzados a pedir perdón y delatarse para buscar la redención individual. Y es que, efectivamente, resolver el problema de los presos sólo pasa a través de una medida política colectiva como la amnistía.