Después de las elecciones del 14-F, los partidos y medios de comunicación proclamaban la mayoría independentista en votos (51%) y en escaños (74, sobrepasando en 7 la mayoría absoluta). Aun así, se olvidaban de que esta mayoría es con 700.000 votos menos que en 2017, lo cual refleja un fuerte chasco y desmovilización de la base independentista, consecuencia de la desorientación producida por JxCAT y ERC, que traicionaron el mandato del 1-O.
A las puertas de la segunda sesión de investidura de Pere Aragonès como Presidente de la Generalitat, que ha resultado fallida, las direcciones de la CUP y Esquerra Republicana presentaban a los medios de comunicación un pre-acuerdo de investidura y legislatura que han negociado con mucha discreción y que la militancia de la CUP tenía que ratificar.
La consulta fue trasladada a la militancia con un método propio de las burocracias sindicales, en que el acuerdo se da a conocer a la militancia 24 horas antes de votarlo, sin posibilidad de presentar documentos alternativos y habiéndolo anunciado, previamente, a los medios de comunicación como un hecho consumado.
Mediante tres preguntas deliberadamente confusas, la militancia de la CUP ha avalado el acuerdo con un 59% (560 militantes) a favor, mientras que un 38% lo han rechazado abiertamente. Lo más significativo es que un 85% piensa que el acuerdo es insuficiente y “mejorable”, lo cual expresa un resultado crítico hacia la dirección, de un sector de la base de la CUP y de algunas organizaciones que conviven en su interior.
El acuerdo ubica a la CUP como pata izquierda de la dirección independentista oficial
A pesar de que l@s diputad@s de la CUP lo definen como un acuerdo de mínimos que se tiene que ampliar y, más allá del contenido detallado, el acuerdo, en esencia, obliga a la CUP a:
- apoyar la investidura de Aragonés como Presidente de la Generalitat y al gobierno que él presida
- a asegurar la estabilidad parlamentaria del Gobierno de la Generalitat y aprobar los presupuestos
- y deja abierta la puerta a que la CUP entre al Gobierno.
No obstante, la militancia de la CUP ya abrió la puerta a gobernar en una ponencia política aprobada en 2019. En los últimos años, pues, la CUP ha ido ajustando su estrategia política, que la ha llevado, finalmente, a integrarse en el bloque de gobierno, bajo la lógica de la unidad estratégica independentista.
Esta estrategia se expresa en que:
- por primera vez la CUP tendrá un cargo en la mesa del Parlament (con una secretaría de la Mesa ocupada por Pau Juvillà, cabeza de lista por Lleida)
- que la CUP apoyará en el gobierno desde dentro o desde fuera.
Los defensores más firmes de este acuerdo son la formación de Dolors Sabater (Guanyem) y Poble Lliure, que ven “con buenos ojos” que la CUP entre al Gobierno de la Generalitat. La lógica de ambas formaciones es la de imponer la “vía podemita”, supuestamente, para garantizar que se cumplan los acuerdos y fiscalizar la hoja de ruta desde dentro. Desgraciadamente, esta estrategia convierte a la CUP en la muleta de ERC y en el aval, desde la izquierda, de un futuro Gobierno pseudo-independentista que continuará manteniendo los recortes y privatizaciones, seguirá ejerciendo la represión y promoverá una vía muerta del diálogo con el Estado.
¿Qué consigue ERC con este acuerdo?
Con este acuerdo, ERC coopta a la CUP como parte de la dirección independentista oficial y la suma al bloque de gobierno, neutralizando una posible oposición desde la izquierda. A la vez, utiliza el acuerdo como un instrumento para seguir disputando con JxCAT.
Asimismo, el acuerdo da oxígeno a la estrategia del gobierno Sánchez que, mediante la mesa de diálogo y negociación (en la que la amnistía y la autodeterminación están excluidas) quiere abrir una vía de negociación para un nuevo encaje de Cataluña dentro del régimen.
El contenido del acuerdo: capitulación, moderación, inconcreción y supeditación a la legalidad
En el terreno de la lucha por la autodeterminación y contra la represión, la CUP se añade a la renuncia expresa de ERC y JxCAT a promover un nuevo levantamiento popular masivo, como el del 1 y el 3 de octubre. El acuerdo descansa en la desmovilización y la espera al supuesto diálogo y acuerdos con el Estado. Todo se basa en volver a emplazar, una y otra vez, al régimen monárquico, sabiendo que seguirán negando el derecho a decidir y la amnistía a las represaliadas, y a vender falsas expectativas de una posible resolución pacífica del conflicto dentro del marco de la Constitución Española, basada en la negación de los derechos de los pueblos.
El apartado del orden público es toda una humillación, teniendo en cuenta que fue un caballo de batalla de la CUP durante la campaña electoral. Todo se mantiene tal y como está, con algunos cambios estéticos muy moderados. No se menciona la disolución de la BRIMO y la ARRO ni la depuración y responsabilidades por las brutalidades policiales cometidas. Se habla de la “suspensión de las pelotas de Foam” … “mientras no sea público el protocolo”. Se comprometen a la “retirada de las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas” … “exceptuando aquellas donde haya lesiones a agentes acreditadas con certificado médico”. Teniendo en cuenta que las lesiones a agentes es la excusa que siempre usan para encausar activistas, esto y nada es lo mismo. Se habla, también, de “baremos proporcionales y homogéneos de todas las actuaciones”, es decir, de ejercer una represión “moderada”. Y el debate sobre el modelo de orden público queda en manos de una comisión parlamentaria.
El plan de rescate del acuerdo está lleno de inconcreciones y de medidas de escaparate que no van a la raíz de los grandes problemas sociales, agraviados por la pandemia y la crisis económica. Toda la agenda legislativa volverá a estar expuesta a los tribunales de justicia, sin concretar como piensan responder, cuando estos tumben leyes en materia social, en el supuesto de que estas se acaben aprobando.
Sobre los desahucios, no hay ningún compromiso de pararlos sino de “revisar los protocolos”. La renta básica universal, la medida “estrella” de la CUP, está dividida en tres fases (tres años) y sin ninguna concreción de cuantía de gasto. No se plantea ninguna medida para parar la sangría de despidos, ni ningún plan de reindustrialización para reincorporar a l@s trabajador@s despedid@s. Mucho menos está planteada la única vía para parar a las grandes empresas, multinacionales y locales, en la destrucción de puestos de trabajo, su nacionalización, como hacía falta en el caso de Nissan. En ningún caso se plantea la nacionalización de la banca, las farmacéuticas, ni de ningún tipo de multinacionales que provea suministros básicos. Solo se habla de la creación de una “banca pública” y de una “energética pública”, que convivirían con el oligopolio de la gran banca y las grandes empresas energéticas.
Asimismo, toda la vieja crítica de la CUP a la Unión Europea desaparece cuando el acuerdo reivindica los fondos europeos, que no son otra cosa que el beneficio directo a las grandes empresas del IBEX. Los fondos europeos, lejos de solucionar los problemas derivados de la situación actual, son una soga al cuello para la clase trabajadora y el pueblo pobre, pues comportarán una nueva oleada de ataques a los derechos laborales y sociales, como las pensiones públicas.
Ninguna confianza en un acuerdo que neutraliza la oposición política al próximo Gobierno de la Generalitat
El acuerdo con la CUP le ha salido muy barato a ERC porque no le compromete a nada y no cambia sustancialmente nada. Además, como dice ERC, es un acuerdo hecho a medida para que JxCAT lo pueda asumir, a pesar de que se desvincule diciendo que ellos no lo han firmado.
Después de dos investiduras falladas, está sobre la mesa una posible repetición electoral, a pesar de que no parece, hoy por hoy, el escenario más probable, puesto que, por primera vez, el independentismo tiene mayoría en el Parlament y ni ERC ni JxCAT ni la CUP quieren arriesgarse a perder esta representación institucional. Ahora bien, un hipotético gobierno de ERC y JxCAT, a pesar de contar con el apoyo de la CUP, nacerá irremediablemente débil y con las disputas entre los dos principales partidos vivas.
Lo que está claro es que el próximo Gobierno de la Generalitat no puede recibir ninguna solidaridad política porque será un gobierno de gestión autonomista, contra l@s trabajador@s y los sectores más empobrecidos, con una política continuista en la gestión de la pandemia e incapaz de revertir los recortes a los servicios públicos y de enfrentarse al negocio de la salud y los privilegios de las grandes empresas y multinacionales.
Esta línea de apoyo y lealtad al Gobierno destruye a la CUP como fuerza rupturista, pues la convierte en una fuerza de gobierno.
Corriente Roja apoyaremos la línea de oposición al Gobierno y apoyaremos a los sectores de la CUP que batallan contra su integración en el bloque de gobierno y en el independentismo oficial.