Cuando tras el levantamiento popular catalán del 1 al 3 de Octubre, el rey gritó desde la TV, “a por ellos”, estaba certificando la muerte del pacto social que diera origen al Régimen del 78.
En mayo del 2010 ese pacto, en el terreno social y laboral, ya sufrió un severo golpe con la aplicación por el gobierno de ZP de las políticas de recortes y austeridad que venían de la UE, que supusieron el principio del fin de las conquistas sociales y laborales del llamado “estado del bienestar”. El “a por ellos” del rey es la declaración de guerra contra las naciones periféricas, ahora en concreto la catalana.
La crisis del régimen viene del 2014
En marzo de ese año la manifestación de las Marchas en Madrid fue un aldabonazo en la cabeza de todos los partidos del régimen. La crisis social que se manifestara en varias huelgas generales estatales y nacionales, en las “mareas” por los servicios públicos, en las movilizaciones vecinales como Gamonal, encontraron su vehículo en las Marchas de la Dignidad y los enfrentamientos con la policía que no fueron vistos por amplios sectores de la población como “algo de radicales”, sino como autodefensa legítima.
Además, que esta crisis tuvo una traducción en los resultados electorales europeos y con la corrupción de la Casa Real, que provocaron la dimisión (abdicación en sus términos) del Jefe del Estado. Y esta situación general los asustó.
A través de un largo periodo electoral, consiguieron que la mano de la movilización social se debilitara… solo para resurgir nuevamente con fuerza en Catalunya.
La crisis del bipartidismo era la manifestación de algo más profundo, que se expresaba en las tensiones internas del PSOE, el eslabón débil del régimen.
El “a por ellos” del rey fue la orden para que nadie se saliera del tiesto; pero el tiesto ya estaba quebrado por la ruptura de los pactos sociales que le dieran origen, y su rediseño a golpes, bajo las nuevas condiciones. En este sentido apuntan los sucesivos llamamientos a pactos “sectoriales”, en la educación, sobre las pensiones, contra la violencia de género… lo que engloban con el llamado a un “nuevo pacto de La Moncloa”. En verdad es la manera de intentar integrar a los diferentes colectivos sociales en pactos vacíos de contenido, con el objetivo de crear contrafuertes para apuntalar al régimen en crisis.
Una Asamblea Constituyente
Ante esta crisis hay dos opciones, o bien se admite la reforma del régimen a través de la Comisión Parlamentaria que han pactado PPSOE, para adecuarla a las nuevas condiciones de crisis social y política. Una reforma que ya lo han anunciado desde el PP, y que va a significar un paso más en la recentralización y el “rediseño” del estado al servicio de las necesidades de la concentración y centralización del capital español que lo haga más competitivo, (pacto CETA, etc.).
O bien se enfrenta esta “reforma” con un programa de emergencia social y democrática en ruptura con el régimen y luchando por la convocatoria de una Asamblea Constituyente donde se garanticen las reivindicaciones de la clase obrera del Estado español en sus condiciones sociales y de trabajo, y del ejercicio efectivo del derecho a decidir de los pueblos a través de Procesos Constituyentes nacionales.
La lucha por esta Asamblea Constituyente puede ser el cemento que una a la clase obrera del Estado español con los pueblos, para enfrentar el “a por ellos” real. Nos jugamos no solo las condiciones sociales y de trabajo, sino el oxígeno que nos permita respirar para defender las libertades políticas y democráticas.
Una Constitución fruto de una trampa
En 1976, tras la caída del primer gobierno de la Monarquía encabezado por Arias Navarro y Fraga Iribarne, fruto de las grandes movilizaciones obreras y populares, el régimen impulsa la Ley de la Reforma Política, que se aprueba en referendo en diciembre.
El proyecto del franquismo era avanzar hacia una democracia limitada aceptable por los estados europeos, controlada por los aparatos del estado; más limitada de lo que realmente fue… de ahí la frase de Aznar del 2002, “ahora recuperaremos todo lo que tuvimos que conceder en la Transición”.
Para ello legalizan las llamadas “asociaciones políticas”, eufemismos de “partidos”, y en la izquierda admitirían en el club al “renovado” PSOE de González y Guerra. Un PSOE con escasísimo peso social. El PCE, seguiría ilegal; los mandos del ejército no querían ni oír hablar de los “comunistas”. Esto cambia con las matanzas de Atocha, el PCE demuestra que es un partido de orden, capaz de controlar la indignación obrera que producen los asesinatos de Madrid. En esa Semana Santa, y para evitar los desórdenes que se podrían provocar por su ilegalización, el régimen da el visto bueno a la legalidad del PCE. Los otros partidos de izquierda como los maoístas PT, ORT, MC o la LCR siguen ilegales.
En estas condiciones, se convocan las elecciones del 77, con una condición repetida hasta la saciedad: “no son constituyentes”, sino que se hacen en el marco de la Ley de Reforma Política.
Pero la potencia del movimiento obrero y popular, que no deja de luchar, obliga a todos ellos a ir más allá, a buscar desinflar esa fuerza de la calle y comienzan a redactar una constitución. Las elecciones no eran constituyentes, pero se vieron obligados a otorgar una constitución.
El PCE y el PSOE, ya fuerzas de “orden”, entran en la comisión constitucional, que como reconocerá hace pocos años uno de sus “padres”, Solé Tura (del PSUC/PCE), se elaboró bajo la tutela del ejército, que impuso copiar literalmente artículos de los Principios Generales del Movimiento (constitución franquista) en lo tocante a la “unidad de España”.
Hicieron concesiones sociales y democráticas para que el PCE y el PSOE tuvieran algo que “vender” a una clase obrera combativa y organizada, pero la esencia siguió siendo el franquismo, que ocultaron bajo las alfombras. La crisis económica y la subsiguiente crisis política que estamos viviendo, ha levantado esas alfombras y están saliendo las alimañas que nunca desaparecieran.