La semana pasada, Indra despidió a 59 representantes de l@s trabajador@s en su mayoría de los sindicatos que no firmaron el vergonzoso ERE impuesto por Abril-Martorell en una empresa cuyo accionista mayoritario es el Gobierno a través de la SEPI. Reproducimos a continuación el comunicado de la sección sindical de Co.Bas en Indra:
TRAS EL ERE, LA DIRECCIÓN DE INDRA QUIERE LEGITIMAR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
La multinacional Indra aprobó el pasado día 19 de noviembre un nuevo ERE que, entre despidos, prejubilaciones, ERTE y reducciones salariales, dejará en el camino a más de 800 trabajadores/as.
Indra prosigue con su política de despedir trabajadores/as para precarizar las condiciones de trabajo. Como ya sucediera cinco años atrás, los despidos van acompañados de una política expansiva con más absorciones de empresas y nuevos empleos más precarios y más baratos. Es la política de una empresa cada vez más puntera en la industria armamentista y a la que tener al Estado como primer accionista (el SEPI tiene el 18,7% de las acciones) lejos de ser un factor de presión en nombre de interés social y ejemplo en el cuidado del dinero público, es una especie de aval que le garantiza hacer lo que les viene en gana con el beneplácito del gobierno de turno.
En Indra no es nueva la política de persecución a l@s representantes sindicales que no firmamos cuantos ERE o recortes de derechos quiere la empresa. Ya se han quitado a no pocos delegad@s sindicales sacándolos de sus centros de trabajo y enviándolos a otros perdiendo así la condición de representantes. Ni tampoco sería la primera vez que se vulneran derechos fundamentales, por ejemplo, como se hizo en el anterior ERE despidiendo trabajadoras/es con reducción de jornada por atención a un menor.
Pero lo sucedido en estos días es un salto cualitativo: quieren quitarse a manotazos a los representantes sindicales de los trabajadores/as y legitimar, por la vía de los hechos, la liquidación de derechos fundamentales. La ley (Estatuto de los Trabajadores; Ley Orgánica de Libertad Sindical) establece que reconocer y atribuir competencias a los representantes de l@s trabajador@s no serviría de nada si no se estableciesen, al mismo tiempo, mecanismos de protección para que los mismos puedan desarrollar sus funciones con ciertas garantías.
El despido de 59 representantes sindicales representa la quiebra del principio de protección de la representación de los trabajadores/as. Dejar pasar, sin más, este hecho significa sentar un precedente mortal para todos los trabajadores/as, no solo de Indra y no sólo que sean cargos electos. Puestos a normalizar la vulneración de derechos ¿quién garantiza, por ejemplo, que no se despide a trabajadoras con reducciones de jornada por guarda legal?
Habrá delegados/as que piensen que la pertenencia a un sindicato que firma cuanto ERE le pongan por delante les va a salvar que la empresa le aplique a ellos esta política que hoy pretenden legitimar. Es posible que así sea y eso les salve, ¡mientras la empresa quiera! porque el silencio ante actuaciones como esta legitima el vergonzoso precedente.
Y habrá también quien llevado por la justa indignación ante el comportamiento de algunos representantes sindicales hasta no le parezca mal lo que está sucediendo por el lamentable uso que éstos hacen de un derecho. Pero revelarse contra el mal uso o abuso de un derecho, apoyando la supresión del derecho y la arbitrariedad patronal, es cuando menos meterse un tiro en la rodilla para castigar a otros.
Desde co.bas nos dirigimos a todos los Comités de Empresa en Indra, a todas las Secciones Sindicales, para proponerles responder en todos los terrenos de manera unificada frente a este intento de liquidar las garantías vulnerando derechos fundamentales. Les llamamos a plantarnos contra cualquier despido de representantes de los trabajadores/as, sean del sindicato que sean y de cualquier trabajador/a en situación de amparo de garantías.
Así mismo nos dirigiremos a todas las fuerzas políticas, comenzando por las del Gobierno, para exigir que se pronuncien y paren este atropello a una de las libertades democráticas más elementales.