Ante catástrofes como la vivida recientemente en Valencia y otros lugares, y más aún, tras la inacción criminal de las administraciones, que tardaron horas e incluso días en llegar a las zonas afectadas, desde Corriente Roja y otras organizaciones hemos alentado y organizado la más amplia solidaridad de clase para  quienes lo han perdido todo. Pero junto con eso, se hace necesario también organizarse para exigir a los gobiernos responsables de la catástrofe las medidas de urgencia necesarias para atender a las personas afectadas así como para prevenir y paliar los efectos de eventos climáticos como este, que como viene alertando la ciencia, serán cada vez más probables y virulentos.

Ha pasado más de un mes desde que la DANA arrasó 70 municipios en Valencia. La reconstrucción ha quedado en manos de los gobiernos, tanto el central como el de la Generalitat Valenciana. Una reconstrucción que han puesto al servicio de las empresas y de la patronal de la construcción, regada con miles de millones de euros, de los que la clase obrera y el pueblo que han sido afectados, han visto una mísera parte.

¿Pero ese dinero a quién va destinado? Principalmente a la reparación de las infraestructuras dañadas, comenzando por las que están al servicio de las empresas. Por poner un ejemplo, las vías de alta velocidad se vieron afectadas y se restablecieron en 10 días. Sin embargo, más de un mes después, los medios de transporte que usa diariamente la clase obrera siguen sin funcionar. El metro de Valencia no funcionó hasta el 6 de diciembre y se está diciendo que el servicio de cercanías puede estar varios meses sin restablecerse. Ya van apuntando cuáles son sus prioridades.

Ha habido dos manifestaciones pidiendo la dimisión de Mazón; y cualquier político de las administraciones central o autonómica que se acerca a la zona afectada, es señalado como culpable de la tragedia y de su gestión. Hasta los reyes han sido increpados por la gente de los pueblos afectados, por ir allí para intentar lavar su imagen. La oposición está siendo cómplice de este abandono a los y las afectadas de la DANA y de que se haya puesto a un tecnócrata al frente de las tareas de reconstrucción.

En vez de dimitir como le exigen los valencianos/as, Mazón ha designado a un exmilitar franquista (Francisco José Gan Pampols), como nuevo vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social. Un alto mando militar retirado que ha participado en  “misiones de paz” en la extinta Yugoslavia (Bosnia-Herzegovina y Kosovo) y que también se encargó de la reconstrucción de la zona de Qala-e-Naw en Afganistán, gestionando con empresas constructoras de altísimo nivel y para el que son las élites las que tienen que estar al frente de la gestión y presume de su «apoliticismo». Y esto lo hace, justo cuando entra en el gobierno, tal como hacía el mismísimo dictador Franco cuando recordaba a algunos de sus ministros aquello de «Haga como yo, no se meta en política».

Su primera medida ha sido eliminar topes salariales, para poder seguir cobrando su sueldo y hacer contratos a dedo para las empresas amigas, amparándose en que se han hecho por el procedimiento de urgencia. Mazón también nombró a Marián Cano García, presidenta de la patronal del calzado, que se presentó por el PP a las últimas elecciones europeas. Estos nuevos nombramientos responden a las exigencias del PSOE y dejan la toma de decisiones sobre las prioridades a la hora de la reconstrucción en manos de gente que tiene prioridades opuestas a las de la clase obrera. Desde Corriente Roja, creemos que las decisiones y medidas que es necesario tomar para la reconstrucción, deben estar al servicio de la clase obrera, pues es la gran afectada por esta catástrofe.

Medidas urgentes, entre otras, que deberían comenzar por:

  1. Las tareas de reconstrucción, rehabilitación o de nueva edificación (en zonas NO INUNDABLES) deberán ser acometidas por empresas 100% públicas en el marco de un plan por el derecho a la vivienda universal, que expropie los pisos vacíos de la banca y fondos buitre.
  2. Plan de ayudas sociales inmediatas, que gestionen los Ayuntamientos e incluya a la población residente, también a migrantes no censados, para que todo el mundo disponga de alimentos y suministros básicos, a cargo de las energéticas, eléctricas y cadenas de supermercados que obtienen beneficios millonarios cada año.
  3. Prohibición retroactiva de los despidos a los afectados por la DANA. Blindaje del 100% del salario de los trabajadores hasta que no se asegure un transporte público que permita la movilidad a los puestos de trabajo
  4. En todos los Ayuntamientos de la zona: creación de empresas, de nuevo, 100% públicas, para limpieza y mantenimiento tanto del interior de las viviendas, como edificios públicos y calles. Inversión en empleo y servicios dignos para las/os afectadas/os ¡fuera las subcontratas!

Medidas de prevención ante la actual emergencia medioambiental

Junto con esto, exigimos una serie de medidas de urgencia necesarias para evitar el máximo número de muertes posible como consecuencia de futuras DANAs y también para minimizar todo lo que se pueda el impacto de estas sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora y los pueblos.

  1. Refuerzo y vuelta a manos públicas de todas las unidades de emergencia y de los equipos de prevención y combate a desastres naturales. No podemos estar en manos de capitalistas sin escrúpulos que anteponen las ganancias a nuestras vidas. Todas las personas que viven en zonas inundables deben ser alertadas y reubicadas con la suficiente antelación.
  2. Que los desplazamientos y toda actividad laboral, educativa o de ocio se adecúen si es posible o se paralice mientras dure la alerta medioambiental. Al igual que decíamos durante las cuarentenas impuestas por la pandemia del Covid-19, hay que exigir el pago del salario íntegro a los/as trabajadores/as mientras dure cualquier fenómeno meteorológico extremo, en el que ir a trabajar suponga un riesgo para la vida. Exigencia de responsabilidades penales a las empresas que no paralicen su actividad y obliguen o coaccionen a sus trabajadores/as para ir a trabajar. 
  3. Vivienda pública para que nadie viva en zonas inundables, prohibiendo expresamente – lo que no hace hoy la Ley – construir en zonas inundables o expuestas a fenómenos meteorológicos extremos.
  4. Crear empleo público para la limpieza y mantenimiento de los cauces de los ríos y barrancos, eliminando toda la vegetación que no sea autóctona y comenzando a recuperar la vegetación de la zona para reducir la velocidad del agua. También es necesario crear zonas inundables en los márgenes por donde baja el agua. No son medidas siquiera que inventar, son muchos, a este respecto, los planes elaborados desde hace años por grupos y expertos ambientalistas que duermen guardados en los cajones.
  5. Restaurar ecosistemas acuáticos como humedales, marismas o pantanos que ayudan a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, gas responsable del cambio climático. Junto con ello, es necesario llevar a cabo una mejor gestión del agua. Esto pasa entre otras medidas por acabar con la agricultura intensiva, que bajo gestión capitalista requiere un uso intensivo del agua, contamina la tierra con pesticidas y metales pesados y es una de las principales responsables de la desaparición de la vegetación autóctona, contribuyendo a la crisis climática y medioambiental en el Estado español.

Pero para que todas estas medidas preventivas se hagan realidad, no debemos depositar ninguna confianza en el gobierno central ni en los gobiernos autonómicos, que cumplen el papel de gestores de los negocios de la clase capitalista. El único camino para garantizar la aplicación de estas medidas pasa por seguir el ejemplo de las masivas manifestaciones del pueblo valenciano y desarrollar una movilización continuada de la clase trabajadora y los pueblos del Estado español que sea capaz de imponerlas, junto a otras medidas también al servicio de las necesidades sociales, que garanticen el derecho público y universal a Vivienda, Sanidad, Educación y a tener una vida digna.

Catástrofe climática y socialismo

Desde Corriente Roja y la LIT pensamos que dado que el problema es la propia acumulación capitalista, no hay reformas que puedan cambiar el curso de la catástrofe climática y ambiental. La salvación para el planeta y la Humanidad sólo puede venir de la mano del fin del sistema capitalista mediante una revolución socialista en escala mundial.

Como dijimos al inicio, los fenómenos climáticos considerados “improbables” se están convirtiendo en comunes con el calentamiento global. Hoy en día, ya existen buenas soluciones técnicas como el concepto de ciudad esponja diseñada por un urbanista chino, que se apoya en un sistema de drenaje urbano que funciona como una esponja, absorbiendo, almacenando y purificando el agua de lluvia para luego poder reutilizarla. Es una idea sencilla pero que entra en conflicto con la lógica del capital, que no actúa en función de las necesidades sociales sino de la obtención de lucro.

Así mismo, las soluciones de energías renovables, los sistemas agrícolas más ecológicos, el transporte ecológico, etc. no son desarrolladas plenamente por el capital, porque sólo son rentables en la medida en que sirven para crear un nicho de mercado para quienes pueden pagarlo. Estas ideas sólo podrán prosperar y beneficiar a la Humanidad con el fin del capitalismo. Para ello es necesario pelear para que las organizaciones obreras tomen en sus manos y defiendan un programa medioambiental anticapitalista y por medidas de urgencia ante el cambio climático actual. Necesitamos avanzar en nuestra organización para enfrentar a los gobiernos y sus políticas, orientadas a la especulación inmobiliaria en áreas de riesgo y a favorecer al agronegocio y a las grandes constructoras; políticas que inevitablemente van en detrimento de nuestras condiciones de vida y provocan la actual destrucción ambiental en curso.