El drama de la vivienda se viene cronificando desde la crisis del 2008, una crisis que nunca acabó y que se va profundizando notablemente con la pandemia. Desde entonces, más de un millón de desahucios han sido ejecutados en el Estado Español. Y si hace unos años eran por impagos de hipotecas, hoy la mayoría (el 70%) son por impago de alquileres.
Si bien en pleno confinamiento los desahucios se paralizaron momentáneamente, hoy patronal y Gobierno vuelven a la carga. En Barcelona esta semana estaban previstos más de 170 desahucios. La crisis económica y social ha provocado que se hayan triplicado por impago ligado a la pérdida de empleo o cierre de pequeños comercios.
Ante estos impagos, Gobierno, fondos de inversión y banca – esta última con un patrimonio de más de 240.000 viviendas- quieren desahuciar más y más rápido.En vez de garantizar recursos para enfrentar el pago de hipotecas y alquileres, el gobierno está trabajando en un protocolo para que ante los allanamientos de morada, Policía Nacional y Guardia Civil, puedan proceder al desalojo inmediato, sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante. Esto aunque se trate de una vivienda vacía que no constituya morada habitual de su titular. En otras palabras, buscan agilizar todavía más el proceso que se puso en marcha con los “desahucios express” aprobados por ley, dos años atrás. Todo, para desahuciar en masa y con total impunidad.
En estos días los medios informaron de que el Gobierno amplió hasta el 31 de enero de 2021, la prohibición de desahucios. Una burda mentira porque lo que se prorroga es el Decreto con el que el gobierno lo único que ofreció, fue que nos endeudásemos con la banca para poder enfrentar los pagos de alquileres y una cicatera moratoria de hipotecas, en la que los criterios eran tan estrictos, que dejaron fuera a la mayoría de familias que intentaron acogerse a esta
Es por eso que continuaron los desahucios y en pleno rebrote de la pandemia van a seguir produciéndose. Para colmo, la prohibición del corte de suministros básicos como luz, agua o gas ha concluido también y se sustituye por una reforma del bono social eléctrico, que ya existía antes
No es de extrañar pues, que estemos asistiendo a una campaña mediática contra las okupaciones que busca sembrar el miedo contra las posibles okupaciones de los pisos y casas donde vivimos por parte de «mafias y delincuentes». Lejos del panorama que muestran los medios de comunicación, las viviendas ocupadas en todo el Estado representan un 0,34% del total. El 90% de quienes ocupan son familias que no tienen otra alternativa y la mayor parte de esas casas pertenecen a bancos, fondos buitre o grandes empresas y no a particulares, como quieren hacernos creer
Intentan atemorizarnos con el discurso del miedo para que los trabajadores/as y el pueblo pobre, en vez de fijarnos en el aumento de hasta un 32% de los alquileres respecto a un incremento de un 5% de los salarios, miremos hacia los “okupas”. Para que en vez de horrorizarnos por las cerca de 3’5 millones de viviendas vacías que podrían ser destinadas a familias pobres y personas sin hogar, culpemos a quienes ocupan un piso vacío por pura supervivencia. Porque les sale más barato desahuciar que invertir en ayudas sociales para quienes se han quedado sin ingresos ni ayudas ante la pandemia.Mientras, mantienen intactos los beneficios de la banca y los fondos buitres, que especulan y se enriquecen cargando sobre nuestras espaldas todo el peso de la crisis.
Denunciamos el nuevo protocolo que el Gobierno Sánchez-Iglesias está elaborando, que busca dar un paso más en el desmantelamiento del derecho a la vivienda. Esta situación de emergencia exigiría aprobar un plan de choque en defensa de la vivienda que el actual Gobierno no adoptará por su sumisión a la banca y a los fondos buitres.
En el marco de la crisis de la Covid-19 y como medidas necesarias para garantizar una vivienda digna para todos/as, defendemos:
- ¡No al nuevo protocolo que busca echar las familias trabajadoras de su casa! ¡Prohibición indefinida de los desahucios!
- Regulación y limitación de los precios del alquiler.
- Si no cobramos, no pagamos. Exigimos el no pago de hipotecas y alquileres ni de suministros básicos por parte de familias y personas sin ingresos.
- Expropiación y control estatal y popular de las viviendas vacías. Todo el apoyo y defensa de las okupaciones de pisos vacíos a manos de la banca y fundes buitres.
- Creación de un parque de viviendas públicas y sociales bajo control popular como medida básica para blindar el derecho a la vivienda.
- Que la banca, devuelva los 65.000 millones de euros que deben tras su rescate con dinero público