Después de un verano donde los contagios no han parado de crecer, la COVID19 continúa extendiéndose por todo el territorio estatal, al igual que en el resto del mundo. Cualquier cifra de contagios y fallecimientos queda desactualizada en pocos días. Mientras, las medidas de los gobiernos van siempre por detrás de la pandemia.
Nos encontramos en medio de una segunda ola o rebrote en Europa, que tiene como epicentro a nuestro país y pese a los discursos de los gobiernos para justificar el fin de las cuarentenas, la pandemia está lejos de ser controlada.
La situación más grave está en la Comunidad de Madrid, que concentra actualmente un 40% del total de los contagios y la positividad de las PCR que se hacen, es del 20,7%, casi el doble del resto del Estado. La Atención Primaria lleva semanas colapsada y el 95% de camas UCI está ocupada por pacientes COVID, según los cálculos de los sanitarios y no los de la Consejería de Sanidad, que cuenta también las camas improvisadas que carecen de especialistas en medicina intensiva.
Pero los brotes son igual de preocupantes en casi todas las Comunidades Autónomas. Actualmente hay al menos 90 municipios que sufren confinamientos o algún tipo de restricciones que el gobierno quiere ampliar a todas las ciudades con una incidencia de COVID19 superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
El número “oficial” de fallecid@s supone entre un 40% y un 60% de las muertes reales que notifican con semanas de retraso las Comunidades Autónomas que incluyen sólo a quienes dieron positivo. Hubo 44.000 muertes por encima de la media histórica en la primera ola (entre el 14 de marzo y el 16 de septiembre ) y 2.000 en el mes de septiembre. Aunque este gobierno intenta maquillar las cifras reales, el impacto de esta pandemia, deja la peor crisis de mortalidad en España desde que existen registros oficiales.
Respecto a los contagios, los números dependen del volumen de pruebas realizadas y hay que interpretar las cifras que podrían ser mayores, con cautela. Aunque se hacen más test que al principio de la pandemia, siguen siendo muchos menos de lo que haria falta para monitorear al vírus de forma adecuada.
Una desescalada a toda prisa sin resolver las deficiencias estructurales que arrastra la Sanidad
Después de una desescalada acelerada en base al criterio supremo de preservar los intereses de las grandes empresas, la «campaña de concienciación» del gobierno, ha consistido en culpar a la gente y especialmente a la juventud, del aumento de los contagios. Pero ni el gobierno central ni los autonómicos, han escuchado a los sanitarios. No se han querido atender las alertas sobre la imperiosa necesidad de reforzar la Atención Primaria y contratar el número necesario de rastreadores, así como de dotar a los hospitales con más unidades de cuidados intensivos, más camas, más equipamiento sanitario y equipos de protección o más personal para prevenir los rebrotes, que se presentaron antes de lo previsto. Un ejemplo es que si antes de la COVID19, Alemania contaba con 34 camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, en nuestro país, son sólo 9,7.
El personal se encuentra agotado, cansado y mermado por las bajas tras los contagios, que apenas se han cubierto y además ha tenido que retomar la atención a pacientes que se encontraban en lista de espera por otras dolencias y enfermedades, tras el parón obligado en los peores momentos de combate al virus.
Por mucho que este gobierno se empeñe en señalar que la situación sanitaria no es tan grave porque el número de fallecimientos es menor al de la primavera, sus discursos tratan de ocultar que no se ha hecho nada para resolver el déficit estructural del sistema sanitario que está afrontando este rebrote con los mismos o incluso con menos recursos y en peores condiciones que antes.
No es cierto como mintió Ayuso, que no haya médicos para contratar. Según la Encuesta de Población Activa durante el segundo trimestre del año había 94.700 sanitarios en paro mientras que en el mismo trimestre del año anterior eran 84.600 y entre los médicos graduados el paro ha aumentado hasta un 18,90%.
Y los que no están en paro o trabajando en los supermercados porque nadie los contrató al acabar la carrera, se han ido a otros países huyendo de sueldos miserables y deplorables condiciones laborales. ¡Falta inversión social y planificación!
Las cuarentenas son insuficientes si no van acompañadas de las medidas sociales y sanitarias que necesitamos. Estamos en contra de confinamientos selectivos como los de la Comunidad de Madrid que no son sino segregación de los barrios obreros, impuestos a base de controles, militarización, multas y represión, como lo ocurrido en los últimos días en Vallekas. ¡Sobran policías y militares y faltan sanitarios!
Mientras a la clase trabajadora se le niega el derecho a la salud, la educación, al ocio y a la movilidad salvo para ir y volver del trabajo, mientras autónomos y pequeños comercios se siguen arruinando, la gestión de esta pandemia ha estado desde el primer día al servicio de preservar los intereses de los grandes empresarios y no de atender las necesidades sociales.