Llegó la tercera ola, sin haber derrotado nunca la segunda.
En plena tercera ola, las cifras de contagios baten récords diarios y el número de ingresos se desboca. Las camas estructurales de UCI en muchos hospitales se encuentran ya a más del 90% de su capacidad, obligando a suspender de nuevo operaciones no urgentes o a poner en marcha «hospitales de campaña”. Una presión que como sabemos, se agravó tras el paso de Filomena en los primeros días, con el aumento de los accidentes en la calle, los problemas de acceso a los centros o los de suministro eléctrico.
Pese a que volvimos a cifras de marzo y a la gravedad de la situación, Illa descarta un confinamiento domiciliario, siquiera parcial como entonces, porque dice que «no hizo falta para derrotar la segunda ola». Pero está faltando a la verdad, ya que aquella nunca llegó a ser derrotada. Lo único que hicieron fue bajar los contagios, sin salir del umbral de riesgo. Prueba de ello es que el 10 de diciembre comenzaron a subir. Pero había que asegurar los beneficios empresariales («salvar la Navidad») e impulsaron una desescalada con medidas imprecisas, contradictorias e insuficientes, centradas en el ocio y la vida social. Para «quitarse el muerto de encima» y poder volcar la responsabilidad en la población, que «lo ha pasado demasiado bien» con la expectativa de las vacunas y las celebraciones navideñas.
Asistimos por tanto a una tercera ola que se solapa con la segunda de la que nunca salimos y ahora pagamos las consecuencias. Es la clase trabajadora quienes sufrimos haciendo los mayores sacrificios y seguimos poniendo l@s muert@s de esta catástrofe sanitaria y social.
Más sufrimiento y sacrificios… ¡sólo para la clase trabajadora!
Nuevamente se endurecen las restricciones a la movilidad y al ocio, mientras los políticos y gobernantes se enredan en discusiones estériles sobre el horario del toque de queda, cuya efectividad no está demostrada o exigen con la boca pequeña un confinamiento domiciliario a la carta («inteligente»).
Pero unos meses después, NI UNA PALABRA DE REFORZAR EL SISTEMA SANITARIO para librar una verdadera guerra contra el virus y acometer de forma rápida y efectiva el plan de vacunación que hay por delante.
Eso sin hablar de que sigue sin haber el más mínimo balance o evaluación seria sobre los tratamientos y medidas que se están aplicando. Por ejemplo no hay evidencia de que “confinar” los barrios más afectados mientras continúan los desplazamientos por motivos laborales sirva de algo, más que para estigmatizar a sus habitantes y generar más crispación social.
En Madrid, en vez de contratar personal, continúan los traslados forzosos al nuevo hospital «Isabel Zendal», que pese a su nombre, no es sino un almacén para personas enfermas. Como han denunciado el personal sanitario y algún/a paciente, no reúne siquiera el requisito primordial de garantizar una higiene adecuada. Faltan protocolos, servicios y material básico.
Residencias: ¿Qué ha cambiado?
El coronavirus se ha cobrado en las residencias la vida de al menos 25.000 personas, según datos procedentes de las mismas CCAA. La gran mayoría de estos ancianos/as, aunque no tod@s, murieron en residencias privadas. Ello significa en torno al 51,2 % de las muertes notificadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad. Actualmente hay 441 diligencias abiertas en el ámbito penal desde marzo, de las que 229 se encuentran en trámite.
Y mientras el gobierno sigue sin intervenir las residencias privadas, un informe de Amnistía Internacional (AI) denunció la situación en las residencias de ancianos durante la segunda ola de la pandemia, que seguía siendo «alarmante», ya que «no se están derivando a los pacientes a hospitales, no se garantizan las visitas de familiares, ni se ha reforzado siquiera el personal como se debiera».
¡POR UN PROCESO Y UN PLAN DE VACUNACIÓN 100% PÚBLICO, TRANSPARENTE Y EFICAZ!
Para la burguesía es primordial controlar el virus sin confinamientos que paralizan la economía e impiden la acumulación de capital y de lucro. Es esto lo que explica la investigación y producción en tiempo récord de una vacuna contra el SARS-CoV-2, mientras que muchas otras enfermedades son dejadas de lado.
¿Velocidad de crucero con un barco «que hace aguas»?
El 27 D se puso en marcha un plan de vacunación que será escalonado, debido a la falta de medios para administrar las vacunas y a la escasez de unidades. En la primera etapa de enero a marzo prevén inmunizar a 2,5 millones de personas entre residentes, personal sanitario, socio-sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Una cifra ínfima todavía. Y aunque gracias al esfuerzo titánico del personal sanitario, se ha logrado aumentar el ritmo de vacunación, desesperante en los primeros días, a fecha de 21 de enero sólo 15.642 personas habían recibido las dos dosis, necesarias para alcanzar la inmunidad. No hay por tanto seguridad alguna de que logren llegar al 70% de la población de aquí al verano, como anunció el gobierno.
En plena tercera ola, los centros de Atención Primaria no dan abasto para llevar a cabo esta tarea. A esto se suma un menor número de dosis de las inicialmente previstas, por un problema de producción de Pfizer, aunque en contrapartida llegaron las primeras de Moderna. Pero no podemos descartar más retrasos en la producción y distribución de las vacunas por parte de laboratorios privados, que se rigen únicamente por su beneficio económico.
Con este panorama, saltó el escándalo de que más de 450 altos cargos y funcionarios/as de la Consejería murciana de Salud, incluyendo su consejero, recibieron la primera dosis saltándose el
protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad. A esta lista que no ha parado de crecer se unen dos gerentes de los hospitales de Basurto y Santa Marina en Bizkaia, varios alcaldes de distintas formaciones políticas, el Jemad (Jefe de Estado Mayor de la Defensa) y un teniente coronel de la Guardia Civil.
Tampoco hay supervisión directa de la vacunación en grandes empresas del sector residencial, que tienen sanitarios en sus plantillas. En algunas residencias ligadas a la Iglesia Católica también se han detectado vacunaciones de forma irregular. Mientras, en las residencias de Madrid, cuatro de cada diez personas aún no recibieron la primera inyección aunque la Comunidad ha empezado ya con el suministro de las segundas dosis de la vacuna.
A vueltas con la privatización de los servicios
Para acelerar el ritmo, Ayuso volvió a contratar a dedo a Cruz Roja, pagando más de 800.000 euros por 25 profesionales, lo que le ha costado muchas críticas. Ya otras CCAA, como Andalucía, están haciendo lo mismo. Pero no sólo se privatiza el proceso de vacunación.
El Ministerio de Sanidad ha adjudicado contratos millonarios a grandes empresas para que se encarguen de la distribución, administración, seguimiento, rastreo y registro de las personas vacunadas, con la excusa de que «el ministerio carece de los medios humanos suficientes con la especialización técnica que se requieren para la prestación del servicio».
En vez de hacer una masiva inversión y contratación pública del personal administrativo, técnico o informático que sea preciso, se vuelve a recurrir a la gestión privada, por procedimiento de urgencia y sin publicidad (a dedo). La más beneficiada es Indra, que se lleva casi un millón de euros ingresados. Una empresa que irónicamente fue galardonada «por su responsabilidad social», pero que en plena pandemia llevó a cabo un ERE el pasado diciembre que echó a la calle a 805 trabajadores/as sin que el gobierno moviese un dedo pese a ser una empresa semipública. Esta política de subcontratar servicios públicos, es la misma que han llevado a cabo todos los gobiernos anteriores.
En medio del sufrimiento y la desesperación, empresas, laboratorios y también la sanidad privada, que no ha dejado de hacer PCRs y a la que tras meses en lista de espera, recurren muchas personas a costa de endeudarse, ven incrementados sus beneficios y se están haciendo de oro con la gestión de esta pandemia. Mientras, la Sanidad pública ¡se desangra! Con un personal mermado por las bajas laborales y agotado tras casi un año de sobreesfuerzo continuo. Este 2021, el gasto militar vuelve a aumentar y triplica el de la investigación sanitaria.
Necesitamos un plan estratégico que pase por reforzar la Atención Primaria y especializada
y la única forma de lograrlo es movilizándonos. Porque hoy es la Covid, mañana puede ser cualquier otra pandemia o el impacto sanitario de una catástrofe ambiental. Algo en absoluto descartable en esta crisis ecológica global a la que el capitalismo nos ha llevado.
Por todo ello, hay que seguir exigiendo:
- ¡Inversión masiva en Sanidad pública, con refuerzo técnico y la contratación pública del personal suficiente en condiciones laborables y salarios dignos!
- ¡Intervención estatal de los laboratorios y de la sanidad privada!
- ¡Remunicipalización y vuelta a manos públicas de residencias y resto de servicios socio-sanitarios!
- ¡Vacunas gratuitas para todas y todos, poniendo en marcha los recursos que sean necesarios!