En los últimos tiempos hemos visto un recrudecimiento de la represión política, de la mano del auge de las luchas y del cuestionamiento del Régimen monárquico del 78. Las instituciones políticas, policiales y judiciales del Estado mantienen una pesada herencia del franquismo que explican esa severidad autoritaria. Como ejemplo valga recordar que la actual jefatura del estado fue nombrada de manera directa por el dictador. ¿Alguien se imagina que el actual jefe de estado de Alemania lo hubiera nombrado Hitler?
El acontecimiento que más ha marcado esta situación ha sido el referéndum en Cataluña, con numerosos cargos de la Generalitat exiliados o en prisión por la votación del 1 de octubre y por el “delito de rebelión violenta”. Lo que llama la atención es que la única violencia que hubo fue la de las fuerzas antidisturbios desplazadas para tratar de impedir sin éxito la votación. A pesar de que todos pudimos ver las imágenes de actuaciones policiales salvajes, no hay ni un solo responsable depurado.
Fuera de Cataluña, Alfon sigue pasando años preso por un supuesto artefacto incendiario, aunque en el juicio se comprobó cómo dicho “artefacto” no había respetado la cadena de custodia, pudiendo haber sido manipulado. Mientras, los neonazis de la Operación Panzer, que tenían literalmente un arsenal en casa (lanzagranadas incluido), no sólo fueron absueltos, sino que incluso han sido indemnizados. La amenaza de la extrema derecha no es ninguna broma, como hemos visto en la persecución al profesor y activista Rubén Quirante en Archidona.
El doble rasero es evidente. Mientras los 6 de la Macarena (activistas y sin techo sevillanos) siguen en prisión preventiva bajo la acusación de resistir un desalojo, el Hogar Social Madrid evita lo mismo justo por resistirse. En Euskadi se convierte en delito de terrorismo un enfrentamiento de bar, con más cárcel preventiva que cárcel total tuvieron los terroristas condenados del GAL. Y vemos como un torturador condenado (y posteriormente indultado por el gobierno) es premiado como jefe de la UCO de la Guardia Civil.
El delito de opinión también se ha popularizado como medio para censurar el arte. Se encarcelan raperos, tuiteros o titiriteros por el contenido de sus obras u opiniones; se llevan a juicio ofensas “al Rey” y hasta a la “Virgen” como si estuviéramos más en la edad media que en pleno Siglo XXI; se retiran obras de arte y se secuestran libros.
La “apología del terrorismo” o “humillación a las víctimas” merece un apartado especial. Mientras hay decenas de procesos penales bajo esta acusación, se puede desear libremente la muerte a los catalanes, se mantienen a decenas de miles de víctimas del franquismo en cunetas y fosas comunes, se puede cantar el Cara al Sol al entierro de un jerifalte franquista con la participación de un exMinistro sin problemas. Quienes defienden la cadena perpetua defienden aquí el “pasar página”.
Viendo el panorama, no es de extrañar que la Organización Mundial contra la Tortura nos equipare ante a la ONU a países como la RD del Congo, Togo, Sudán u Honduras, o que una ONG tan poco sospechosa de “subversiva” como Amnistía Internacional denuncie de forma contundente la situación en su informe anual. Por su parte la muy burguesa publicación The Economist sitúa a España al borde de la calificación de “democracia defectuosa”.
Y no les falta razón. Con una Constitución blindada para la unidad de España y el pago de la deuda pero inútil para los derechos sociales, una justicia más que influida desde el gobierno, una Ley Electoral a medida para mantener el turnismo de los partidos de siempre y unos cuerpos policiales donde los excesos quedan impunes es imposible considerar una democracia verdadera a lo que tenemos.
Es necesario un proceso constituyente republicano y que respete el derecho a decidir; que asegure los derechos sociales, que depure a los responsables de la represión a todos los niveles y donde sea la gente trabajadora desde abajo que defina el futuro que queremos.