Este lunes 28 de septiembre se ha hecho oficial, el Tribunal Supremo ha confirmado la inhabilitación, durante un año y medio, de Quim Torra. En esta ocasión se le acusa de “autor penalmente responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público”, todo por no retirar la pancarta colgada el 2 de junio del 2018 del Palau de la Generalitat con el lema “Libertad presos políticos y exiliados”. A la vez, hoy mismo, se ha celebrado el juicio de la activista Tamara Carrasco, donde se le pedía siete meses de prisión por ejercer el derecho a protesta y manifestación.

Una sentencia que se suma a la razia represiva de la justicia española, que continúa desplegando su venganza por el referéndum del 1 de octubre. Razia iniciada contra el Gobierno de Puigdemont, pero que aún continúa con l@s detenid@s durante las movilizaciones contra la sentencia a los 9 dirigentes independentistas o la persecución a los CDR’s. En total ya son 2.850 las personas por el régimen monárquico. Este último ataque a la libertad de expresión y a los derechos democráticos, se da bajo la complicidad del Gobierno PSOE-UP, que se ha mantenido silencioso y pasivo frente al problema de libertades democráticas en Cataluña y los presos políticos.

Frente esta injusticia, la clase obrera y las clases populares no nos podemos resignar, de la misma manera que el pueblo catalán se alzó el 1 de octubre, o como está luchando Vallekas y los barrios del sur de Madrid contra el confinamiento clasista de Ayuso. Nos tenemos que movilizar estén en la lucha o no estén los dirigentes independentistas, los cuales ya han demostrado no sólo que no son capaces de llevar hasta el final la lucha por el derecho a decidir, sino que han sido agentes represivos de ésta. No podemos olvidar el papel de los Mossos a cargo de la Generalitat durante las fuertes movilizaciones en contra de la sentencia del 2019. Hoy, Esquerra Republicana sigue jugando el papel de la antigua Convergencia pujolista y no duda en capitular al régimen, mientras JxCat y Torra hacen discursos desmarcándose de ERC para luego hacer lo mismo. Mientras tanto los dos, desde el Gobierno, siguen sin dar una respuesta con recursos a la pandemia y la crisis.

Para JxCat y ERC, la exigencia de autodeterminación es sólo una carta para jugar en una negociación con el régimen monárquico. Los verdaderos interesados en el derecho a decidir de Cataluña somos la clase trabajadora y la juventud, que no tenemos negocios a proteger y no podemos aceptar una unión forzada con el resto del Estado. Lo que necesitamos es una unión completamente voluntaria y basada en la soberanía de los pueblos. Una unión que solo es posible respetando la voluntad democrática del pueblo catalán. Para ganar la autodeterminación de Cataluña, la amnistía para las y los presos políticos y parar la represión, es necesario acabar con la Monarquía corrupta, que devuelva todo el dinero robado y, sobre la base del derecho a decidir y de una unión libres de repúblicas, cambiar las reglas del juego, convocando elecciones a Cortes Constituyentes libres de cualquier vínculo con la Constitución del 1978.

La lección del 1 y 3 de octubre de 2017 y de las fuertes movilizaciones contra la sentencia del 2019, es clara: es necesario ponerse a trabajar para construir un “Nuevo Octubre”, ligado a la clase trabajadora y a las reivindicaciones populares; autoorganizado y controlado por la base y vinculado a la lucha del resto del Estado. Un Nuevo Octubre que no se deje encadenar por las instituciones y afirme el objetivo de acabar con este régimen al que “le llaman democracia y no lo es”, de abrir un proceso constituyente que nos permita reconstruir una sociedad sobre nuevas bases políticas, económicas y sociales, poniendo fin al dominio del IBEX 35 y de la Europa del capital, la UE.

Desde Corriente Roja queremos dar todo nuestro apoyo a la convocatoria de repudio a la inhabilitación de Torra, y a la lucha por la libertad de tod@s l@s pres@s políticos y represaliad@s.