La administración y los servicios públicos mantienen su funcionamiento, gracias a cientos de miles de trabajadores que llevan en muchos casos más de una década, contratados o como interinos, en fraude de ley. Durante años, los distintos gobiernos (centrales, autonómicos o locales), han hecho uso de una abusiva concatenación de contratos temporales así como de interinidades que se prolongaron durante más de tres años, para cubrir las necesidades mínimas. Con ello, no solo no han sacado las plazas necesarias para reponer a los empleados públicos que han ido causado baja, sino que tampoco dieron la oportunidad de consolidarse en su puesto de trabajo a quienes ya estaban dentro

Ahora, por mandato de la UE (y con el visto bueno de CCOO, UGT y CSIF), el Estado está obligado a reducir la gran tasa de temporalidad al 8% de aquí al 2020. Pero quieren hacer pagar la factura de las responsabilidades que no cumplieron, a los empleados y empleadas de lo público. A lo mismos que han tenido contratados o como interinos, en una situación ilegal de precariedad. El mundo al revés: se castiga a las víctimas.

La solución que los gobiernos están aplicando, es un gran ERE encubierto. Cientos de miles de empleados públicos se enfrentan ahora, a jugar su puesto de trabajo a cara o cruz en el examen de una OPE. Previsiblemente, muchos de ellos quedarán sin plaza e irán a la calle; especialmente quienes por circunstancias personales o familiares no puedan afrontar la preparación de su examen. Como en cualquier ERE de cualquier empresa, trabajadores de gran antigüedad serán sustituidos por otros más baratos. La diferencia es que el despido se pagará con dinero público.

Por nuestro derecho a la estabilidad. ¡Es el momento de la unidad para luchar!

Para dar la batalla contra los gobiernos, responsables de la situación de precariedad y alta temporalidad que existe en la Administracion Pública, es necesario romper con el corporativismo y superar las divisiones existentes, tanto administrativas, como entre los distintos sectores públicos. Rechazamos discursos que no tienen otro objetivo que dividir y enfrentar a los trabajadores y las trabajadoras de lo público. Todas aquellas personas que lleven años en la Administración, tienen derecho a la estabilidad laboral por una vía que no sea jugarse esta a un examen eliminatorio.

Necesitamos acabar con la pasividad y resignación actual y organizar la resistencia, lo que pasa por coordinar y unificar las reivindicaciones de los distintos colectivos,aunque cada uno tenga sus especificidades. En la lucha contra el mal llamado “Acuerdo para la mejora del empleo público”, justamente denunciado como una estafa, una burla y un ERE encubierto, sentarse a negociar “migajas”, como como han hecho hasta ahora, no sólo los sindicatos firmantes del mismo, sino otros que con su silencio lo avalan, se ha demostrado un camino equivocado por el que hemos ido perdiendo cada vez más derechos.

Necesitamos unir fuerzas en un frente comun y movilizarnos al mismo tiempo que hacemos una labor de explicación a nuestros compañeros-as y a toda la población, de la repercusión que tendran en lo público los ceses y despidos que sin duda se vienen encima, si no hacemos nada por evitarlo.

– ¡No más ceses ni despidos. ¡¡LOS QUE ESTÁN SE QUEDAN!! La Administración tiene recursos suficientes y vías legales para consolidarnos en el puesto de trabajo, en base a la experiencia y años en el puesto de trabajo. Sólo falta voluntad política para desarrollarla. ¡¡¡Forcemos esa voluntad en la calle!!!

– ¡Recuperación de todas las plazas amortizadas! Exigimos que saquen a oferta de empleo publico, todas las plazas que han ido desapareciendo en estos años, para que las puedan ocupar todas aquellas personas que quieran acceder a la función pública. Esta y no otra, es la única manera de crear empleo público de calidad y de acabar con las plantillas deficitarias actualmente existentes en la Administración

–¡ Reversión de los servicios públicos privatizados! Los llamados ”procesos de consolidación” que están en marcha”,supondrán un adelgazamiento aun mayor de la Administración pública andaluza. De esta forma, se allana el camino para la privatización que el gobieno andaluz lleva a cabo dede hace años, con el consiguiente encarecimiento, empeoramiento y aumento de la precariedad laboral, en servicios públicos básicos.